Ante los crecientes reclamos de diversos sectores de la población, el actual gobierno estuvo solicitando opiniones que ayuden a fortalecer un anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que ha elaborado y que de ser aprobado por el Congreso Nacional derogaría a la ley 340-06, de la cual siempre hemos sostenido que está pletórica de vicios.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a través de su portal,  recibió numerosas observaciones y sugerencias de diversos  sectores interesados en que esos aportes  ayuden a que la propuesta resulte más eficaz, a fin de que la nueva ley se convierta en un verdadero motor de la economía.

En varias oportunidades hemos hecho públicas las preocupaciones de colegas constructores en relación a  los temas considerados más neurálgicos que afectan a las contrataciones de obras públicas.

La queja más generalizada es sobre la existencia de  una burocracia repetitiva que se registra en los llamados para diversos procedimientos, pues los interesados tienen que realizar las mismas gestiones para la obtención de la documentación requerida en los Pliegos de Condiciones.

Ante esa situación se está planteando la conveniencia de que el Registro de Proveedores del Estado (RPE)  incluya un apartado especial para constructores y consultores de obras, a fin de que los primeros sean  clasificados por categorías que identifiquen las capacidades máximas de contratación anual  y los segundos  en núcleos de especialidades afines.

Otro tema lacerante para quienes  contratan con el Estado es la gran dificultad que en varios casos se presentan para cobrar un bien suministrado, un servicio ejecutado y una obra terminada.

La nueva legislación debe ordenar que en los contratos  se incluyan cláusulas obligatorias de pago en un tiempo prudente luego del suministro de un bien, la adquisición de un servicio y la cubicación final  de trabajos ejecutados en las obras. Ningún proyecto estatal debería entrar en explotación si no se ha liquidado la deuda con el constructor.

Los constructores de obras públicas también enfrentan serios problemas cuando se producen  partidas adicionales.  La actual legislación permite un incremento de un  25 porciento del monto contratado y ello ocasiona grandes inconvenientes financieros, pues la mayoría de los contratistas no puede cubrir ese sobrecosto y en consecuencia se paralizan los proyectos.

Actualmente hay obras en ejecución que fueron presupuestadas con precios vigentes en el 2012 y en los últimos nueve años se ha producido alzas exorbitantes en los precios de casi todos los materiales de construcción, lo cual provoca que en varios casos el monto de los adicionales permitidos sea superado en demasía.

El presente gobierno encontró obras presupuestadas con precios del 2018 que fueron contratadas y/o sorteadas. Los adjudicatarios tendrán serios problemas, pues se ha calculado en un 30% el incremento general de los precios de los insumos.

La contratación por urgencia es aprovechada por los funcionarios para adjudicar obras a su conveniencia, debido a que es la máxima autoridad de la entidad contratante que hace la declaratoria, cuando lo correcto sería que se haga luego de una evaluación por parte de peritos del órgano rector.

Los autores del anteproyecto de la nueva ley de contrataciones públicas deben incluir medidas que incrementen la transparencia en el uso de recursos estatales en obras de infraestructuras.

Todas las obras públicas deben tener controles externos a fin de garantizar que las mismas se ejecuten con la calidad pagada en las cubicaciones, por lo que el marco legal de la nueva legislación tiene que ordenar la contratación de una supervisión privada.

JPM

Como si al país le cayeran las maldiciones de los Gatos Negros, Tutankamón, las Conejitas Playboy o Moctezuma sobre la energía eléctrica, tanto su ausencia, la corrupción como los subsidios han causado más daño que la Primera y Segunda Guerras mundiales, y han quemado el fondillo a los más sabios de la ingeniería y la administración financiera. 

Son memorables los plazos que, en distintos gobiernos, han sido fijados para terminar con la crisis en el sistema energético nacional, particularmente con los apagones, que desde los primeros años de la década de 1970 fueron atribuidos a las averías que se producían cuando las colas de las chichiguas se enredaban con el tendido eléctrico. En esencia, se producían por la escasa generación de electricidad y los retrasos en los desembolsos financieros. 

En estos más de 50 años, el desabastecimiento y el desplome energético han sido nefastos y traumáticos para los sectores residenciales, comerciales, industriales y estatales, en un fenómeno sin similitudes en América Latina. Para entender medianamente ese fenómeno, se precisa una sucinta narrativa pedagógica, más aún para descifrar por qué la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se traga la mayor partida (51 mil millones de pesos) del déficit consolidado del presupuesto general del Estado del 2021.

Las ovejas negras subyugantes han sido los subsidios, la compra y venta de kilovatios con escasísimo margen de ganancia, la compra en dólares y la facturación hecha en el disminuido peso, el robo de luz por los usuarios, las cobranzas bajas, las pérdidas en las redes de distribución por la obsolescencia de los equipos de transmisión de las subestaciones; los contratos lacerantes, la corrupción y las continuas subidas en los precios de los derivados del petróleo en el mercado internacional.

La ausencia para aplicar la transparencia y la Ley General de Electricidad no han terminado con los hechos precitados, como tampoco la creación de un tinglado de instituciones encargadas de la regulación, la generación, la transmisión y la distribución: CNE, SIE, CDEE, EGEHID, ETC, UERS, PRA, EDE-NORTE, EDE-SUR, EDE-ESTE, etc. Y la esperanza más motivante ha sido la firma de un Pacto Eléctrico, en la veta de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

La reforma del sector eléctrico de 1999 no detuvo las distorsiones y, por los alardes de las anteriores administraciones de la CDEEE, se creyó que habíamos avanzado, pero sobresalieron los anti-héroes en villanías, que en sus momentos fueron cuestionadas. 

Por igual, la firma del pacto con el sector eléctrico del 2012 se vislumbró como el punto de partida para dar respuesta a un problema que le acelera el corazón al más reposado. A todo el que tuviera que aportar, se le pidió que aporte, para que no morir achicharrados. 

En noviembre del 2012 fue suscrito un pacto eléctrico, con la asistencia de los generadores, bajo señalamientos de que no se querían apagones financieros y de que no se aguantaban más operar en las actuales condiciones. Tradicionalmente, las autoridades han adeudado miles de millones de dólares a los que les venden energía, y para abonarles una parte tuvieron que comprometer el crédito gubernamental, emitiendo bonos soberanos y, en pocos días, las cuentas volvieron a ponerse del mismo tamaño. 

Los acuerdos con los generadores y distribuidores han perjudicado al país porque, aparte de que la energía se les compra cara, cuando las plantas están apagadas o dañadas, cobran como si estuvieran encendidas, en lo que se entiende como una gran estafa al erario o tesoro público. 

 Desde entonces se señala que si bien el gobierno no debe suspender unilateralmente esos contratos, porque conllevaría a demandas y a la afectación de la inversión extranjera, sí tiene el derecho de convocar a un diálogo en la búsqueda de una reformulación consensuada, que incluya mejores precios en la adquisición de energía. 

Los miembros de la influyente Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) nunca deben alegar que las reglas de juego son invariables, ni mucho menos desafiar a un gobierno que está bajo la presión ciudadana, porque sería altamente peligroso para ambos. En coyunturas difíciles, se aconseja ser flexible, y ceder.

El tercer pacto nacional para la reforma del sector eléctrico fue rubricado en el Palacio Nacional – tras consensuar 212 puntos durante por lo menos cinco años- el jueves 25 de febrero de 2021, motorizado por el Consejo Económico y Social (CES), en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader. El objetivo indicado ha sido el suministro de electricidad confiable, competitiva y ambientalmente sostenible, para finiquitar el citado lastre histórico.

El sector social/sociedad civil estuvo ausente en la rúbrica del pacto, y posteriormente unas 20 de sus organizaciones interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, anotando quebrantamientos a la Constitución, las leyes y los principios democráticos. Al ser rechazado por esa instancia, amparado en el alegato de que no es de su competencia, apelaron al Tribunal Constitucional. 

En el fuego del sofocante calor, el dislocamiento productivo, educativo y social, los millonarios despilfarros y el engorde monetario de unos pocos, en este medio siglo fue engendrado un monstruo de 9 cabezas, que se torna intrincado desmembrar. 

1.- La corrupción. Las irregularidades en las Edes fueron totalizadas, en el pasado gobierno, en 30 mil millones de pesos en compras sobrevaloradas y la contratación de proyectos con dobles desembolsos. 

2.- Las pérdidas. Las técnicas y no técnicas cruzan la carrera de los 10 mil millones de pesos cada año. 

3.- Los subsidios. En los primeros tres meses del 2021, la CDEEE se engulló 8 mil 273.3 millones de pesos, principalmente de auxilios financieros. Para este año, el subsidio proyectado alcanzará 750 millones de dólares. 

4.- Los precios del combustible. Por las alzas internacionales de los derivados del petróleo, el gobierno ha consumido, desde enero de este año, unos dos mil 800 millones de pesos. 

5.- El robo de energía. Un millón 144 mil usuarios están registrados en el sistema, y 300 mil no pagan, lo que representa un 26.22%. 

6.- Los déficits por kilovatios. Esa insuficiencia radica en que se compra el kilovatio a 11.4 centavos de dólares y se vende a 13.4, es decir, con un margen de menos de dos centavos por kilovatios. 

7.- Cobranzas bajas. El ejemplo citado: De los cerca de 900 mil usuarios del programa Bono luz, 450 mil (el 50%) cumplen su compromiso de pagar la luz. ¿Ocurre eso con el teléfono? 

8.- Pérdidas financieras. En los últimos cinco años, en las EDES se han invertido 53 millones de dólares, sin recuperación sustancial en el servicio, no obstante los grandes esfuerzos de reorganización y ajustes desplegados por sus nuevos incumbentes.

9.- La termoeléctrica Punta Catalina. La complejidad del proyecto y la ausencia de datos acabados (partículas contaminantes, daños denunciados, inversión financiera y auditoría técnica) nos colocan un bozal para emitir juicios.

Los actuales incumbentes del sector eléctrico, encabezados por Antonio Almonte y Andrés Astacio, lucen apuestos y firmemente optimistas. Nos dicen que la nómina ha sido reducida en un 15%, para una economía de 100 millones de pesos; que las Edes requieren ahora menos fondos en los trámites de compras; que se trabaja en la creación de un fondo con un tope de 50 millones de pesos para afrontar las alzas de los combustibles, y que los apagones financieros ya forman parte de la historia. Admiten las pérdidas y la caída de las cobranzas.

Aunque son necesarios, para que no sean tostados por residuos eléctricos peligrosos en circuitos operativos, no basta que el ingeniero Almonte y su equipo se empeñen exclusivamente en los programas de asistencia y contingencia, la reducción de pérdidas eléctricas y gastos, las políticas operacional y modernización de la red de distribución, el control de gestión y otras actividades y proyectos, sujetados a flujogramas y cronogramas. Singulariza la superación de los obstáculos del disenso para el pacto eléctrico ampliado. 

Además de la implementación de los esquemas técnico-científicos, con invocaciones tenemos que reclamar piedad patriótica a los buenazos que ceban sus bolsillos en esos negocios electrizantes, la trituración mágica de las embrujadas maldiciones ancestrales y el socorro de Supermán, Batman, El hombre araña, el doctor Vudú, la Pantera Negra, La imbatible Chica Ardilla y otros superhéroes con poderes sobrehumanos.

JPM

El caso del gran fraude de la Lotería Nacional deja una gran enseñanza, que debe asumirse como lo que es, una experiencia que jamás debería repetirse.

Cuentan que los banqueros de apuestas se regodeaban de que había llegado su ‘gran oportunidad’, porque cobrarían su contribución, ‘sustancial’ decían, con la campaña del partido oficial. Cuando nombraron a Dicent como administrador de la Lotería, afianzaron sus planes de como desfalcar la entidad, doblar el pulso a sus rivales y robarse los fondos del gobierno.

Leyendo el expediente de la Procuraduría se establece claramente que ese grupo estaba ‘preparado’ para asaltar el poder ya que desde el mismo julio del 2020, luego de las elecciones, estaban estructurando el (los) gran (es) fraude (s), cuya primera versión que se concretó, o lo que se ha conocido públicamente, el 1ro de mayo pasado, alzándose con unos $500 millones de pesos, según el conteo de los fiscales que han investigado y formulado el expediente del caso.

Nombrar a Dicent a administrar la Lotería era la crónica de una muerte anunciada. Fue una insensatez, poner la iglesia en manos de Lutero.

La experiencia nos estruja en la cara los peligros que se corren cuando hay que ‘cumplir’ con los apoyos de campaña, porque Dicent no es el único, y si la vox populi lo sabe y repite, cuánto no los que están en el poder.

JPM

A poco más de un mes y 24 años de promulgada la Ley No.24-97, de fecha 27 de enero de 1997, que introduce modificaciones al Código Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; desde hace tiempo comienzan a visualizarse los problemas que han acarreado en el corto, mediano y largo plazo.

Todos los actores que estamos relacionados al sector judicial, sabemos y advertimos que esta ha sido una mala ley, debido a la ausencia de mecanismos efectivos para controlar la violencia de genero e intrafamiliar; 

Esta ley está técnicamente mal redactada y concebida, ya que no solo cambió para siempre los derechos de parejas, sino que creó una desigualdad que sacrifica enormemente al hombre, provocando separaciones de la familia, divorcios y sobre todo ha ido en aumento la violencia y los feminicidios, fenómenos estos que tienden a la segregación, disminuyendo la base de sustentación de la sociedad que es la familia, algo muy dramático. 

Es hora que los diversos sectores levanten la voz para plantear la necesidad de revisarla. Esto, debido a que es una ley que procura entregarle mayor poder al Estado inclinándose a una sobreprotección a la mujer, disminuyendo la autonomía y libertad de actuación de los órganos persecutores en contra de ellos mismos cuando son hombres. Sin embargo, los mecanismos de prevención de la violencia y los feminicidios cada día van en aumento y eso sí que es preocupante más aun poderes disminuidos.

Debo detenerme en una vital contradicción, mientras el Estado adopta la decisión de controlar y eliminar la violencia intrafamiliar, la educación de la prevención no es de calidad ni efectiva, es cada vez más deficiente. Esta es la razón para que los gobiernos en el mundo deban realizar esfuerzos cada día por encontrar la manera de inyectar mayores recursos y estrategias a sus políticas de controlar, prevenir y eliminar la violencia intrafamiliar.

Cabe destacar las consecuencias que las mismas van generando, desde el punto de vista económico, el hombre se detiene a la producción, lucha veinte años para hacer una casa y fácilmente una mujer se la quita, en lo social la mujer va ocupando más espacio quedando el hombre al desamparo, anclado en una sociedad sin oportunidades para aquel que tradicionalmente produce ¡El hombre!

Tengo la información de que, en varios países de Latinoamérica y Europa, al igual que en los Estados Unidos, existen más personas viviendo solas, a tal punto de que psicólogos han estado realizando estudios acerca de la soledad, han realizado especialidades en esa área del comportamiento humano, porque muchos hombres se separaron de las mujeres a las calles, prefiriendo vivir a solas y sin una familia que les proteja para determinados casos, antes que perder su patrimonio y la libertad.

En la República Dominicana tengo a bien dirigirme a los letrados de mi país en el ámbito penal a  Jueces, fiscales y abogados en ejercicios, como consecuencia del estigma social de que los casos de violencia intrafamiliar no se pueden conciliar; además de que la Ley 24-97, el juzgador dispone en sus resoluciones que los casos son de acción pública y por tanto no se deben conciliar, sin embargo, ese instrumento legal en ninguno de sus articulados expresa qué en esa Ley los delitos son de acción pública.

Tomando en cuenta y siguiendo el criterio de que una ley nueva supera una ley vieja en todo lo que le sea contraria, toda vez que la Ley 76-02, que crea el Código Procesal Penal, es posterior a la Ley No. 24-97, ¿Que me pueden decir los juristas del derecho penal? respecto a los que el C.P.C. dispone en sus. Art. 38. Mediación. El Ministerio Público, para facilitar el acuerdo de las partes, puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en mediación, o sugerir a los interesados que designen una.

Los mediadores deben guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de valor probatorio. En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales.

Art. 39. Efectos. Si se produce la conciliación se levanta acta que tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado. Pregunto ¿Se pueden conciliar o no los casos de violencia intrafamiliar, conforme a las razones preestablecidas?

Al considerar una mudez y un silencio en la Ley. Dejó la bola en la cancha a los penalistas, jueces y fiscales de éste país para hacer sus consideraciones y agrego que algunos tratadistas de la normativa procesal penal plantean que es en los considerandos que está el planteamiento de que esos casos son de acción pública, sin embargo, tomando en cuenta el numeral 4.3, página 37 del Manual de Técnica Legislativa de la Cámara de Diputados nos plantea los siguientes:

Los considerandos de un proyecto de ley constituyen la exposición de motivos mediante los cuales se justifica la necesidad de dictar la ley, así como las investigaciones y consultas que se realizaron para sustentar la propuesta. Usualmente se toman en cuenta los criterios siguientes: 1. Forman parte del texto de la ley, aunque no son disposiciones normativas.

Deben ser incluidos después del nombre del proyecto; y contienen los antecedentes y motivaciones; 3. Incluyen el estudio de antecedentes realizado en torno a la cuestión que se pretende regular, especialmente los datos estadísticos, investigaciones de campo, diagnósticos, entre otras fuentes de investigación.

JPM

La nueva doctrina política de la revolución democrática de los modernos de finales de la Edad Media, expuesta en la entrega anterior, cuyo epicentro fue Francia, Alemania e Inglaterra, basada en los principios de libertad, igualdad y democracia,  «despersonalizó» el poder, el gobernante pasó a ser un ente estatal, creó el principio real de ciudadanía y de la representación popular, instituyó el sufragio, las asambleas políticas y económicas, las constituciones, las leyes y los consejos, la elección soberana del pueblo, los derechos a la opinión y la participación, la cultura de la consulta, el debate y la argumentación pública.

Se trató sin dudas, de un cambio de paradigma tan radical que al nuevo modelo de estado, se le intentó limitar a la defensa de la salud, la educación y la moral pública. Había nacido el llamado estado contemporáneo, democrático y liberal que inspiró en América la ruptura del colonialismo inglés con la independencia de los Estados Unidos en 1776. 

“El hombre nace libre e igual ante la ley”, tal cual fue el enunciado emancipador esencial del estado contemporáneo que nació en la etapa que la historia bautizó como el Siglo de las Luces –el siglo XXVIII–, con apego a las ciencias jurídicas llamada la era del constitucionalismo clásico, la del estado liberal que puso límites a los abusos del gobernante.

Con la nueva concepción, en el estado contemporáneo surgió una nueva definición jurídica de doctrina democrática de tres aspectos esenciales que a la vez que reconoce la jerarquía y la legitimidad del Estado, brotada de la soberanía popular, expresa su misión social: “El estado es una comunidad organizada jurídicamente y regida por un poder soberano que tiende a realizar el bien común”. No obstante, aunque apareció el enunciado formal de este principio redentor, en relación con la igualdad y la libertad, los preceptos esenciales devinieron en simples formalismos.

El nuevo paradigma había sepultado para siempre las grandes monarquías absolutistas, pero la sociedad entró en un período de turbulencias económicas y sociales, con el capitalismo industrial sin código de equidad ni justicia social entre las nuevas clases, la burguesía y el proletariado.

Las desigualdades eran abismales, los desplazamientos sociales por la apropiación de las tierras con la desaparición del sistema feudal, formaron grandes cordones de miseria en las ciudades industrializadas, los oligopolios y los monopolios agrícolas destruyeron la clase campesina y el nuevo modelo de Estado permitió concepciones económicas que no honraban los grandes principios que le dieron nacimiento. Paulatinamente se instaló en la cumbre del poder del Estado, un código liberal inhumano basado en la libertad política y dictadura económica.

La parte carente de virtud de los hombres, generó una cultura de indescriptibles abusos en la relación laboral, financiera y comercial, hasta a los niños de los hospicios se les obligaba a trabajar 10 y 12 horas en las fábricas, enigmática conducta humana que había expuesto un siglo antes, el filósofo alemán Thomas Hobbes (1588-1679),  cuando escribió en su libro El Leviatán, publicado en 1651, su sentencia de que el hombre era un lobo contra el hombre. “El hombre es íntimamente egoísta y malvado… La justicia sólo puede nacer en virtud de cierto pacto o convenio”; decía también el afamado filósofo, como símil doctrinal del pensamiento anterior de Nicolás de Maquiavelo que consideraba al ser humano como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal.

Uno de los ejemplos más ilustrativos en el continente americano del enigma humano expuesto por Hobbes y Maquiavelo,  de los fracasos del constitucionalismo clásico en garantizar el principio del bien común, la libertad y la igualdad de los hombres, lo representa la pervivencia de la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica, inenarrables 87 años después de la declaración de la independencia de 1776.

El conspicuo humanista Abraham Lincoln, fue el señalado por la historia para acabar con la abominable institución social de la esclavitud, durante la llamada Guerra de Secesión en 1865, a un precio que desangró a la nación norteamericana en aquella dramática contienda fratricida.    

La moraleja de esa memoria histórica estaba clara, la justicia social no es posible cuando la misión social del Estado pierde hegemonía de poder, transfiriendose a los dominios de una sola clase o diluyéndose en el abismo jurídico del exceso de ejercicio de derechos individuales del hombre.

A partir de ese momento histórico, premonición de la concepción “hobbiana”, el naciente Estado contemporáneo se debatiría entre una mortecina o una vital misión social como ente interventor, regulador y garantista de la vida de convivencia, civilización y justicia entre los los seres humanos de una sociedad determinada.

JPM