¿Por qué fracasaron estrepitosamente las tres expediciones armadas que exiliados dominicanos, respaldados por gobiernos extranjeros, ejecutaron para derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo?

Porque ni Cayo Confites, la mayor en 1947; ni la de Luperón, 19 de junio 1949; ni la de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 14 y 20 de junio 1959, contaron con un factor imprescindible para desarraigar y dejar a merced de los vientos del descontento social a un régimen de cualquier naturaleza: una crisis económica similar a la de 1929, que barrió con Horacio Vásquez y la mayoría de los gobiernos de la región.

Por el contrario, después de superada la catástrofe inicial que representó el ciclón de San Zenón, todo lo que el dominicano empezó a percibir era progreso, tan evidente que a la propia sombra de la dictadura, y a pesar de ella, empezó a desarrollarse la burguesía para la que la Trujillo terminaría siendo el obstáculo hacia la asuncion asunción de su rol de clase dominante.

En la República Dominicana no sólo dominó por más de treinta años el mando caprichoso, imponente y sangriento de un déspota que usaba el poder para enriquecerse a más no poder, sino además un constructo ideológico en el que los elementos constitutivos de la dominicanidad resaltaron como nunca afianzados por ejecución de un programa nacionalista que llevó al plano de la realidad los enunciados de la gesta independentista de 1844.

Desde aquella noche gloriosa del 27 de Febrero se proclamó que los límites fronterizos entre la nueva República y la nación invasora de la que se había separado serían los establecidos en el tratado de Aranjuez de 1777, pero desde ese momento hasta noventa años después no existían tales límites, aunque desde Ignacio María González hasta Horacio Vásquez todos los gobiernos habían tratado de establecerlos.

Vásquez se acercó bastante a lograrlo con el tratado fronterizo de 1929, pero dos años después los haitianos andaban en lo mismo que en oportunidades anteriores en las que habían pactado acuerdos fronterizos con RD, desentendiéndose de ellos.

El tirano los enamoró, los elogió y sobornó tratándoles con tal cuidado que impidió que la prensa publicara comentarios negativos hacia Haití para lograr el convenio de revisión de 1936, pero como después de sellado el trato por la vía armoniosa la frontera seguía indefinida y la ocupación pacífica no cesaba, en 1937 manchó sus manos de sangre “para salvar a las generaciones dominicanas futuras”.

Es uno de los acontecimientos más horribles en la historia de la isla, pero políticamente pintaba a Trujillo como capaz de todo para preservar la dominicanidad, que por otra parte también era zarandeada por otro mal que nos acompañó desde el principio: la insolvencia económica que desde el segundo mandato de Buenaventura Báez, había mantenido el país hipotecado y con sus aduanas en manos extranjeras.

Y resulta que las mismas manos ensangrentadas para definir una frontera entre las dos naciones que comparten la isla hispaniola, brindaron al país la independencia económica que cortaron las cadenas del endeudamiento, y sólo a partir de ahí los dominicanos volvieron a manejar sus aduanas.

Las tiranías, como escribió Bosch, no llegan del cielo, y la que padecimos llegó después del hastío que llevaba a la conclusión de que las mañas de una mula se podían quitar, pero para las del caudillismo revoltoso que impedía el progreso y provocaba invasiones como la de 1916, sólo el remedio de una mano dura las aplacaba.

Resulta desproporcionado comparar la situación de inflación o riesgo de crisis alimentaria en República Dominicana con escenarios descritos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), uno de cuyos informes de antes de la pandemia reveló que 124 millones de personas sufren hambre severa en el mundo.

Aquí de lo que se habla es de un alza considerable en el precio del pan, alimento esencial en la canasta básica de la población que malvive al otro lado de la verja de la miseria, lo que se agrava con el incremento moderado o extremo en precios de otros alimentos, como arroz, habichuelas y grasas comestibles y transporte.

¿Cómo negar que los aumentos desmesurados en grupos de alimentos, materiales de construcción, transporte, productos industriales e insumos agrícolas tienen una relación directa con alzas de precios internacionales de
materias primas y del petróleo?

Lo que debería advertirse es que esa verdad por sí sola no resuelve el problema, porque apena lo describe frente al hecho cierto de que el cuadro inflacionario coloca a millones de dominicanos en riesgo de severa crisis
alimentaria.

El alza en el precio del pan representa la punta del iceberg de un problema más severo que requiere de tanta atención del gobierno como la que se ofrece para contener la pandemia, porque ambos flagelos pueden contagiar a la gobernanza y provocar tipos de estallido social.

La oposición política incurriría en grave error si cree que puede sacar provecho electoral al atribuir al gobierno exclusiva responsabilidad por el impacto del incremento de las materias primas de origen agrícola y fósiles sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese mismo extravío cometen las autoridades al atribuir a “enemigos
políticos” el aumento en el precio del pan, ya consumado en la cadena de comercialización, porque ese embadurnamiento no disminuye los efectos nocivos de esa realidad objetiva sobre la población.

No parece juicioso pretender comparar las alzas desmesuradas de precios en el ámbito local con un informe de la FAO que define la inseguridad alimentaria aguda como “hambre de una severidad tal que representa una amenaza para la vida”.

El Banco Central ha dicho que el IPC durante el periodo enero mayo fue de 3.56% y el acumulado interanual sobre 9%, pero define la situación como transitoria a la espera de una recomposición de los precios internacionales del
maíz, soya, trigo, petróleo y otros insumos, que permita el cumplimiento de la meta de inflación de 4+1.

Lo aconsejable sería que el gobierno intervenga con planificación, subsidios y tipos de controles a los sectores vinculados con la producción y comercializacion de pan, arroz, pollos, huevos y grasas comestibles, a fin de
contrarrestar el impacto que sobre los precios de esos alimentos básicos tiene el sector externo. De nada sirve comparar lo malo con lo peor.

El lunes 11 de mayo de 1970 el vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Federico Lalane José, incautó una ametralladora Thompson, dos carabinas Cristóbal y un fusil Fal a tres estudiantes de la Juventud Comunista que tenían el propósito de utilizarlas dentro del perímetro universitario en caso de una confrontación violenta entre esa organización y el ala juvenil del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

Los artefactos de guerra fueron introducidos en el área de baños del comedor de la UASD por los bachilleres Salvador Uribe Montás, Luis Enrique Taylor Oliver y Jorge Mora, dirigentes de un grupo político que sostenía una anacrónica disputa ideológica con la militancia estudiantil del partido de la bandera roja y negra por el rol de “vanguardia del pensamiento maoísta”.

Con la detección y confiscación de esas armas, Lalane José logró que esa puja arbitraria no convirtiera a esa alta casa de estudios en receptora de violencia, como había ocurrido con los barrios de Santo Domingo donde se producirían crímenes sucesivos de dirigentes de dichos grupos a partir de la muerte del joven José Raúl Rodríguez Chevalier, militante emepedeísta aniquilado a balazos en un incidente que acrecentó las diferencias tácticas entre el MPD y el PACOREDO y mostró con crudeza su manejo errático del conflicto doctrinal.

Con su actuación valiente, incautando armas de fuego en manos de los estudiantes, el vicerrector administrativo mostró entereza, responsabilidad y autoridad ante la opinión pública; evitó que la UASD fuese escenario de querellas grupales y garantizó el orden interno necesario para que el Movimiento Cultural Universitario, dirigido por el inolvidable escritor y cineasta Jimmy Sierra, pudiera celebrar allí el primer festival de la cultura popular.

El proceder de Lalane fue reforzado por el rector Rafael Kasse Acta quien declaró que su gestión no estaba dispuesta “a tolerar una situación que podría degenerar en violencia de consecuencias imprevisibles” y reclamó a los grupos estudiantiles que finalizaran su polémica errática y cruel, porque estaba siendo aprovechada por los enemigos de esa institución para afectar su imagen.

El martes 12 de mayo de 1970, el PACOREDO se desvinculó del asesinato del joven Rodríguez Chevalier y consideró que el tema debía ser debatido en público, ya que esa desgracia había erosionado su perfil izquierdista. Sin embargo, esa discusión teórica no se realizaría, ya que durante la tarde del martes 2 de junio fue asesinado el estudiante de periodismo Francisco Gregorio Hiciano Díaz, miembro del comité central de esa organización, con lo cual se ahondarían sus diferencias con el MPD.

Hiciano Díaz, de 25 años y reportero de un espacio noticioso radial, fue abatido a tiros en la intersección de las calles Caracas y Altagracia del barrio de Villa Francisca, en la ciudad capital. Residía en la calle San Francisco de Macorís No. 29 del sector de San Juan Bosco y era acreedor de mucho aprecio entre la gente de su barrio que admiraba su valentía y su firmeza en la defensa de su posición ideológica desarrollada desde 1961, durante la lucha contra los remanentes trujillistas y luego frente al gobierno corrupto del Triunvirato que combatió sin descanso, aun cuando en su batalla feroz por derrocarlo perdiera su brazo derecho manipulando una granada que le estalló encima.

Aunque la autoría de la muerte de Hiciano fue atribuida al MPD, su secretario general Otto Morales Efres, aseguró que esa organización no tenía responsabilidad directa en este hecho que calificó de “negativa acción” y “cobarde asesinato”. Estas fueron sus palabras: “Aún en los momentos de más irritante provocación por parte del equivocado PACOREDO, como fue el asesinato de un simpatizante del MPD hace unas semanas, nuestro partido se aferró a su línea de no hacerle el juego a esta provocación y reafirmó públicamente la directriz de que sus militantes debían evitar cualquier choque con el PACOREDO”.

Empero, la Juventud Comunista calificó de pura hipocresía la declaración de Otto Morales, porque -a su juicio- “había sido fabricada mucho antes de que Hiciano fuese asesinado”. Consideró que la culpa del asesinato era de la comisión política del MPD que “había usado métodos propios de los sectores incontrolables del gobierno y el imperialismo norteamericano para eliminar a los luchadores revolucionarios” y reveló que el PACOREDO conoció con mucho tiempo de antelación la existencia de un plan macabro para matar a Hiciano, que se lo hizo saber para que no transitara por el lugar donde fue ultimado.

Destacan méritos de Hiciano

El miércoles 3 de junio de 1970 el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) deploró la muerte de Gregorio Hiciano y manifestó su esperanza de que los autores del crimen fuesen capturados y sancionados severamente por los tribunales de justicia. Señaló que aunque éste no llegó a ser miembro de esa organización, por impedírselo los estatutos; sin embargo, se mantenía muy ligado a las tareas del SNPP y participaba asiduamente en los actos que realizaba.

“Fue un joven preocupado por el desarrollo y consolidación de nuestro gremio y por el bienestar general de los periodistas. Sin embargo, su muerte a destiempo, provocada por cobardes desalmados, tronchó sus nobles aspiraciones”. Agregando “que sus defectos físicos (pérdida de un brazo y falta de visión en un ojo) no fueron limitantes para que tratara de superarse y llegar a ser un periodista profesional”, expresó el SNPP.

Luego de esa declaración, la disputa entre el MPD y el PACOREDO subió su tono, con encendidos y constantes debates en centros educativos, clubes y lugares públicos, que hacían insostenible la convivencia pacífica entre ambas organizaciones. Sus militantes discutían de modo airado y ofensivo donde quiera que se encontraran y llegaban a la violencia física. De tal manera que el jueves 6 de agosto de 1970, a dos meses del crimen de Hiciano, la vendetta callejera cobró una nueva víctima en el joven Rodolfo Manuel Lora Heredia, de 21 años, otro militante de la Juventud Comunista, que fue acribillado en la intersección de las calles Pimentel y Concepción Bona, en el barrio de Villa Francisca, en la capital.

Este chico fue impactado por dos tiros de pistola 45 que les dispararon desde el interior de una barra popular que tenía el nombre de “Machín 1ra.”, en el cruce de las vías referidas. Los homicidas tenían allí un buen rato esperando verlo pasar mientras tomaban cervezas, porque sabían que dormía en un cuarto de la barra de enfrente, llamada “Nano”. Este crimen fue cometido en venganza por el asesinato de Raúl Rodríguez Chevalier y como sospechosos de llevarlo a cabo, la Policía acusó y apresó a los jóvenes Johnny y Alberto Chevalier, militantes del MPD.

La Juventud Comunista calificó de “vil asesinato” la muerte de su militante y recibió la solidaridad de varias organizaciones aliadas al PACOREDO. Eran ellas, la “Liga Revolucionaria por la Emancipación de la Mujer” y el “Comité de Lucha de Villa Consuelo”, quienes culparon al MPD de matar “al camarada Rodolfo Manuel Lora Heredia, tal como lo hizo con Gregorio Hiciano”.

El viernes 7 de agosto se efectuó el entierro de Lora Heredia, que fue un acto severamente reprimido por la Policía que sólo permitió que avanzaran hasta el cementerio las personas de avanzada edad, lo que constituía un suceso nunca antes visto en el país; puesto que era inexplicable esa disposición represiva, arbitraria e ilegal, que fue seguida del apresamiento de decenas de jóvenes que fueron trasladados en camiones a diferentes cuarteles. Finalmente, sólo 50 personas pudieron llegar hasta el cementerio de la avenida Máximo Gómez, cargando el ataúd y en procesión fuertemente vigilada por los soldados situados a prudente distancia.

Esa misma tarde, el diario vespertino Última Hora produjo un editorial donde se quejaba de que la muerte del joven Lora “estaba agravada porque en nuestro alocado ambiente se habían repetido los crímenes con pérdidas de vida humana, debido a disensiones de agrupaciones extremistas”. El editorial recomendaba que la autoridad no permaneciera tranquila ante ese alegado tipo de ejecuciones.

El domingo siguiente a dicho sepelio, fue atacado junto a su hermana y su suegra, el militante emepedeísta Juan Isidro Pérez Martínez. Los tres resultaron heridos y fueron hospitalizados en la clínica Doctor Rodríguez Santos. El MPD acusó de nuevo al PACOREDO de ser el causante de esa tenebrosa fiesta de balazos que generó un editorial del vespertino Última Hora, el lunes 10 de agosto de 1970, señalando que lo ocurrido a la familia de Pérez Martínez, en la calle Marcos Adón, era la repetición del “diente por diente” que estimulaba la exterminación y la barbarie entre dos grupos comunistas. También resaltó que “Los atacantes se presentaron en grupo a la casa y sin más ni más tirotearon a todo el que allí se encontraba. Sin miramiento y con la intención de matar”.

El referido diario se quejó de la deficiente actuación policial en ese y otros casos, apuntando “que las autoridades se justificaban ante las críticas diciendo que en todos los países del mundo se cometían crímenes; pero lo que no hacían era ofrecer la seguridad que se daba en otros países a los ciudadanos, ni actuar con premura en las indagatorias para dar con los culpables”.

Igualmente apunto que “hay países en los que a los treinta segundos o al minuto de cometerse un crimen, ya las autoridades policiales están en el lugar o persiguiendo a los criminales. En esa forma, por esa eficiencia en la actuación policial, muchos autores de crímenes han pagado su culpa”, decía el editorial, añadiendo que eso no ocurría en este país, porque había zonas que no eran patrulladas en forma eficiente; “sitios donde no se ve pasar un agente policial en muchas horas”.

El lunes siguiente, 10 de agosto, fue asesinado el joven José Antonio Frías García, de 18 años y dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero, cuando en que se encontraba escuchando radio frente a su casa, en la calle Caracas No. 95.Se dijo que fue atacado por dos individuos, uno de apellido Morillo y otro apodado Truco, que habían sido señalados como participantes junto a un joven llamado Rodolfo Manuel Lora Heredia en la muerte de Rodríguez Chevalier. Frías García había pertenecido a la Juventud Comunista, pero había dejado esa organización para afiliarse al grupo juvenil del MPD.

Dos días más tarde, la disputa callejera se trasladó a la UASD y amenazaba con teñir de sangre todo su perímetro, porque corrió el rumor de que el MPD le había hecho un “consejo de guerra” a un estudiante de quinto año de apellido Matos; teniendo la dirección de ese partido que ofrecer una declaración de prensa desligándose de ese hecho que calificó como “una de esas tantas calumnias que les lanzan principalmente los Pacoredo y el balaguerismo”.

De acuerdo al MPD lo que pasó con Matos fue que un estudiante del Colegio Universitario se quejó de él ante sus compañeros de aula porque dispuso su cancelación en una empresa donde trabajaba, por ser activista de la confederación FOUPSA-CESITRADO, y que ese mismo estudiante le habría dicho a Matos delante de todos sus compañeros que los agentes anti-obreros serían enjuiciados y fusilados por el proletariado cuando éste tomara el poder.

El MPD añadió que “la acusación contra el aludido estudiante fue convertida por los Pacoredo y demás fuerzas reaccionarias en la Universidad Autónoma en una cosa del otro mundo, llegando al extremo de propagar el rumor de que el MPD había ajusticiado al joven”.

La dirección emepedeísta acusó al secretario general de la FED, bachiller Hatuey De Camps de haber dicho de manera irresponsable que el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) le había pasado juicio al estudiante Matos y aseguró “que los vende obreros, bota obreros y verdugos de los obreros, serían repudiados por las masas y que la justicia a su debido tiempo caería sobre ellos”.

De otro lado, el 11 de agosto de 1970 la empleada universitaria Clarissa Guzmán de Grullón denunció que un militante del MPD, de unos 22 años, la estaba hostigando, amenazando con asesinarla si finalmente fallecía un estudiante emepedeísta de apellido Ortega que había sido recientemente baleado. Ese joven -según dijo- estaba armado, la acosaba y en actitud amenazante merodeaba su residencia en la calle José Desiderio Valverde de la capital; y que al verse descubierto, se abalanzó sobre ella, obligándola a buscar refugio en el vecindario.

Por otra parte, debido al progresivo antagonismo entre militantes del FEFLAS y la Juventud Comunista, el doctor Rafael Kasse Acta, rector de la UASD, se reunió el miércoles 12 de agosto de 1970 con los dirigentes de ambas organizaciones, que se comprometieron a no utilizar el recinto universitario para dirimir sus diferencias; y también con dirigentes de los grupos Fragua, Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), Comité Universitario Julio Antonio Mella (CUJAM), Frente Universitario Socialista Democrático (FUSD) y Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, quienes se manifestaron dispuestos a colaborar con el desarrollo en calma de la sexta asamblea de la Unión de Universidades de América latina (UDUAL), que se efectuó los días 17 y 22 de agosto en el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, con la presencia de un representante del gobierno dominicano.

El rector manifestó que estaba empeñado en crear un ambiente de paz y deploró que ambos grupos estuviesen enfrascados en una violenta pugna callejera que había generado ya varios muertos y numerosos heridos.

Imputaciones y apresamientos por los crímenes

El miércoles 19 de agosto de 1970 el dirigente comunista Juan B. Mejía reveló que la muerte del joven Raúl Rodríguez Chevalier, militante del del MPD, fue ejecutada por el Pacoredo. Dijo “que se opuso a ese acto terrorista por convicción ideológica y porque confundía a las masas, al debilitar la lucha popular que se libraba en ese momento por el desenlace de la farsa electoral consumada el 16 de mayo anterior”.

Esa declaración era la primera imputación formal sobre la muerte de Rodríguez Chevalier y provenía de un antiguo aliado del PACOREDO que se había distanciado de esa organización, junto al doctor Amaury Justo Duarte y sus respectivas esposas, por estar en desacuerdo con las tácticas adoptadas por Luis -Pin- Montás, su secretario general, que atribuía al MPD todos los actos de terrorismo que se originaban en el país, cuando –a su juicio- la mayor parte de ellos provenían de las fuerzas incontrolables del sector oficial.

El doctor Juan B. Mejía había sido un conocido dirigente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que se destacó en la resistencia contra la dictadura trujillista, en la jornada de lucha democrática que se inició en 1961, en la guerra de abril de 1965 y en la formación de dos organizaciones de izquierda: Bandera Proletaria y la Organización Revolucionaria del Pueblo, que lideró en la década de los años 70.

El sábado 19 de septiembre de 1970, atendiendo a una querella del señor Juan Hiciano Ventura, la Policía detuvo a los hermanos Rafael Antonio Peña García (Nano) y Jacinto Antonio García, militantes del MPD, como sospechosos de haber cometido junto a otras tres personas, el asesinato de su hijo, el dirigente comunista y comunicador, Francisco Gregorio Hiciano Díaz.

Jacinto García, mejor conocido como Jacinto el bizco, era señalado como uno de los responsables del asesinato del dirigente catorcista Oscar Santana, durante la guerra de abril y era la persona que utilizó la Policía para conocer el paradero del periodista y líder estudiantil Hugo Ysalguez, miembro del comité central de la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) y estudiante del liceo secundario Juan Pablo Duarte, quien fue apresado y acusado de tener en su poder armas de fuego.

Ysalguez -una vez apresado- fue conducido al Servicio Secreto de la Policía, donde fue torturado y llevado ante la presencia del fiero y temible coronel Francisco Báez Maríñez, quien al enterarse de su condición de líder de la UER, lo miró con firmeza y con expresión intimidante, pretendiendo atemorizarlo con la siguiente exclamación: “¡Cómo, Hugo Isalguez, el principal dirigente de la UER! ¡Carajo, me lo pusieron los Reyes!”. Y enseguida continuó la tortura policial sobre el cuerpo de este chico rebelde.

El martes 22 de septiembre el Pacoredo ofreció una declaración pública señalando que la versión dada a la Policía por el joven Rafael Antonio Peña García (Nano), señalado como autor de la muerte de Gregorio Hiciano, confirmaba su denuncia de que el MPD había sido responsable de ese hecho, así como del asesinato de su militante Rodolfo Manuel Lora Heredia,

El referido Nano había admitido su participación en el crimen y el Pacoredo concedía crédito a la versión policial, considerando que la misma “desenmascaran al MPD como organización contrarrevolucionaria”, y demostraba que el Pacoredo “no hablaba a la ligera ni en base a suposiciones cuando acusaba al MPD de asesinar a esos camaradas”.

El lunes 19 de octubre de 1970 la señora Rosa Hidalgo, madre de Juan Hidalgo, un joven que fue apresado por la Policía como sospechoso de dar muerte a tiros los dirigentes emepedeístas Raúl Rodríguez Chevalier y José Antonio Frías, en medio de la pugna ideológica del MPD y el Pacoredo, dijo que su hijo fue delatado por militantes del MPD y los padres de Rodríguez Chevalier y Frías, y acusó a la Policía de haber permitido que éstos lo agredieran en la cárcel de La Victoria, pese a estar custodiado por agentes de la institución.

El sábado 19 de diciembre de 1970, cerca del mediodía, fue asesinado de tres balazos un joven de 17 años que gestionaba viajar a los Estados Unidos y sus familiares culparon del hecho al Pacoredo. Se llamaba Carlos José Guerra López y atacado mientras guiaba su bicicleta por la calle Ramón Cáceres, antigua 31, en el sector de Villa Juana.

A ese hecho sangriento derivado de la dura confrontación ideológica entre el MPD y el Pacoredo, se le sumó enseguida la muerte a tiros de otro joven de la misma edad, llamado Juan Carlos Erickson Méndez, ocurrida la tarde del día 31 de diciembre de 1970 en la calle Félix María Ruiz casi esquina Doctor Betances, a manos de un militante del Pacoredo de apellido Bobadilla que posteriormente se enrolaría a la siniestra banda anticomunista que se organizó en todo el país en esa misma época. Ambos habían sido amigos.

Este adolescente era hijo del legendario dirigente Floricel Erickson Álvarez, uno de los fundadores del MPD en la ciudad de Santiago que se destacó como luchador por los derechos humanos, siendo asesinado el 26 de octubre de 1960 por miembros del Servicio Militar de Inteligencia del régimen de Trujillo.

Juan Carlos Erickson Méndez era secretario general del FEFLAS en el liceo secundario Paraguay y su muerte fue muy lamentada, ya que había perecido cuando apenas iniciaba su juventud y prometía tener un buen futuro en la sociedad dominicana.

Hay que decir, por último, que se trató de una lucha fratricida sin sentido entre dos organizaciones que además de considerarse como marxistas-leninistas, defendían a capa y espada el pensamiento del líder chino Mao Tse-Tung sobre la teoría de los tres mundos y la lucha antiimperialista.

No hay duda de que esa lucha entre sí desgastó considerablemente al MPD y el Pacoredo, porque al escenificar esa terrible confrontación, dejaron de lado a sus enemigos naturales que debieron ser la oligarquía y el imperialismo norteamericano y no pudieron armar un plan correcto que les permitiera poder cristalizar su proyecto de llevar a cabo una revolución nacional democrática para construir posteriormente la sociedad socialista.

JPM