En la historia social dominicana no hay precedentes de que un candidato favorecido con el voto popular haya excluido de su Gobierno a los dirigentes que trabajaron por su triunfo.

En la etapa del postrujillismo la llegada al poder del profesor Juan Bosch se conoce como la “aplanadora”. Desde la fecha lo que se estila es que cada jefe de Estado se haga acompañar de sus correligionarios, de gente de su confianza. Con los enemigos no se gobierna.

Usted podrá identificar múltiples defectos a Joaquín Balaguer; podrá hacer lo propio con Leonel Fernández y con Danilo Medina. Esos tres presidentes, sin embargo, mostraron tener concepto de la gratitud y bajo ningún pretexto reformistas, en un caso, y peledeístas, en otro caso, fueron excluidos de sus administraciones. En el caso del PLD, posiblemente, fue uno de los secretos para gobernar durante 20 años.

Del mismo modo, en los gobiernos de Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco y de Hipólito Mejía, se supo reciprocar el trabajo político de campaña y a los perredeístas se les compensó integrándolos al tren gubernamental. En diciembre de 1978 se habló de la “navidad blanca”, porque los miembros del PRD, después de muchos años, tuvieron recursos para festejar.

Con el Gobierno de Luis Abinader estamos en presencia de un caso excepcional. Las fuerzas vivas de la nación, progresistas y revolucionarias que hicieron posible su ascenso al poder están excluidas.

Alegó que no se trata de reparto de “un botín”, pero lo que se demanda es ofrecer servicios conforme a las capacidades de los dirigentes del PRM, de los partidos aliados, de los movimientos de apoyo, de Marcha Verde, de Somos Pueblo y de otras entidades cívicas que fueron determinantes en el triunfo del 5 de julio de 2020.

Parece que en la cabeza de Luis Abinader impera la idea que fue él quien ganó con su “liderazgo natural” y el botín, el verdadero botín, lo distribuyó entre sus panas: los relevos o descendientes de la oligarquía rancia de la República Dominicana, ninguno con historial de lucha a favor de la democracia dominicana. Todo lo contrario: son empresarios que pertenecen a familias enemigas del doctor Peña Gómez.

Abinader ha sido desconsiderado hasta con los ancianos de la Guerra Patria de 1965. Tampoco siente respeto por los que se las jugaron en los 12 años de terror de Joaquín Balaguer.

Y a los que duraron 16 años de oposición al PLD los percibe como “muertos de hambre y analfabetas” que no califican para puestos públicos, razón por la que los exhorta a estudiar para establecer si son tomados en cuenta en “su segundo período”. ¿habrá segundo período?

Este es un Gobierno de señoritos empresarios, de peledeístas, de leonelistas, de reformistas y de perredeístas. Los únicos que no caben son los que trabajaron en campaña por Luis Abinader.

Por lo menos reconforta que todavía quede gente con dignidad. A Ramón Alburquerque, el mejor técnico de la República Dominicana y peñagomista de siempre, se le prometió el Ministerio de Industria y Comercio y, finamente, se le designó en un cargo de décima categoría, lo que él rechazó tajantemente.

Ese ministerio se lo dieron a Ito Bisonó, cuyos méritos están en el Partido Reformista. Lo que pasa que detrás de Ito, que no es mala persona, está la familia León. No es lo que Ito pudo haber sumado, pues no fue capaz de llevarse a Quique ni a Rogelio, que suelen hacer sus negocios aparte.

Por la composición del presente Gobierno no fue sorpresa la designación de Sergia Elena de Seliman en la Junta Monetaria, tampoco que dejen en cargos diplomáticos a todos los peledeístas que fingieron pasar a la Fuerza del Pueblo.

Lo que ha dejado perplejo a muchos es que todos los parientes de los funcionarios del pasado Gobierno (esposas, cuñadas, amantes, hijos, hermanos, suegros y demás) se mantengan cobrando en dólares (incluyendo viáticos y gastos de representación) en la Cancillería.

VERTEDERO

La Cancillería es un verdadero vertedero, pues ahí cobran cientos de miles de pesos todas las bocinas de los 20 años de gobierno del PLD. Personas, inclusive, que participaron activamente en  campaña sucia contra el candidato Luis Abinader, atribuyéndole vínculos con el narcotráfico. Todas esas bocinas son premiadas.

La idea es sumar, pero es un errado cálculo, pues hay sumas que restan y restan mucho. Además, ¿Cómo creer en la lealtad de basura política, de gente que son sicarios de la comunicación, que sirven a todos los gobiernos, aunque en el fondo está a favor de las peores causas? Es un autoengaño político.

La situación de los perremeístas y miembros de fuerzas aliadas es tan desfavorable que los pocos dirigentes que ostentan cargos relevantes no han tenido atención con sus compañeros, salvo excepciones. Las cancelaciones producidas son para abrir espacios a personas de su entorno personal, donde nunca se quedan las amigas o amantes.

El individualismo caracteriza a los dirigentes del PRM a todos los niveles, pero en la cúpula, salvo Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, entre otros, es que más se percibe la falta de solidaridad con sus compañeros en desgracia.

Y hay muchos dirigentes carentes de dignidad, que a esta fecha no se atreven a hablar porque todavía guardan la esperanza de ser favorecidos con decretos. Otros, verdaderos mediocres humanos, sirven como fuerza de choque a los que expresan con razón sus quejas.

Y en los grupos de Whatsapp no faltan calieses que reenvían a funcionarios mensajes de protesta de sus compañeros, una forma de hacerse graciosos.

Con el presente Gobierno estamos en presencia de lo que es ganar con un grupo y gobernar con otro. Una verdadera estafa.

   danilocruzpichardo@gmail.com 

JPM

A pesar de que el año escolar está casi por concluir y que diversos sectores recomendaron continuar con el proceso de vacunación, posponiendo el retorno a clases hasta el próximo año, además de que varios países echaron para atrás sus reaperturas escolares porque resultaron un completo fracaso, paradójicamente, el Ministerio de Educación (MINERD) autorizó la reapertura de la docencia semipresencial, a partir del próximo 25 de mayo, tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados de todo el país.    

Sin embargo, hace menos de un mes (el 29 de abril), el mismísimo Roberto Furcal advirtió que sancionaría los colegios privados que estuvieran dando clases presenciales, ya que, según él, todavía no estaban dadas las condiciones sanitarias para que los estudiantes retornen a las aulas. Igualmente, esta misma semana, el presidente de la república, Luis Abinader, advirtió sobre un posible rebrote del virus y llamó a la población, a vacunarse y mantener las medidas de distanciamiento social.   

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), también alertó acerca de una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, denominada: B117, la cual resulta “más contagiosa y más pegajosa” especialmente entre los jóvenes, la mayoría de los cuales todavía no se han vacunado, lo que descartó, a juicio de los expertos, la creencia de que solo los adultos mayores o las personas con problemas de salud, corren el riesgo de padecer un cuadro clínico de extremo cuidado.   

Por consiguiente, la decisión tomada por el MIRERD representa un completo absurdo, ilógico e irracional. Empero, aun cuando no se justifica dadas las circunstancias antes mencionadas, parecería que su propósito responde no precisamente al interés relacionado con el retorno del alumno a la escuela, sino que existe otra motivación, la cual estaría orientada hacia un proceso que amparado en un contrasentido daría rienda suelta a la utilización del tan importante 4% del PIB, correspondiente al presente ciclo escolar 2020-2021.  

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, sabe perfectamente que no existen condiciones para regresar a las aulas, no obstante —como el fin justifica los medios—, lo importante ahora, es poner en funcionamiento una estructura económica que se encuentra paralizada a causa de la pandemia. Por lo tanto, necesariamente, había que reiniciar la docencia para entonces justificar ciertas operaciones administrativas, aun cuando ningún padre, madre o tutor se anime a enviar sus hijos a los planteles escolares. 

En mi opinión, existe un marcado interés por gastar el dinero destinado al presupuesto de educación, porque como no se está asistiendo a clases, es imposible justificar su ejecución en determinadas partidas. Sin embargo, a partir del 25 de mayo, las autoridades del MIRERD, podrán dar rienda suelta al gasto público, aun cuando se ponga en riesgo la salud de la población, tomando en cuenta que muchos estudiantes no están dentro del rango elegible para la vacuna, por lo que terminarían convertidos en potenciales vectores de propagación. 

Las autoridades del sector salud, han hecho su mejor y más importante esfuerzo para dotar al país de un correcto y eficiente plan de vacunación contra el Covid-19, lo cual traería de vuelta la normalidad a la población. Pero, parece ser que el afán por hacer negocios con los fondos públicos, para generar beneficios económicos a determinados sectores que operan al amparo de la docencia, mantiene inmerso en su propio plan al ministro de educación.  

Desafortunadamente, durante este primer año de gestión, el presidente de la república, Luis Abinader, ha tenido que lidiar con situaciones engorrosas que afectaron su gobierno, fruto de las ambiciones personales de algunos colaboradores cercanos, quienes a sabiendas de que el mandatario está investido de los mejores deseos, no supieron corresponder con esa intención y actuaron al margen de sus lineamientos.  

Ahora, el MIRERD, se prepara para emitir pagos extraordinarios y generar contratos al vapor, amparándose en una situación de emergencia creada a raíz de la reapertura de los recintos educativos, porque en definitiva —aunque las aulas estén vacías—, no se trata de contribuir ni con la educación ni con su adecentamiento, como tampoco se busca eficientizar el gasto público, sino que se pretende generar un clima de confusión que sirva como telón de la despreciable corrupción administrativa que campea en el Estado.  

El respeto a las opiniones, al pensamiento distinto es una obligación inviolable y ese comportamiento ha de ser exigido y  propiciado. Así mismo, es un derecho y un deber.

Mas, ocurre, ay, claro que sucede que solemos pretender tolerancia  por una única razón, porque tenemos la verdad absoluta y entonces más que prevalezca  esa virtud, lo que en realidad buscamos  es reconocimiento sin  admitir cuestionamientos a lo que decimos y/o hacemos.

Un ejemplo concreto es la protesta de grupos procausales del aborto contra la senadora de Azua, Lía Díaz,  y el diputado de Barahona Moisés Ayala. Una pediatra, el otro ginecoobstetra.

Los manifestantes acudieron hasta la  casa de la legisladora y peor aún, a la de los padres del representante barahonero a piquetear y por horas vociferaron consignas con las que defendían su punto. Su verdad incuestionable.

Ahí queda evidenciado que ese respeto que tanto exigen esos grupos es nulo al momento de asumir como un derecho ajeno la corriente diferente, de aceptar  las voces que desde el lado contrario emiten sus argumentos, esos en los que creen y los que tienen la total prerrogativa de defender. Sí, lo mismo que los otros.

Tal como expusieron los médicos provida  solidarizados con sus colegas “así como no tenemos intención de acosarlos, ni lo haremos jamás,  porque no  tenemos derecho a hacerlo, tampoco pueden ellos perturbar la paz de esos médicos y la de su familia”.

Nunca mejor dicho.

La traducción es que la asunción del concepto tolerancia debe ser en toda la extensión de la palabra, no en la parte conveniente.

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