Los diputados gozan de inmunidad legislativa. Esta inmunidad no es un privilegio en la persona del legislador sino una prerrogativa de la cámara a la que pertenecen. Es decir, que una cámara puede despojar de la inmunidad constitucional a cualquier legislador. Para que una cámara retire la inmunidad legislativa debe ser solicitado por autoridad judicial.

La inmunidad es una garantía para que el legislador pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. Es una protección a la función legislativa.

La inmunidad impide que un legislador sea detenido en su libertad y procesado. Para que un legislador pueda ser procesado debe levantarse la inmunidad legislativa.  Ningún legislador puede ser privado de su libertad o arrestado mientras esté vigente la legislatura. Constitución protege la función legislativa.

Un diputado solo puede ser procesado judicialmente si la cámara lo autoriza. Este puede ser arrestado si está cometiendo un hecho penal infraganti. Pero cualquier diputado puede autorizar su libertad. El arresto y procesamiento de un diputado se materializa mejor cuando este haya terminado su periodo congresual.

En caso de que un legislador ha sido arrestado, detenido o privado de su libertad cualquier diputado podrá exigir su puesta de libertad. A tales efectos, el diputado hará un requerimiento a la Procuraduría General de la República y si fuese necesario dará la orden de libertad directamente con el apoyo de la fuerza pública.

La Constitución establece que la solicitud de retiro de la protección al diputado debe hacerse conforme a las disposiciones de su reglamento interno. Sin embargo, no existe este reglamento. Por lo que la ausencia de un procedimiento para retirar la inmunidad genera ciertas dudas. Si no hay un debido proceso es probable que el retiro de la inmunidad del legislador sea nulo. El mandato constitucional es que tiene que existir un reglamento que organice un procedimiento.

Todas las Constituciones de América protegen la función legislativa e imponen que ningún legislador puede ser procesado, arrestado ni acusado mientras este vigente su mandato. Salvo autorización de la asamblea o parlamento.

Para la jurisprudencia española establece que «Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva» (CE, art. 71.2). La inmunidad, en cambio, «es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento» (STC 124/2001, de 4 de junio).

Einstein afirmó sobre Gandhi que “Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como este caminó la tierra en carne y hueso”. Algo similar podría decirse acerca de Nelson Mandela quien compartió los ideales redentores de Gandhi y usó la violencia armada en su juventud cuando consideró que era la única vía para combatir el incalificable “apartheid” en que blancos esclavizaban en Sudáfrica a los  de color.

Mandela estuvo preso 27 años, muchos de ellos en confinamiento solitario, con un bombillo siempre encendido y sin noción del tiempo ignorando si era de día o de noche. La humedad del ambiente le provocó tuberculosis. Muchos años después murió afectado por neumonía como si sus pulmones rememoraran los años de suplicio.

Los ideales se vencieron  la fuerza opresora y Mandela se convirtió en el primer presidente de color de Sudáfrica. Después de gobernar  5 años se retiró a su hogar y se dedicó a participar en actividades de reconciliación a nivel mundial. Dentro de  250 premios internacionales recibió en 1993 el Premio Nóbel de la Paz. Falleció de 95 años el 5 de diciembre del 2013. El funeral de Juan Pablo II es el único comparable al de Mandela. Cientos de los más ilustres personajes del mundo le despidieron en un ceremonial celebrado en un estadio abarrotado de personas. A petición suya hubo ritos de tres creencias religiosas. Como parte del protocolo estatal el ceremonial fue encabezado por Jacob Zuma, el tercer presidente de color de África del Sur.

Zuma vocalizó la canción de confrontación racial “Mata al boer” , opuesta al ideario integrador de Mandela y así como Obama fue ovacionado , Zuma fue estruendosamente abucheado por sus gobernados, que lo repudiaban por sus delitos.

Jacob Zuma nació en el 1942 y con 16 años se incorporó al Congreso Nacional Africano para luchar contra el régimen supremacista blanco. Tres años después fue detenido junto a otros milicianos armados y pasó 10 años en prisión en la misma cárcel que Mandela. Salió al exilio y se desempeñó como Jefe de Inteligencia Militar y en otras importantes  posiciones políticas. Fue miembro del Partido Comunista de Sudáfrica hasta el 1990 y luego escaló posiciones de poder en el CNA llegando a la vicepresidencia del país. Tuvo que renunciar porque su asesor financiero fue acusado de corrupción y condenado a 15 años de prisión por un multimillonario tráfico de armas. Por influencias políticas,Zuma fue declarado inocente

Zuma es polígamo y promiscuo. Se casó 6 veces y tiene 22 hijos reconocidos, aparte de otros fuera de matrimonio. En 2006 fue acusado de violación sexual y se defendió diciendo que, siendo miembro de la legendaria tribu “Zulú” era su deber tener relaciones sexuales con una mujer si ella usaba un “kanga”, o sea un chaleco africano corto, y que no podía dejarla “insatisfecha”. De nuevo fue descargado  y sus seguidores corearon su canción favorita: “Tráeme mi ametralladora”.

En 2007 tomó el control del CNA .En 2009 ganó las elecciones, se reeligió en 2014 y gobernó hasta 2018, cuando el CNA lo forzó a renunciar. Se estima que la corrupción y sus desafueros económicos generaron una pérdida al país de miles de millones de dólares. Zuma  renegó de Mandela. Está en prisión domiciliaria esperando un juicio sobre unas 800 acusaciones de corrupción. Su segundo nombre “Zulú” significa: “el que sonríe mientras te hace daño”.

POR GUARIONEX LUPERÓN

A un año de la cumbre por el coronavirus que realizó el presidente de la República Abinader con el liderazgo político, en septiembre del 2020, sin duda en términos institucional es saludable la convocatoria que hace el Gobierno de un Diálogo Nacional a través del Con­sejo Económico y Social (CES), como establece la ley 142-15 que lo crea para tratar los temas importantes relativos a las políticas públicas.

En el presente caso, el Gobierno habla de presentar 13 reformas y como es normal los otros actores sociales que forman la estructura del CES van a presentar también sus paquetes de reformas. Sin embargo, el país necesita convocar una segunda cumbre del liderazgo político dominicano ¨con tanques¨.

Los líderes de la nación con poder político, expresado en las instancias del Estado. Una cumbre política con el liderazgo que ¨tenga tanques¨: Luis  Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina. Olvidémonos por un momento de los pruritos éticos y sin ambages se necesita una cumbre (no porque el país se este cayendo a pedazos, nada de eso) con la gente que les puede dar legitimidad política a los productos a que se llegue.

Aunque parezca un poco totalitario, los que tengan revólveres de mitos y todas esas deliberacio­nes tediosas que se queden opinando en las gradas de las redes sociales o que sigan aumentando su métrica impulsando granjas de ¨bots¨. Un Diálogo Nacional para abordar solo tres temas: La reforma fiscal, la reforma de la Ley de Seguridad Social y el blindaje al pacto educativo. Los otros grandes temas hay que dejarlo a las instancias de los poderes públicos.

La discusión de la reforma fiscal contemplaría el pacto fiscal, mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que se ha venido postergando por años. La reducción al 40 % de los incentivos fiscales de los regímenes especiales y limitar a 10 años y no más el gasto fiscal que se transfiere mediante los regímenes especiales a las personas jurídicas. Subir los impuestos a los ingresos anuales de los grandes patrimonios.

Un compromiso para estimar y reducir las grandes pérdidas fiscales producidas por la ¨evasión fiscal¨, la ¨elusión fiscal¨ y ¨la informalidad¨, factores que afectan las recaudaciones del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)  y  el Impuesto sobre la Renta (ISR).  La aprobación de una ley de responsabilidad fiscal para garantizar el uso óptimo de los recursos del Estado. Todo ello con el objetivo de reducir o eliminar el déficit fiscal.

Hay que reformar la Ley No. 87-01 de la Seguridad Social, como en México o como se propone Chile, con principio de igualdad. Una sola ley para el país y para las futuras generaciones que sea más decente, que asegure a los pensionados mayor porcentaje con relación a su último salario y que incremente los derechos laborales. Limitar el cobro de las comisiones a los Administradores de los Fondos. Regular el fondo de los usuarios de depósitos para medicamentos que administran las ARS.

Con relación a la reforma de las AFP, los líderes políticos dominicanos con presencia congresual importantes son los llamados a buscar una fórmula factible para satisfacer las demandas de lo que llamo una ¨Generación perdida de contribuyentes¨, que recibirán pensiones de miseria. Resarcirlos, aunque sea con el 20 %, como un acto de resiliencia a la pandemia. En Chile se ha entregado hasta el 100 % y el 60 % de las inversiones están en bonos del Tesoro.

El tercer punto debería ser el blindaje al ¨Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030¨ de cualquier influencia política. Se necesita redimensionar este pacto, dándole prioridad a la formación de los recursos humanos y la tecnología educativa.

Es la única forma de que la convocatoria del presidente Abinader pueda impulsar una   ¨ola¨ de reformas, como plantea Alvin Toffler de renovación y cambios positivos que continue transformando poco a poco el país.

JPM