SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta del Partido Alianza País (ALPAIS), Minou Tavárez Mirabal, manifestó  que no es justa ni se corresponde con la verdad la afirmación de que todos los partidos están involucrados en el financiamiento ilícito por parte del narcotráfico y el crimen organizado.

Dijo que los partidos que promueven el clientelismo son los únicos a los que hay que señalar al respecto.

«Son muchos los dirigentes políticos y legisladores que han llegado por sus propios pies. Decir que todos los políticos están involucrados con lo ilícito solo le conviene a los delincuentes y sinvergüenzas que buscan impunidad y que promueven el clientelismo”, expresó.

Tavárez Mirabal opinó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora en el gobierno, está pagando las consecuencias de haber promovido candidatos más por el dinero que tenían  que por sus ideas y propuestas.

Consideró importante que el Ministerio Público esté persiguiendo estos casos, pero cuestionó «la poca o nula presencia que ha tenido el fiscal electoral nombrado a principios de marzo del 2020 por parte del Consejo Superior» de esta misma instancia.

La exdiputada emitió estos criterios en el programa «El Rumbo de la Tarde» que conducen los periodistas Juan TH, George Rodríguez y Ruddy González por Rumba 98.5FM.

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SANTO DOMINGO.- El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que no deja de ser un “elemento de preocupación” que ciudadanos que tienen compromiso con las leyes sean investigados por asuntos de drogas.

“Aspiramos a que la justicia al final determine el grado de responsabilidad que cualquier legislador tenga”, sostuvo.

El legislador de oposición dijo que respeta la decisión del Ministerio Público de investigar judicialmente a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.

Los tres legisladores fueron implicados en una red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente operaba en la República Dominicana y fue desmantelada mediante la denominada «Operación Falcón».

En este casio  más de 20 personas son investigadas.

an/am/sp

El presidente de la República, Luis Abinader, tiene el mérito de ser el único jefe de Estado que ha mostrado voluntad de sanción a la corrupción administrativa y a la impunidad, al designar al frente del Ministerio Público a profesionales del derecho que han sabido apresar a personajes que en el pasado fueron intocables, como son militares, funcionarios y empresarios.

Abinader tiene el mérito, además, de presidir un Gobierno que, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha combatido más el narcotráfico, en operaciones combinadas, en algunos casos, con la DEA y el Ministerio Público. Nunca antes, en nuestro país, se había visto tan buenos niveles de eficiencia contra el narcotráfico.

Siempre se tuvo la sospecha de la infiltración de narcotráfico en determinados poderes públicos, pero es ahora que se confirma, con la colaboración de las autoridades judiciales dominicanas y de la DEA, que en el Congreso Nacional hay legisladores dedicados a esa actividad criminal. Sobre ese particular el presidente de la República tampoco ha tenido contemplaciones al momento de condenar a los involucrados en ese delito.

CONTRADICCION

Lo que resulta contradictorio es que el presidente Abinader haya designado en su Gobierno a funcionarios vinculados al narcotráfico, como es el caso del director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, uno de los cabecillas de la banda desarticulada por la Operación Falcón, mediante la cual fueron apresadas unas 24 personas acusadas de traficar drogas narcóticas durante años y se les ha incautado múltiples inmuebles, negocios y dinero en efectivo.

En la Operación Falcón hay por lo menos tres diputados envueltos y se dice, sin confirmar al momento, que también hay senadores. Entre los diputados están Héctor Darío Féliz Féliz, Nelson Rafael Marmolejos Gil y Faustina Guerrero  Cabrera, el primero del PRD y los dos últimos del PRM. Faustina Guerrero, diputada del PRM por el Seibo, es la esposa de Juan Maldonado Castro, dama a la que se le acusa de pertenecer a una red internacional de tráfico de cocaína.

Rosa Amalia Pilarte López, diputada del PRM por La Vega, también es acusada de narcotráfico y lavado de activos por el Ministerio Público, esposa del narcotraficante Miguel Arturo López Florentino (Miky).

El 18 de mayo del presente año los diarios dominicanos se hicieron eco del apresamiento en Estados Unidos de Miguel Gutiérrez Díaz, diputado del PRM por Santiago, acusado de narcotráfico. Se recuerda, de igual manera, que Yamil Abreu Navarro, alcalde electo por la Laguna, Azua, fue apresado y posteriormente extraditado a Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico.

El grueso de los funcionarios electos, involucrados en tráfico de drogas, pertenece al Partido Revolucionario Moderno y la mayoría ingresó a esa organización política entre el año 2019 y 2020, lo que resulta extraño que de inmediato se les permita ser candidatos a puestos electivos.

Luis Abinader es el principal líder político del PRM desde año 2015, cuando le ganó las primarias por la candidatura presidencial a Hipólito Mejía, en una proporción de 80 a 20. En una proporción similar volvió a ganarle a expresidente Mejía el 6 de octubre del 2019. El fuerte liderazgo de Abinader, en los últimos años, le permitió imponer a José Ignacio Paliza, en abril del 2018, como presidente del PRM.

Se supone, pues, que el presidente de un partido político y también su principal líder, en este caso Luis Abinader, son los responsables de todas las candidaturas a puestos municipales y legislativos.

Resulta sorprendente que una inmensa cantidad de personas que ingresó al PRM entre el 2018 y el 2020 haya sido candidata a puestos electivos en desmedro de dirigentes de 20, 30 y 40 años de carrera política, originalmente en el PRD y posteriormente en el PRM. El balance de nuestro escenario indica que ningún político de carrera es simultáneamente narcotraficante. Son los narcotraficantes los que incursionan en la actividad política.

Hay quienes aseguran que a muchas de esas personas se les concedió candidaturas por su poder económico, discriminando a otros que exhibían lealtad partidaria y cualidades intelectuales y éticas.

La sociedad dominicana está alarmada por la gran cantidad de riferos y narcotraficantes que hay en el Congreso Nacional. Y hasta el momento el balance más negativo lo tiene el PRM, por lo que las autoridades de esa entidad política hicieron la peor selección, sin ofrecer una explicación a la sociedad dominicana ni a la militancia de su propio partido.

El liderazgo del PRM tiene su cuota de responsabilidad, en consecuencia, de la baja en la calidad de nuestro Poder Legislativo, que no ha sido capaz de aprobar un Código Penal que responda a la necesidad judicial de la sociedad de hoy. También se observa inconveniente para la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, porque sería evidentemente “cuchillo para la garganta” de muchos legisladores dedicados a actividades ilícitas.

Esa baja en la calidad de nuestro Poder Legislativo motiva a muchos analistas y a juristas a pedir una modificación de las leyes 15-19 y 33-18, las cuales regulan todo lo relativo a materia electoral. Pero también hay quienes sostienen que nuestro país no está preparado para el voto preferencial, causante principal de la compra de votos y otros delitos electorales en los cuales se impone el dinero, caldo de cultivo para personas del bajo mundo que procuran poder político e inmunidad parlamentaria.

El desenlace de la Operación Falcón desnuda la debilidad y falta de depuración de los candidatos a puestos legislativos de los distintos partidos, saliendo como el peor parado el PRM. Esa situación motiva a que algunos analistas sugieran que los candidatos vuelvan a ser los dirigentes principales de las cúpulas partidarias, hasta tanto haya una normativa jurídica electoral que garantice “condiciones morales” en nuestros diputados y senadores.

Mientras tanto Luis Abinader y José Ignacio Paliza, como autoridades principales del Gobierno, se atribuyen éxito de la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Es un éxito que no se le puede regatear al presente Gobierno, pero también esas dos personas, como autoridades del PRM, son las responsables principales de componer una boleta legislativa constituida por muchos riferos y narcotraficantes. Se estima, en sentido general,  que los legisladores serios apenas alcanzan el 20 por ciento.

JPM

 SANTO DOMINGO.- Aunque han acogido el llamado a diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader, los principales partidos de oposición dominicanos han sugerido que sean ampliados los temas de discusión en este escenario, que coordina el Consejo Económico y Social (CES) y que procura una nueva reforma de la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos.

Al encabezar una amplia delegación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, dijo que coincide con el Presidente Abinader, de que “el país es de todos” y “el diálogo no es un espacio para justificaciones y críticas, sino de concertación para procurar valores agregados y ganancias sociales”.

Mariotti, secretario general del PLD,  ponderó la importancia del Poder Legislativo para concretar los acuerdos que se logren en el Diálogo pero se lamentó de que hay una narrativa “anti partidos”. Advirtió que cada metro que ceden las entidades con representación congresual  pone en peligro la estabilidad democrática.

Recordó el llamado “Pacto de la Moncloa”,  en España, donde el poder legislativo fue fundamental.

Además de Mariotti, integran la comisión designada del PLD en el diálogo Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del patido;  Cristina Lizardo, Francisco Javier García, Rafael Paz y Karen Ricardo, miembros del Comité Político.

PIDE PRIORIZAR SEGURIDAD SOCIAL Y CIUDADANA

El presidente del PRD, Miguel Vargas, sugirió que sean priorizados la seguridad social y la seguridad ciudadana, dos temas que -a su juicio- agobian a la sociedad dominicana.

Dijo que el PRD reitera su llamado a preservar “el más importante instrumento de protección social del pueblo dominicano”, la Ley de Seguridad Social.

“No nos resistimos a la posibilidad de discutir mejoras a la Ley 87-01, pero reiteramos debe ser fruto del acuerdo de los sectores que le dieron origen, esto es, el pacto tripartita, para que luego el Congreso Nacional juegue el rol a que está llamado”, enfatizó.

En cuando a la seguridad ciudadana, Vargas pidió a la plenaria que transmita al pueblo «el mensaje del compromiso que asumen los allí presentes, la clase dirigente del país, con una solución colectiva y definitiva que permita superar el flagelo de la inseguridad Ciudadana».

MORENO RECLAMA “PROPUESTAS CONCRETAS”

El presidente del partido Alianza País (ALPAIS) opinó que el Poder Ejecutivo debe presentar con claridad y detalle cuáles son sus enfoques y propuestas respecto a las reformas.

Consideró necesario un orden de prioridades de las 13 reformas sobre las cuales se ha estado conversando y los procedimientos en relación a los temas correspondientes a proyectos de leyes en curso en el Congreso Nacional o que se encuentran en la mesa de trabajo de comisiones oficiales constituidas por el gobierno.

Moreno dijo que la historia reciente recoge “muchos diálogos inconducentes y que han terminado siendo pérdidas de tiempo”.

“Estamos en el momento de definir la metodología y tomar las decisiones necesarias que eviten que este diálogo sea una nueva frustración nacional”, agregó.

FNP CRITICA EXCLUYAN TEMAS

Pelegrin Castillo Seman, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista(FNP), resaltó que la agenda del diálogo excluye temas de enorme importancia, algunos de los cuales tienen gran urgencia.

Entre ellos figuran la profundización de la crisis de Haiti, la reinvindicación plena de los derechos de República Dominicana sobre los espacios marítimos, aéreos y ultraterrestres, los conflictos mundiales en curso, la exploración, explotación, valorización y gestión de los estimables recursos no renovables, las comunidades de dominicanos en el exterior y mayor atención al sector agropecuario.

Dice que dentro del diálogo están propuestas dos mesas para discutir las reformas a las leyes del sector eléctrico y la tributación de los hidrocarburos, pero más bien lo que debería existir es una mesa de energía, que abarque esos temas y otros que son no menos importantes, como la ley de eficiencia energética y ahorro de recursos.

Agrega que la discusión de la ley de reforma de la policía, debería ser acompañada de otros temas no menos importantes y complementarios como, por ejemplo, las modificaciónes del Codigo Procesal Penal, en una mesa de Seguridad Nacional y Ciudadana.

Opina que es muy relevante que se discuta como tema de alta prioridad una Ley General de Aguas, que tiene más de 20 años en el Congreso Nacional sin recibir sanción legislativa.

COLEGIO DE ABOGADOS DICE FUE EXCLUIDO

El Colegio de Abogados de la República Dominicana  denunció que el Consejo Económico y Social le rechazó su participación en el Diálogo, a pesar de que dentro de las 13 reformas figuran la modificación de la Constitución y varios aspectos del sector justicia.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó como insólito que el gremio que representa a más de 70 mil abogados a nivel nacional no sea tomado en cuenta para discutir dichas reformas.

Recordó que el artículo V, acápite 8 de la Ley 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social autoriza la participación de 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo  las iglesias, instituciones académicas y organizaciones comunitarias, entre otras.

sp-am