Observamos con preocupación las repercusiones que ha tenido en redes sociales la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló la orden federal que hacía obligatorio un test semanal de negatividad del Covid-19  a los empleados de las empresas con más de cien personas en sus nóminas laborales.

La mayoría conservadora impuesta por Donald Trump en el último año de su gestión falló que la administración-Biden se extralimitó en el mandato sobre las empresas privadas al regular sin ley la obligatoriedad de la vacuna y las mascarillas en el ámbito laboral.

De inmediato, en el país se ha reavivado un debate intenso y no exento de contradicciones sobre la voluntariedad u obligatoriedad de la tarjeta de  vacunación contra el coronavirus.

Hay sectores que piden al Tribunal Constitucional que resuelva el choque que, se afirma, se produce entre la resolución No. 000069, del Ministerio de Salud Pública, que hará obligatoria la tarjeta de vacunación con la tercera dosis al final del presente mes y el artículo 74.2 de la Constitución que prevé que sólo por ley se pueden regular derechos fundamentales como la integridad personal (artículo 42.3 de la Constitución).

De su lado, el portavoz del gobierno, Homero Figueroa, clama a los ciudadanos para que completen el esquema de vacunación que evite la expansión del virus.

Al margen de la controversia normativa, hay que precisar que la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos no se puede interpretar, “matatis mutandi”, en semejante términos en nuestro país, ya que nuestro Tribunal Constitucional dictaminó por sentencia TC/0563/15, del 2015, exactamente lo contrario.

En esa oportunidad el sindicato de empleados de la tienda La Sirena (Grupo Ramos) recurrió en acción directa de inconstitucionalidad ante el TC el artículo 44.1 del Código de Trabajo, que obliga al trabajador a “someterse a reconocimiento médico a petición del empleador para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo”.

El máximo intérprete de la Carta Sustantiva juzgó constitucional el antedicho artículo al considerar que “la previsión de riesgos laborales es un elemento esencial en la organización de una empresa”.

“De ahí que la citada disposición persigue un fin constitucionalmente válido encaminado a la conservación de la vida, integridad física y salud de los trabajadores, que tanto el Estado como los particulares (en este caso los empleadores) están obligados a velar por su conservación y restablecimiento, cuyo enlace constitucional se encuentra en los artículos 61 y 62.8 de la Constitución dominicana”, subrayó el TC.

La referida sentencia del Tribunal Constitucional tiene  efectos vinculantes para los poderes públicos y para los ciudadanos (artículo 184 constitucional), lo que la hace de cumplimiento obligatorio.

La ley 105-13, sobre la regulación salarial del Estado dominicano fue promulgada el 8 de agosto del año 2013 y tiene como finalidad proporcionar una remuneración equitativa y justa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado, estableciendo el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano.

En nuestro país, algunos directores de instituciones públicas, por el hecho de estas tener autonomía presupuestaria, consideran que pueden aumentarse sus sueldos de una manera antojadiza, auto pensionarse, adjudicarse sus prestaciones laborales y enormes bonificaciones, sin tomar en cuenta esta ley ni al Ministerio de Administración Pública (MAP), que es quien debe autorizar dichos aumentos.

La Ley 105-13, aunque tiene nueve años de aprobada, no se ha podido aplicar por falta de voluntad política, pues el reglamento necesario para su aplicación no ha sido aprobado aún, lo que debe llamar mucho la atención a nuestros legisladores, pues no tiene ningún sentido continuar aprobando leyes que, como otras tantas, no se aplican.

La autonomía presupuestaria de una institución pública lo que significa es que esta tiene facultad y libertad para manejar su presupuesto, sus finanzas y para la toma de decisiones en el desempeño de sus funciones, sin tener que depender del Poder Ejecutivo, jamás para crear aumentos salariales o para beneficiar a los propios funcionarios que la dirigen.

El caso más reciente es el de los directores de Edesur, Edenorte y Edeeste que a pesar de percibir un sueldo de privilegio, acaban de aumentarse el mismo a más de 1 millón de pesos, sin incluir los gastos de representación, combustibles, vehículos, teléfonos, seguros, regalía, bonos por desempeño, etc.

Otro caso parecido fue el de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas de la República que,  con apenas un año en sus funciones, sin que tuvieran razones ni méritos para ello. Acciones como estas continúan ocurriendo en diferentes instituciones públicas por la falta de aplicación de dicha ley, sin que llame la atención a las autoridades de turno.

Tal decisión es ilegal e irracional, pues viola la citada ley y al artículo 140 de la Constitución de la República, el cual establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

En un momento de crisis económica como la actual, en que la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es muy amplia, se deben corregir estas distorsiones y privilegios.