Tenemos más de 60 años con un Sistema Consular manejado desde la presidencia para el reparto y el enriquecimiento ilícito y cada vez que se intenta hacer reformas para transparentar estos fondos a través de los bancos o de tarjetas, los espalderos de palacio amenazan que esto podría causar una renuncia masiva de cónsules.

El objetivo de la licitación del Mirex-CCC-PEEX-2022-0001 publicada por la DGCP que culmina en Agosto del 2022 con la firma de un contrato no es eliminar el viejo saqueo de los bienes consulares sino entregar el cobro de los servicios de pasaportes y de visas a empresarios y dejarle al cónsul el cobro de las legalizaciones.

Cualquiera que lea el pliego de condiciones puede advertir que aunque se creará una oficina de cobro que no afectará a los empleados, en el futuro contrato quienes se quedarán con las tasas del 40% de los ingresos consulares son los empresarios y quien se quedará con el 60% del resto de los ingresos es el Cónsul.

Es una pena que Abinader autorice al cónsul de los Ángeles EU cobrar por tarjeta de débitos y créditos como se hace en Méjico y enviar todos sus ingresos a la Cancillería para que sea esta quien pague la nómina y los gastos, que es eficiente y transparente y ahora recule con un reparto piloto peor que el desorden actual.

Aunque no está fijado el monto de las tasas, este cobro no garantiza una rebaja de los altos precios de estos servicios. Estas empresas ofertarán precios de mercados y será el Mirex que escoja los precios más bajos pero el monto de la tarifa dependerá de los precios de referencias escogidos y del precio a pagar por las tasas.

La Cancillería debe exigir a las proveedoras que los precios de referencias se escojan no acorde a los precios de Europa o de EU sino a los precios de Latinoamérica y el Caribe que son más bajos. Y advertir que el costo de un pasaporte y de una visa es de 20 y 21 dólares, y que el precio fijado por el Mirex es de 40 y 60 dólares.

Es cierto que privatizar el cobro de los servicios consulares no supone un gasto adicional para las arcas públicas pero también es cierto que cuando pagamos por un servicio sobrevaluados como son los precios de estos servicios consulares y que las ganancias se reparten entre empresarios y funcionarios, el Estado pierde.

¿Qué pretende el presidente y la Cancillería con este contrato o plan piloto de 6 consulados de 77 que tenemos y que durará tres años hasta el 2025?.Lo primero es burlarse de la comunidad y de los contribuyentes y segundo darle larga al saqueo para que los cónsules sigan haciendo fortunas y sigan pagando campañas electorales.

El futuro contrato en sí mismo es un engaño que no beneficia a la población. El Cónsul no solo seguirá administrando recursos de los consulados sino que el dinero que cobra la proveedora será enviado a las cuentas de los consulados o embajadas cuando lo correcto es que sean enviados a la Cancillería o a la cuenta única del Estado.

Creo que este contrato piloto de cobro privado, aunque está por verse su resultado, puede agilizar y acortar el tiempo de entrega de los servicios consulares que se están convirtiendo en dolor de cabeza. Pero es inaceptable este reparto que pretende hacer el gobierno con los ingresos consulares por ser una solución larga, cara e injusta

Una vez más la diáspora debe prepararse para seguir la lucha por transparentar y reducir los precios, para no dejarse utilizar como un instrumento para aportar en la campaña electoral, para no ser usado solo para escoger congresistas inorgánicos y para pisar fuerte e impedir que los consulados exploten a la comunidad criolla.

Estos colaboradores del exterior son insaciables. Disfrutan de una nómina de más de $1,900 millones, reciben dinero para alquiler y también tienen aprobado un Seguro Médico Internacional valorado por US $2.5 millones o $1,350 millones mientras el dominicano está desprotegido con seguro subsidiado que no funciona

JPM

POR GUARIONEX LUPERON 

La historia se repite, generalmente cuando no se conoce. Hay que saber que en años pasados se implementaron en el país  modelos de interacciones del Gobierno con los actores sociales de las provincias: las audiencias populares de  Salvador Jorge Blanco, las consultas populares de Joaquín Balaguer, en el 1986, queriendo mostrar una imagen menos despótica que sus doce años mefistofélicos, las consultas del Diálogo Nacional, impulsada por Leonel Fernández, las visitas sorpresas de Danilo Medina y del actual presidente Luis Abinader, los fines de semanas y ahora, esta modalidad del ¨Gobierno a las provincias¨, movilizando a medio Gobierno, casi echándose las palomas, como un acto de desesperación y de fracaso de los sistemas de información gubernamentales.  

Porque uno de los objetivos de las comisiones de ¨Gobierno a las provincias¨ que se han desplegados en todo el país es informar lo que está haciendo el Gobierno en el territorio donde actúa la comisión. El mensaje es que el trabajo de las ¨Bocinas¨ a nivel local no ha sido eficaz. Sin embargo, la queja de los medios locales y tv de redes sociales es que el mazo de la publicidad está concentrado en el núcleo de las grandes corporaciones y en la comunicación de la aristocracia partidaria de los ¨popis¨. 

Pero la realidad es que en las provincias y en las regiones hay poca cosa que informar. Sobre todo, en regiones donde se ha caído la inversión pública, como en la frontera que este año se proyecta un descenso de un 38 %, y en otros casos, porque las grandes obras y acciones, con la excepción, de los grandes centros urbanos, no comienzan. Además, la reacción del Gobierno, personalmente creo que está más bien vinculada al descenso de la popularidad de la gestión gubernativa, como consecuencia de todos estos factores negativos de carácter económico y social, acumulados en estos últimos años que están afectando grandemente a la clase media y a los sectores populares. 

No obstante, pese al nivel de improvisación que exhibe el Gobierno en diferentes aspectos (en el sector eléctrico, en la ejecución de los proyectos con apropiación de fondos, en la forma de enfrentar la crisis de los alimentos de primera necesidad…) sin negar el impacto de factores externos que afectan nuestra vida social, apostamos por la institucionalidad del país, a sabiendas de que con todas las dificultades hay que enfatizar, siempre que en la República Dominicana se tiene otro Estado, totalmente, diferente a épocas anteriores.  

El Estado dominicano que exhibe avances institucionales sin precedentes, en materia de planificación, participación y concertación dispone de un cuerpo legal para establecer de manera formal canales de diálogo, concertación e interacción permanente entre el Gobierno y la comunidad, amparados en la Constitución. 

Instrumentos y espacios de concertación legales entre iguales (al margen de la politiquería barata como esta del ¨Gobierno a las provincias¨ con una mayoría de funcionarios sin ningún poder real) a través de diversas instancias deliberativas y de concertación,  figuras como el Consejo Económico y Social de la Republica Dominicana, la ley No 142-15 de Planificación e Inversión Pública, que en el artículo 14,  Sección A, instituye los Consejos Regionales, instancia que permite la participación regional de los principales actores gubernamentales, legislativos, privados, gremiales y comunitarios.  

En la Sección B, se instituyen los Consejos provinciales, instancia que permite la participación provincial de los principales actores gubernamentales, legislativos, privados, gremiales y comunitarios y en ese mismo orden, la ley da el mandato de formación de los Consejos municipales, que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una vasta experiencia, dándole seguimiento a estos órganos y apoyándolos en la formulación de los Planes de Desarrollo de municipales.  

En el Estado hay que acabar con la improvisación, con las agendas coyunturales de los funcionarios de turnos, pero para acabar con el mal de la improvisación, los partidos y los políticos tienen que estudiar y debatir los problemas nacionales. Conocer la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), las agendas que tienen los proyectos estructurales de la nación que no son los problemas de sus partidos o de sus potenciales candidaturas personales y los compromisos del país. 

Asumir posturas con la seguridad social (algo espurio), los grandes planes maestros del transporte, del agua, de la energía, de la agropecuaria, de la territorialidad y uso de suelo, de las políticas sociales, de la educación, de la era digital, la transformación que necesita nuestro país para que la gente pueda mejorar la calidad de vida y pueda competir en el mundo que se avecina. 

   jpm-am

Es oportuno decir que el 16 de junio del año 1810 funcionarios municipales de la  ciudad de Higüey vaticinaron lo que 5 años después fue el principio del fin del poderoso Napoleón Bonaparte. Su derrota el 18 de junio de 1815 en Waterloo fue el cumplimiento de ese augurio.  

Esa premonición ha sido silenciada por muchos, pero tiene su importancia en el agitado y tortuoso itinerario del imperio francés. 

Antes de detallar aquel presagio, al final de esta serie de 4, es oportuno señalar que la venta que en el 1803 hizo Napoleón del vasto territorio de Luisiana (más de 2 millones de kilómetros cuadrados) en favor de los EE.UU. fue producto directo de sus derrotas en el Caribe, principalmente por los hechos de humillación militar que sufrió en la isla de Santo Domingo.  

Esa fue una venta hecha a marchas forzadas, a precio de “vaca muerta.” Se escribió entonces que el rostro de Napoleón tenía pliegues de amargura al tomar dicha decisión. 

Aunque todavía no era la testa imperial de Francia (lo sería poco después) tal vez en ese caso, más que en cualquier otro de sus acciones de Gobierno, quedó comprobada la afirmación que anotó en sus papeles privados el obispo y político francés Charles Maurice de Talleyrand, al ser testigo de la autocoronación de Napoleón: “En el título de emperador hay una combinación de República romana y de Carlomagno, lo que le hace perder la cabeza.” 

Para sólo mencionar algunos casos previos al referido negocio inmobiliario de la Luisiana hay que decir que en el 1794 perdió a manos de los ingleses las islas de Martinica y Santa Lucía, así como otras que las circundan. 

En abril de 1796 Napoleón, que todavía no era emperador, pero tenía el control del aparato gubernamental francés, refunfuñaba porque había autorizado que una poderosa expedición naval saliera de Guadalupe a recuperar la pequeña y cercana isla de Saint Kitts (174 km2). Luego de una terrible devastación del tipo “tierra arrasada” aquello terminó en derrota para sus fuerzas de ocupación. 

No hay que olvidar, además, que ya en el 1795, por órdenes del entonces primer ministro de Gran Bretaña William Pitt (el Joven), con el apoyo del rey Jorge III, la mitad del ejército de esa potencia mundial estaba combatiendo en las Antillas contra las fuerzas napoleónicas y contra esclavos rebeldes esparcidos en diferentes lugares caribeños, teniendo como centro de atención el territorio antillano que se dividen la República Dominicana y Haití. 

En el 1800 los británicos desplazaron a las fuerzas de Napoleón Bonaparte de la mitad de Saint-Martin, pequeña porción de tierra que los galos recuperaron en el 1816, mediante el Tratado de París. 

En el 1803 Gran Bretaña, que 5 años atrás había derrotado a Napoleón en la batalla naval del Nilo, se apoderó de varias posesiones francesas en el Caribe Oriental, entre ellas Tobago y Santa Lucía. Fue otra derrota caribeña para ese genio militar que sus enemigos apodaban el Ogro de Ajaccio.  

La Pérfida Albión (expresión creada por el poeta Augustin de Ximénés y popularizada por Napoleón para burlarse de Gran Bretaña) se aprovechó de paso para afincarse también en amplios territorios de América del Sur, como fue el caso de la entonces Guayana Neerlandesa. 

No fue sorpresa que como efecto directo de la decisión de guerra abierta tomada por Napoleón en el año 1803 (entonces era el jefe del gobierno llamado El Consulado) Gran Bretaña pudo asegurarse, en el 1808, el control de las islas María Galante y Deseada.  

Pronto también volvieron a caer en poder de los británicos Martinica, Guadalupe y un rosario de pequeñas islas periféricas como Les Saintes. Pocos años antes esos territorios habían sido recuperados por las tropas de Napoleón, en ese “tira y afloja” en que se convirtió el Caribe en la primera década del siglo 19. 

Esas pérdidas territoriales estaban también directamente conectadas con la derrota que el 21 de octubre de 1805 tuvieron la Francia bajo el dominio de Napoleón y  España en la batalla naval del cabo de Trafalgar, luego de que los barcos de esos dos imperios salieron de su refugio en la rada de Cádiz. 

La escuadra franco-hispano estaba compuesta por 33 barcos, de los cuales sólo retornaron 11 a puerto, en condiciones precarias.  

En ese famoso combate los 27 barcos de Gran Bretaña  que intervinieron quedaron ilesos, a pesar de que allí murieron cientos de ingleses, galeses, escoceses y norirlandeses (estos últimos no son británicos). En esa batalla fue que murió el almirante de la Marina Real británica Horacio Nelson, héroe del ya referido enfrentamiento en el río Nilo, así como de otras contiendas navales. 

Oportuno es decir que el novelista y dramaturgo español Benito Pérez Galdós, en su primera novela de la serie titulada Episodios Nacionales, escribió en abundancia sobre la hecatombe que sufrieron las fuerzas napoleónicas frente al cabo gaditano de Trafalgar. 

Las victorias británicas sobre Francia, con la ocupación de algunas de sus colonias en el Caribe, dio origen en el 1806 a la creación de un mecanismo mediante el cual Napoleón cerró gran parte de los puertos europeos a los productos comercializados por Gran Bretaña, especialmente el azúcar. Fue lo que se conoció entonces como “el sistema continental.” 

Eso favoreció en gran medida a los exportadores de azúcar de los EE.UU., que en esa ocasión encontraron en Europa un mercado amplio. Napoleón resultó ser en ese sentido un gran aliado coyuntural de ese poderoso país del norte de América.  

Dicho lo anterior al margen de que luego, olvidando sus colaboraciones recíprocas en acciones contra los pueblos antillanos, el tercer presidente norteamericano, Thomas Jefferson, escribió párrafos de acrimonia contra el emperador francés, rey de Italia y a partir del 1806 copríncipe de Andorra. 

El poderoso emperador de Francia, cuyas tropas fueron derrotadas una y otra vez en el Caribe, fue el mismo que el 17 de mayo de 1809, desde su cuartel general de Schaembrunn, en Austria, emitió un decreto mediante el cual, entre otras cosas, anexionó al imperio francés los Estados romanos o pontificios. 

En efecto, en esa especie de ucase de factura napoleónica el también rey de Italia ordenó que el día primero del mencionado año una junta extraordinaria tomara en su nombre “posesión de los Estados del Papa y adoptara las medidas convenientes para que se organice la administración constitucional…” Dicen que esa ha sido una de las etapas más difíciles de la iglesia católica.

jpm-am