Por DAVID FONSECA

Venezuela ha declarado el estado de emergencia tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, los cuales provocaron el colapso de numerosos edificios en distintas zonas del país, dejando un trágico saldo de al menos 1,943 muertos y cerca de 10,000 heridos (para la fecha de publicación de este artículo).

Ante la magnitud de la tragedia, varios países han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han comenzado a coordinar a la mayor brevedad el envío de suministros y equipos de rescate hacia las áreas más afectadas. Sin perder tiempo, el gobierno venezolano organizó los operativos de búsqueda y salvamento, contando con la participación de contingentes internacionales.

Una década de sanciones obstaculiza la respuesta ante el desastre

El viceministro de Política Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, informó en mayo que el país ha sido objeto de 1,088 medidas coercitivas unilaterales durante los últimos 11 años, de las cuales 1,040 permanecen activas. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 1,000 sanciones económicas que dificultan severamente la adquisición de medicamentos, una situación que se vuelve crítica dado que varios hospitales se encuentran colapsados por la cantidad de heridos.

Estas sanciones estadounidenses, sumadas a la crisis económica derivada, entorpecen las labores de rescate. Los equipos de emergencia deben remover escombros y buscar sobrevivientes con recursos muy limitados, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para encontrarlos con vida. La situación se ha agravado aún más debido a los masivos apagones en gran parte del país, que también han interrumpido las telecomunicaciones, dejando a miles de venezolanos en el exterior sin posibilidad de comunicarse con sus familias.

Esta vulnerable realidad se ha visto propiciada por las sanciones y la política agresiva de Washington. Durante años, el gobierno venezolano ha operado bajo un asfixiante bloqueo que ha mermado su capacidad para suministrar o producir los materiales necesarios para afrontar desastres naturales de esta envergadura. Washington era consciente de la escasez de insumos médicos en el país; por ello, uno de los primeros envíos de EE. UU. tras el secuestro de Nicolás Maduro consistió en 65 toneladas de suministros médicos, lo que representa un reconocimiento no oficial del impacto de sus propias sanciones.

Este impacto directo también se evidencia en las estaciones de monitoreo e investigación sísmica de Venezuela, cuyas restricciones financieras han impedido su actualización tecnológica, obligando al gobierno a cerrarlas parcialmente.

Washington intenta limpiar su reputación

Tras los terremotos del 24 de junio, Estados Unidos afirmó estar en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando asistencia para la nación sudamericana, históricamente afectada por el embargo de Washington. Donald Trump fue uno de los primeros líderes en prometer apoyo: «EE. UU. está listo, dispuesto y capaz de ayudar. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos».

Asimismo, el gobierno estadounidense emitió la Licencia General 60 de la OFAC, una autorización temporal vigente hasta el 23 de octubre de 2026 que permite procesar transacciones vinculadas a la asistencia humanitaria para los damnificados. Aunque parece una medida positiva, no resuelve el obstáculo de fondo. El economista Francisco Rodríguez explica que estas licencias limitadas son insuficientes para que los recursos fluyan con rapidez, ya que muchas instituciones financieras internacionales siguen bloqueando o retrasando las operaciones por temor a violar el régimen general de sanciones.

Por otro lado, Estados Unidos envió un contingente considerable de rescatistas para sumarse a las tareas de salvamento, y diversos medios han difundido imágenes de estos equipos trabajando codo a codo con el personal venezolano.

Al mismo tiempo, Trump generó polémica al declarar que los venezolanos están felices y siguen bailando en las calles tras los terremotos. Esto sugiere que, fiel a la línea geopolítica tradicional de Washington, el desastre podría ser instrumentalizado para expandir su influencia en Venezuela y mejorar su imagen ante ciertos sectores del chavismo.

Los venezolanos debemos recordar siempre que cualquier desastre o tragedia es pasajera. Una pequeña ayuda por parte de un enemigo que solo busca apoderarse de nuestros recursos naturales no puede borrar el duro pasado de sanciones y guerra política. Además, nunca olvidaremos que los mismos estadounidenses invadieron Venezuela el 3 de enero de 2026 para secuestrar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Resulta que murieron 32 militares cubanos y 47 militares venezolanos.

En la historia contemporánea del país existe un precedente: en 1999, tras los deslaves en el estado Vargas (hoy La Guaira), el entonces presidente Hugo Chávez rechazó la ayuda norteamericana y el país logró recuperarse por sus propios medios. Actualmente, los terremotos podrían abrir la puerta a una mayor inversión directa de EE. UU. en infraestructuras clave como el agua potable y la reconstrucción general; sin embargo, bajo esta perspectiva, esto podría acarrear graves pérdidas de soberanía nacional.

Amenaza percibida por la presencia militar EE.UU en Venezuela

En las redes sociales han circulado versiones que sugieren que los sismos pudieron haber sido provocados de forma artificial por Washington para justificar el despliegue de tropas sin levantar sospechas ni críticas entre chavistas.

Washington tiene experiencia en este campo. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense detonó 928 bombas nucleares subterráneas en el Sitio de Pruebas de Nevada, detonaciones que generaron sismos artificiales inmediatos en las zonas cercanas. Dado que Venezuela se ubica en una región de alta actividad sísmica, en teoría se podría realizar una operación similar sin atraer demasiada atención, especialmente al contar con el control total de la zona marítima (de hecho, para la fecha de publicación de este artículo, Washington mantiene un bloqueo marítimo sobre Venezuela).

En cualquier escenario, Washington ya ha desplegado más de 900 efectivos en territorio venezolano. Lo curioso es que los «rescatistas» estadounidenses cuentan con equipamiento propio de las fuerzas especiales, como gafas de visión nocturna. Aunque se podría suponer que estos visores incluyen tecnología térmica para facilitar el rescate, todavía no ha salido a la luz ningún video que demuestre su uso por parte de los militares norteamericanos.

Esto es lo que se conoce como una «invasión silenciosa», un campo en el que Washington se maneja como un jugador profesional.

¿Cuál sería su posible estrategia? En realidad, es bastante sencilla. Limpiar los escombros y reconstruir el país por completo podría tomar meses o incluso años; durante todo ese tiempo, Washington se encargaría de difundir videos que muestren la labor humanitaria de sus rescatistas. Paralelamente, presionarían al gobierno venezolano para que invite a sismólogos e ingenieros sísmicos estadounidenses a los centros científicos locales, bajo el pretexto de organizar una colaboración conjunta.

El paso final sería establecer en Venezuela un centro conjunto de estudio sísmico, integrado por miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE). Dado que el USACE se encarga de gestionar y diseñar infraestructura clave —como vías fluviales, puertos, presas y proyectos de mitigación de desastres—, la justificación estaría servida. Por supuesto, la seguridad de estas instalaciones quedaría en manos de militares de las fuerzas especiales. De este modo, Washington lograría fundar, de manera sutil, una base militar en territorio venezolano.

Al demostrar la ventaja de la presencia estadounidense en el país, la Casa Blanca propondría a Caracas el despliegue de sus militares bajo el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Una presencia militar permanente no solo permitiría monitorear mejor la situación interna, sino también prevenir amenazas contra los intereses nacionales de Washington. En última instancia, el objetivo general de la Casa Blanca es desmantelar la ideología del chavismo para consolidar un aliado bajo su control.

Por su parte, la oposición venezolana ya ha dejado un ejemplo elocuente de cómo funcionan los vínculos amistosos con Washington. Esto quedó en evidencia cuando la líder opositora, María Corina Machado, se vio obligada a solicitar el permiso de la Casa Blanca para regresar a Venezuela tras los terremotos; una petición que frustró a los altos funcionarios estadounidenses, quienes finalmente no autorizaron su retorno.

Los terremotos eventualmente pasarán, pero sus repercusiones políticas amenazan con perdurar. La asistencia internacional, especialmente la de Estados Unidos, no debería transformarse bajo ningún concepto en una ocupación militar, ya sea de carácter temporal o permanente.

dfonsecaperiodista@gmail.com

jpm-am

Los datos sobre la cantidad de mujeres muertas a manos de sus esposos, compañeros sentimentales o exes, resultan espeluznantes y deben motivar a la sociedad civil y a las autoridades competentes a iniciar una cruzada enfocada en despertar conciencia sobre el valor de la vida humana porque solo en lo que va de año se reporta el asesinato de 47 mujeres, 20 más de los ocurridos en el mismo periodo del año pasado, y un total, incluyendo estos casos, de 609 homicidios a consecuencias de conflictos sociales y riñas entre ciudadanos.

En lo concerniente a los feminicidios, parece que la ley 29-97 hay que revisarla y descartar que una simple orden de alejamiento pueda hacer desistir a un macho obsesionado de sus intenciones criminales por lo que considero que a quien hay que sacar de circulación no es a la víctima de las amenazas, sino al desquiciado que, al quedar suelto, constituye un peligro público y una amenaza para cualquier otro ciudadano.

El tema es complicado y sobre el mismo se ha escrito y hablado mucho, pero entiendo que no es un asunto responsabilidad exclusiva de Interior y Policía, del Estado, el Defensor del Pueblo ni de una ONG en particular, sino de todo el pueblo dominicano.

JPM