Cambio de funcionarios

En la Administración Pública dominicana se ha vuelto cada vez más frecuente recurrir al cambio de funcionarios como respuesta a los problemas institucionales.

Cuando una institución presenta dificultades, baja ejecución, cuestionamientos o falta de resultados, la respuesta suele ser sustituir al funcionario de turno.

Pero cabe preguntarse: ¿realmente se está solucionando el problema o simplemente se pretende bajar la presión cambiando la cara de quien lo administra?

El problema fundamental del Estado no se resuelve con sustituciones constantes. Se resuelve con políticas públicas claras, planificación estratégica, planes plurianuales, presupuestos vinculados a objetivos, ejecución disciplinada, monitoreo permanente y evaluación de resultados.

La gestión pública no puede depender de la personalidad, visión o voluntad del funcionario que ocupa temporalmente un cargo. Una institución seria, y moderna, debe contar con una ruta institucional que trascienda a las personas y permita garantizar continuidad en las políticas públicas.

Existe un ciclo que está llamado a ser permanente en la gestión pública: diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución, monitoreo, evaluación, corrección, mejora y replanificación. Ese ciclo no puede detenerse, o cambiarse, cada vez que se produce un cambio de funcionario.

Cuando llega una nueva autoridad y todo comienza nuevamente, se pierde la memoria institucional, se interrumpen procesos, se desperdician recursos y se retrasa el cumplimiento de objetivos, y, sobre todo, se genera una peligrosa cultura de improvisación.

Por supuesto, hay circunstancias en las que un funcionario debe ser removido. Cuando existen incompetencia, incumplimiento, corrupción o pérdida de confianza, la sustitución puede ser necesaria. Pero la sustitución de una persona no puede confundirse con una reforma de la institución, y mucho menos, con una política pública.

La pregunta correcta no debería ser solamente quién debe ocupar el cargo. Debería ser: ¿cuál es la política pública que se está ejecutando?, ¿qué resultados se esperaban?, ¿qué metas fueron alcanzadas?, ¿qué indicadores muestran avances?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué debe corregirse y qué debe mantenerse?

Sin evaluación, el cambio de funcionario termina convirtiéndose en una decisión política o administrativa sin capacidad real para transformar la situación y garantizar una buena gestión.

Porque gobernar no es simplemente administrar instituciones ni sustituir funcionarios. Gobernar implica definir objetivos, establecer prioridades, asignar recursos, ejecutar políticas, medir resultados y corregir aquello que no funciona.

Por eso, cada administración debería recibir las políticas, planes y programas existentes, evaluarlos objetivamente y decidir cuáles deben mantenerse, cuáles deben modificarse y cuáles deben sustituirse. No debería existir la lógica de que cada nuevo funcionario tiene que empezar desde cero para demostrar que está haciendo algo diferente.

La verdadera modernización del Estado exige fortalecer la institucionalidad y construir sistemas capaces de producir resultados independientemente de quién esté sentado en el despacho.

Cambiar funcionarios puede ser una decisión administrativa coyuntural. Cambiar la forma de gestionar el Estado es una decisión de política pública.

Y ese es precisamente el riesgo: que cambiar funcionarios termine convirtiéndose en política de Estado, mientras la planificación, la evaluación y la gestión por resultados quedan relegadas a un segundo plano.

La República Dominicana necesita menos improvisación y más planificación, menos decisiones coyunturales y más políticas de Estado, menos dependencia de las personas y más fortaleza institucional.

Porque al final, el éxito de un gobierno no debería medirse por cuántos funcionarios cambia, sino por cuántas políticas públicas logra ejecutar y cuántos buenos resultados consigue para la sociedad.