POR JULIO GARÓ MENDEZ

Las invasiones de terrenos han tomado una connotación distinta.  Anteriormente se organizaban ocupaciones de propiedades del Estado o que estuvieran en estado de abandono. Ahora las hacen bandas  armadas  que no respetan los derechos de propiedades  públicas o privadas.

Las consecuencias son varias:

Primero, se afecta un derecho civil y económico  señalado por la Constitución de la República, que en  su artículo 51 señala:  “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

Segundo, la seguridad jurídica es afectada, y de igual modo la seguridad social y la seguridad personal de promotores y compradores.

En tercer lugar,  se afecta el desarrollo económico, urbanístico y social.

Por ello, es tiempo de que se preste atención a este mal social.   Es por tanto oportuno solicitar que el Estado, a través de los organismos responsables, intervenga  y unifique  esfuerzos para auxiliar aquellos propietarios que están sufriendo este tipo de violencia.

Entendemos que la Policía Nacional, como órgano responsable de la seguridad de los ciudadanos, en cumplimiento de su función preventiva y represiva contra los delitos y crímenes, y el Ministerio Público, en su rol de investigar, acusar y presentar las pruebas, deberían de actuar en consecuencia.

El Poder Judicial debe ser más eficiente en cuanto a la sanción a tiempo, porque una justicia tardía es una justicia inexistente y denegada.

El caso más reciente es el de hechos vandálicos ocurridos en Santo Domingo Este, específicamente en el sector Riviera del Caribe, ubicado en la autopista de Las Américas, donde invasores, en complicidad con abogados y notarios, han estafado a numerosas personas, vendiéndoles  “posesiones” ininterrumpidas en inmuebles registrados, obteniendo, producto de esta estafa,  gran suma de dinero.

Tal ocurrió con otros estafados, a quienes les fue vendida una gran porción de terreno amparado en documentos falsos.  Entre los afectados figura un pelotero profesional que partió del país y ni siquiera sabe de esta situación, en la que los  verdaderos dueños han puesto en manos de abogados la acción judicial correspondiente.

El Gobierno desarrolla un importante plan de inversiones, como la ampliación del Metro hasta el Aeropuerto de Las Américas, la ampliación de la Avenida Ecológica, y también hay  inversiones privadas, como el recién inaugurado Centro Logístico de un importante supermercado, a cuya ceremonia asistió el Señor Presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó la importancia de la inversión privada y el clima de seguridad contra la delincuencia y la seguridad jurídica de este gobierno.

Previamente, el Primer Mandatario había asistido a la inauguración del Centro  Logístico de un importante Banco Internacional en la zona de Las Américas y fue anunciada la construcción de más de 2,000 apartamentos bajo la modalidad del  fideicomiso, con auxilio del Gobierno a través del plan «Vivienda Feliz”, de los cuales se inaugurará la primera etapa próximamente. Es decir, la zona se está desarrollando con importantes inversiones, tanto del sector privado como del público.

Bienes Nacionales, el CEA y la comisión recientemente creada por decreto, son los que, según el Gobierno, se encargarán de blindar todos los terrenos  vírgenes del Gran Santo Domingo así como los  de Las Américas, como continuadores jurídicos de las ventas de solares vendidos y no entregados a sus propietarios, y que todavía están a nombre de esas instituciones.

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Sabíamos que había corrupción, que la mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana habían perdido el rumbo, que traicionaron el legado de su fundador y guía, profesor Juan Bosch, que aseguró que ningún peledeísta se haría rico con el dinero del Estado, porque estaban en el partido para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo, como en efecto ocurrió tan pronto llegaron al gobierno tras un pacto rastrero y racista para impedir que el doctor José Francisco Peña Gómez ganara las elecciones del año 1996.

Sabíamos que había corrupción porque la mayoría de los dirigentes del PLD no soportaba una auditoria visual al mudarse de los barrios pobres y de clase media a lujosos apartamentos en los lugares más céntricos de la ciudad, porque llegaron en chancletas y las cambiaron por yipetas, porque se divorciaron o compraron jóvenes amantes, porque compraron villas y castillas tanto en el país como en el extranjero, porque sin dar un golpe ni de barriga o de karate, sin sacarse la lotería ni heredar
fortuna, se enriquecieron al amparo del Estado, del narcotráfico, del crimen organizado y del lavado de activo. No sólo se corrompieron, sino que corrompieron la sociedad haciéndole un daño irreparable.

El PLD de las rifas callejeras para adquirir fondos para mantener el partido, el PLD de los  “compañeros” pregonando el periódico “Vanguardia”; el PLD limpio y transparente, el PLD que publicó los “álbumes de la corrupción” en contra de los gobiernos del partido reformista y del PRD; el PLD que prometió resolver el problema eléctrico del país en seis meses, el que dijo que acabaría con la corrupción, se convirtió en el partido más corrupto de la historia, con los gobiernos igualmente más corruptos de todos los tiempos, desapareció por completo, como si se lo hubiera tragado la tierra. (La corrupción, mejor dicho).

Ah, sí lo hubiéramos sabido, si tan solo lo hubiéramos imaginado. Pero era imposible.

Solo Bosch, con su inteligencia, con su conocimiento sobre el comportamiento de la clase media, “arribita y trepadora”, lo advirtió en una ocasión cuando renunció del PLD.

Sabíamos que había corrupción. Siempre la ha habido, ¿cuánto no? Lo que no podíamos sospechar es que fuera tanta. La hipercorrupción se develó ahora, con la llegada al poder de Luís Abinader y la designación de Mirian Germán como Procuradora General de la República, sin ataduras políticas ni partidaria, con el mandato único de actuar de manera independiente con apego estricto a la Constitución y las leyes. Ahora, con un presidente trabajador y honesto, con un ministerio público encabezado por una mujer igualmente honesta y trabajadora, sin compromiso con la corrupción, venga de donde venga, es que nos damos cuenta de la magnitud del robo del erario.

Basta con leer el expediente de tres mil 500 páginas del caso anti pulpo para darnos cuenta: basta con ver los demás expedientes para que se nos erice la piel, para que la rabia y la impotencia nos suba por
los pies hasta llegar a la cabeza llena de odio y rencor contra los políticos corruptos que depredaron el país para llenarse los bolsillos. Y aun falta más, mucho más, porque las investigaciones no terminan. Si la justicia sigue como va, sin miedo ni temor, veremos caer a otros grandes, muy grandes, a los verdaderos pulpos, a los que comieron tiburones podridos, a los que prefirieron “pagar para no matar”.

Si lo hubiéramos sabido! Si hubiéramos conocido las pandillas antes de llevarlas al poder. ¡Ay si lo
hubiéramos sabido! ¡Ay!.

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