Este ha sido un secreto a voces que ha llegado hasta los oídos de cada dominicano vivo. En todos los rincones del país se registró la opinión generalizada de que: “si hay dos instituciones desacreditadas en Quisqueya, ellas son el Congreso y la Policía Nacional”. Puede que haya algo de exageración en el juicio y bastante de politiquería e intriga; pero, los hechos han demostrado que no estamos tan lejos de la realidad. 

Y ésto es muy lamentable porque tanto el primero, como la segunda, son organismos vitales para la sociedad. Si cualquiera de ellos fallare en sus funciones, el caos emerge y se instaura como la “regla del juego”. Si el Congreso no es capaz de hacer las leyes y fiscalizar las acciones del Gobierno en representación del pueblo, tal y como especifica la constitución vigente, no hay posibilidad alguna de que podamos sobrevivir como un estado independiente y progresista. 

Sobre la Policía Nacional, aun tenemos posibilidad de reencauzarla cuando finalmente se hagan las reformas propuestas. Pero, lo del Congreso, eso sí que es preocupante, dado el nivel de autonomía que tiene el “primer poder” del Estado, lo cual no sucede con la Policía.  

Por el momento, concentremos la atención en la cámara alta del Congreso y veamos qué tantos desaciertos hay en su accionar y cuánto peligro pudiera encerrarse en esa acción revanchista que tomaron cuando la sociedad protestó por los privilegios que ellos mismos se han asignado. 

En este mismo periódico, en la edición de noviembre 2 del corriente, el empresario Franklin Báez Brugal hace una brillante exposición, a manera de crítica, de lo que él en persona identifica como: “La rabieta de los senadores”. Es un artículo que todos los ciudadanos deben leer y dejar sus comentarios, para testimoniar su apoyo o rechazo a lo que plantea don Franklin con tanta claridad. 

Yo, por mi parte, prefiero abordar el asunto desde otro ángulo y presentar una arista un tanto más comprometedora. Me baso en el escenario que de seguro se presentará si los senadores insisten en eliminar todas las exenciones fiscales, aunque sabemos que algunas de ellas son incentivos para la producción y no vulgares privilegios como las exoneraciones de automóviles de lujo, que los congresistas venden a terceros, violando las leyes que las justifican. 

Aquí lo que se ve es una virtual confrontación entre una parte del congreso (compuesta por la mayoría de los senadores y ciertos diputados) por un lado, y por el otro, el poder ejecutivo, los restantes congresistas y el partido de gobierno. En este ambiente sin sentido político para un gobierno en su primer período, es muy fácil que se produzca un boicot al presidente Luis Abinader, que sería de consecuencias catastróficas para el Partido Revolucionario Moderno y el pueblo en general. 

Alguien dirá que mi razonar resulta muy trágico pero, con una oposición acorralada por la justicia, desesperada por volver al poder y “capaz de todo”, haciéndole el juego a un congreso repleto de aprendices de la política, “tontos útiles” que no advierten el peligro que puede generar su aventura, creo que hasta conservadora podrían resultar mis presunciones. 

Sin embargo, y a pesar de lo preocupante que me parece la situación, veo luz al final del túnel. Estoy convencido de que si el presidente Abinader se emplea a fondo, logrará apaciguar este conato de incendio. Porque si bien es cierto que estamos en presencia de muchachos jugando con fósforos en presencia de gasolina, no es menos cierto que no son locos ni mucho menos suicidas, aunque sí muy oportunistas. 

Cuando el partido perciba que ese juego irresponsable e insensato, que hace peligrar la permanencia en el poder y por tanto, afecta los intereses de las mayorías, obligará a buscar respuestas mas contundentes para enfrentar la conspiración. En ese preciso momento concluyen las carreras políticas de los protagonistas y tendremos en el 2024 un congreso totalmente renovado. 

De nuevo, debo repetir: la bola está en la cancha del comandante en jefe y sólo él tiene prestigio y autoridad para hacer entrar en razón a los descarriados.

 Este gobierno ha sentado las bases éticas para mantenerse en el poder y hacer las transformaciones que demanda la sociedad que votó por su programa; y le dio el mandato para adecentar el país, eliminando la corrupción y la insolente impunidad. 

¡Presidente, disponga los correctivos y evite que la cizaña ocupe el conuco entero!

jpm-am

Por JESUS DE LA ROSA

El culto al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina opacaba la meritoria labor de algunos de sus funcionarios. El 11 de abril de 1936, el presidente Trujillo nombró a Víctor Garrido secretario de Estado de Educación y Bellas Artes en sustitución del poeta Ramón Emilio Jiménez.

Una de las primeras medidas del recién nombrado fue la de ordenar la revisión de los variados planes y programas de estudios entonces vigentes y la incorporación de los mismos en solo tres niveles de enseñanza: primaria básico; primaria superior y secundario, este último, con dos modalidades: bachillerato y pedagógico.

Como consecuencia de esas y otras medidas, el programa de estudios de la enseñanza primaria básica, dirigido a niños que hubieran cumplidos los seis años de edad quedó subdividido en tres grados de dos cursos cada uno; y a los dos cursos primarios superiores se les agregaron los aprendizajes de unos que otros oficios.

También, bajo la dirección de Víctor Garrido fueron revisados los planes y programas de estudios del nivel secundario para niños y adolescentes que quedó en tres años de estudios comunes y uno de estudios especializados: Filosofía y Letras, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Físicas y Naturales y Ciencias Pedagógicas.

Los cursos especializados en filosofía, matemáticas y ciencias naturales estuvieron dirigidos a la obtención del título de bachiller; en tanto que el especializado en ciencias pedagógicas al de Maestro Normal de Segunda Enseñanza.
Paralelamente al ordenamiento señalado en el párrafo anterior se implementó un programa de economía doméstica de cuatro años de duración para la formación de niñas y adolescentes en cuestiones del hogar.

Por medio de la Ordenanza No. 510-38 se reglamentó todo lo relacionado con los programas de estudios y el funcionamiento de las Escuelas de Comercio y se formuló un programa de estudios de tres años de duración conducente a la obtención del título de Tenedor de Libros, equivalente al de Contador Público.

Otras medidas de importancia implementadas durante la gestión de Víctor Garrido fueron: las distribuciones de las escuelas públicas de la ciudad capital; la designación de maestros las escuelas vocacionales. Incluida la de canto; la reglamentación de los exámenes; y la prohibición del uso de uniforme para el personal docente y administrativo de las escuelas públicas.

En ese periodo se llevó a cabo una reorganización administrativa de la Secretaría de Educación y Bellas Artes; también, se establecieron rigorosos controles en lo concerniente al empleo y uso del material gastable.

Fue muy positiva la labor de Víctor Garrido al frente de la cartera de Educación. Durante su gestión se reorganizaron los planes y programas de estudios; se llevó a cabo una reforma administrativa; la enseñanza vocacional recibió un decisivo impulso; se contrataron técnicos extranjeros; y una buena parte del magisterio dominicano disfrutó de la oportunidad de conocer las más avanzadas técnicas del quehacer pedagógico.

Pero, la verdad oficial no registra ese hecho ni mucho menos le acredita el progreso experimentado por la escuela dominicana a la labor desplegada por Víctor Garrido y por su equipo de colaboradores. Lo que cuenta en los documentos de la época es que todo se debió “al genio renovador y dinámico del insigne estadista, a quien, en un acto de justiciero reconocimiento, se le ha designado con el título de Primer Maestro de la República Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, auténtico creador de la Nueva Escuela Dominicana”

Mediante el decreto 561, de fecha 20 de febrero de 1940, del presidente Jacinto Peynado fue designado secretario de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes, el licenciado Díaz Ordoñez, intelectual de fuste, hombre de basta y sólida cultura y, por supuesto, de arraigada fe trujillista.

Una de las primeras disposiciones de Díaz Ordóñez fue la preparación de un plan de reformas de los servicios técnicos de la Secretaría de Educación. Dicho plan respondía al propósito de establecer una organización adecuada a los propósitos de dicha dependencia estatal.

El destacado intelectual petromacorisano incorporó a esa dependencia estatal –por supuesto, con la anuencia de Trujillo- profesores y técnicos extranjeros, acreditados por su larga experiencia y conocimientos en la materia con el propósito de que contribuyeran a facilitar el desarrollo del sistema dominicano de instrucción pública; acción ésta que demandaba los servicios de hábiles expertos que el país no tenía.

Los servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes se vieron reforzados con la llegada al país de un grupo de profesores extranjeros de tintas ramas de la enseñanza.

Las labores que desempeñan esos técnicos se distribuyeron en la forma siguiente: a) organización y reorganización de las escuelas secundarias; organización de la supervisión escolar; b) reorganización de los planes de estudios de la enseñanza primaria y normalista; c) atención especial a las escuelas rurales; d) fundación de un laboratorio de psicología experimental; y e) la elaboración de un programa de enseñanza dirigida a débiles mentales.

JPM