En los últimos días ha habido crecientes quejas de conductores porque, alegadamente, policías de la DIGESETT están imponiendo multas en forma indiscriminada,  por supuestas violaciones a disposiciones de tránsito.

Sin haber iniciado previamente una campaña educativa sobre el contenido de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, los agentes de la DIGESETT parece que han sido lanzados a las calles a detectar «violaciones».

“Parecen estar más interesados en captar dinero para la DIGESETT a través de multas, que en organizar un tránsito que cada vez se torna más caótico”, expresó a viva voz un conductor indignado, a quien le fue impuesta una sanción porque, para evitar violar la luz roja de un semáforo, optó por detenerse encima de una de las rayas destinadas al cruce de peatones.

La DIGESETT  ahora una dependencia de la Policía Nacional,  dirigida por el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, PN.

sp-am

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, a una instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la Pepca mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.

La solicitud de Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que, junto a la Pepca, procedieron a la reserva total de la fase de la investigación. Eso, basado en que, según el planteamiento de la directora de la Persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones, distintas a la investigación que se llevó a cabo por el caso Antipulpo.

Reynoso explicó que por esas situaciones Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.

Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción.

“La reserva de la investigación a más de 18 meses de iniciada ésta, habiéndose practicado medidas de coerción (como la citación, interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias) carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal”, señala.

Dijo que impedir el acceso a la carpeta fiscal equivale a impedir el acceso a las pruebas, lo que a su vez imposibilita el ejercicio del derecho de defensa y transgrede el debido proceso.  “Esto ha coartado la posibilidad de ejercer la defensa técnica y la defensa material durante más de un año”, alega.

 

SANTO DOMINGO.- El Gobierno no contempla, por el momento, aplicar aumentos de salario en el sector público, señaló este martes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

«Ustedes saben que el Gobierno como tal tiene otras limitaciones y otras realidades; tenemos hasta mandatos de ley que regulan el tema», expuso,  durante una entrevista en el programa El Día, de Telesistema canal 11.

Señaló que los incrementos de salarios realizados por algunos funcionarios son inoportunos e imprudentes como los ha catalogado el propio presidente Luis Abinader.

cfl-am

BARAHONA.-  El Tribunal de Atención Permanente de esta provincia impuso medidas de coerción contra tres empleados de la Junta Central Electoral  (JCE),  dos dominicanos y seis haitianos ilegales acusados de integrar una red que se dedicaba a la suplantación de identidad y falsedad de documentos.

Según documento enviado a ALMOMENTO.NET el arresto se produjo tras una labor de inteligencia desarrollada durante varios meses en las comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, con la participación de las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la JCE.

Asimismo, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro Civil.

IMPUTADOS

Dijo que a Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, quienes  fungían como empleados de las oficialías de Neiba y Galván,  se les impuso tres meses de prisión preventiva, mientras que, al también servidor de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa,  una garantía económica y presentación periódica.

Asimismo, a  Caridad Eugenia Rodríguez Contreras y Dominguito López Pérez, se les impuso tres meses de prisión preventiva; y a los haitianos ilegales Michell Ange Bien Aime, Josué Dupont y/o Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice, se les impuso  seis meses bajo la vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.

«Conforme a las indagatorias el modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a los ciudadanos extranjeros ilegales en las inmediaciones de la Oficialía de la 12va. Circunscripción de Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo tipo de documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio dominicano», indicó el documento.

an/am

SANTO DOMINGO.- En momentos en que cumple dos años y el presidente Luis Abinader hace aprestos para su reelección, el gobierno de la República Dominicana ha comenzado a recibir crecientes presiones de grupos sociales que hacen reclamos reinvindicativos.

FISCALES AMENAZAN PARALIZAR TRIBUNALES

La mas singificativa de ellas proviene de empleados del Ministerio Público, quienes exigen que le sean entregados recursos a la Procuraduría General de la República para el Plan de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de estos servidores del Estado.  Reclaman también que le sean aumentados sus salarios a fin de igualarlos con los que devengan otros miembros del Poder Judicial.

El doctor Francisco Rodríguez Camilo, presidente y coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), advirtió que si no son satisfechas estas demandas, los fiscales paralizarían sus labores.

Dijo que han llevado estos reclamos de manera formal al presidente Luis Abinader, al Consejo Superior del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República.

Estas exigencias son hechas en momentos en que las autoridades judiciales se preparan para conocer juicios de fondo contra ex funciodnarios acusados de cometer actos de corrupción.  También, cuando los tribunales están congestionados por casos pendientes de conocer, de distintos géneros.

POLICIAS Y MILITARES RETIRADOS

Otra presión significativa es la que han comenzado a ejercer policías y militares retiraros, en reclamo de mejores condiciones salariales, cobertura “digna” del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el pago a los 2,712 miembros de la Policía que fueron retirados el pasado 2 de marzo, entre otras cosas.

Los policías y militares realizaron una marcha pacífica este martes  desde una de las calles aledañas al Palacio de la Policía Nacional hasta la parte trasera del Palacio Nacional.

El teniente retirado Calendario Rodríguez, uno de los manifestantes,  dijo que el 6% de sus ingresos que durante sus años de servcicio les fue descontado, no les ha sido devuelto tras su retiro.

“El Gobierno no mira para donde los veteranos, porque no les interesa”, dijo el general retirado Damián Arias Matos.

Estos reclamos de los policías y militares pensionados se producen en momentos en el Gobierno está iniciando un plan de seguridad nacional para tratar de frenar asaltos, crímenes y otros hechos delictivos que, en forma creciente, se producen en el país.

 

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó 565 paquetes de cocaína próximo a las costas de Baní, en la provincia Peravia.

En el operativo marítimo que se extendió por más de 20 horas participaron, además, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público.

La droga estaba en una lancha rápida procedente de Colombia que fue interceptada a varias millas náuticas de Punta Salinas y que era tripulada por los dominicanos José Luis Abreu Sánchez y Jorge Luis Vásquez Polanco, quienes fueron detenidos.

Además de la droga, fueron ocupados varios garrafones de gasolina, dos GPS, un teléfono satelital, tres celulares, dos motores fuera de borda de 60 Hp cada uno, una lona y chalecos salvavidas, entre otras evidencias.