SANTO DOMINGO. – República Dominicana ha establecido sesenta y dos nuevas rutas internacionales en los dos últimos años, lo que se traduce en mayor oferta de conectividad para los usuarios del transporte aéreo, dijo el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) José Ernesto Marte Piantini .

Señaló que en la modalidad de vuelos chárter desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha han operado en el país 452 líneas aéreas, mientras que, durante el año 2019, año previo a la pandemia operaban solo 216 líneas aéreas bajo esta modalidad.

Agregó que antes de la pandemia en el país operaban 56 líneas aéreas en vuelos regulares y hoy gracias a las facilidades del Estado Dominicano, hay 62 operadores de vuelos regulares desde y hacia el territorio nacional.

“La fórmula es bastante simple, a mayor conectividad aérea mayor será la captación de pasajeros internacionales y mayor el intercambio comercial entre países”, dijo.

Destacó las nuevas  conexiones desde y hacia  Piarco (Trinidad y Tobago), Katowice (Polonia), Estambul (Turquía), Lisboa y Oporto (Portugal), Cagliari-Elmas (Italia), Pointe a Pitre (Guadalupe), Fort de France (Martinica), Saint Croix y Saint John (Islas Vírgenes), Nassau (Bahamas), Cayenne (Guayana), Kazán (Rusia), entre otros destinos.

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SANTO DOMINGO.- El Senado de la República recibió este miércoles el proyecto de ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sometido por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa fue entregada al presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Según la pieza serían creados cinco departamentos en esta área, ubicados en Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Santiago, San Francisco de Macorís y Azua.

Peralta destacó que acudió al Congreso a depositar la pieza legislativa con la intención de llamar la atención de los legisladores sobre su trascendencia para el sistema judicial de la República Dominicana.

“Estamos depositando el proyecto en manos del presidente del senado, Eduardo Estrella, con la esperanza de que, en el menor tiempo posible, la iniciativa se convierta en Ley, y así el Tribunal Superior Administrativo tenga finalmente una normativa legal que lo regule, y sustituya una legislación que tiene 75 años de antigüedad”, expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene por objetivo garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en su relación con la administración pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda la conducta, acto, actuación y omisión de la administración pública.

Propone que la jurisdicción contenciosa administrativa sea ejercida por los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia unipersonales; los tribunales superiores administrativos, conformados por una o varias salas integradas, por no menos de tres jueces, y la Suprema Corte de Justicia, como tribunales de casación, entre otros elementos.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La entrada en vigor de la Ley 183-02, hace 20 años, ha sido fundamental para el crecimiento y desarrollo del sistema financiero dominicano, pues le provee un marco regulatorio moderno que ha sentado las bases para la adaptación del sector a las tendencias internacionales.

En ello coincidieron juristas que participaron en el Primer Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, celebrado aquí por la Superintendencia de Bancos (SB) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La actividad reunió cerca de 20 expositores nacionales y extranjeros, que abordaron desde diferentes perspectivas los fundamentos legales del sector financiero dominicano y sus desafíos de cara a las nuevas tendencias digitales. También contó con la asistencia de estudiantes, abogados en ejercicio y público en general.

“La Ley Monetaria y Financiera es la primera de todas las leyes en República Dominicana que da el verdadero alcance al concepto de regulación, que también es un instrumento para la buena marcha de sectores que tienen una trascendencia de alto interés público”, expresó el jurista Olivo Rodríguez Huerta durante un conversatorio sobre «Principios y Fundamentos del Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera», en el que también participaron las académicas Rosina de la Cruz Alvarado (RD) y Mirian Mabel Ivanega (Argentina).

De la Cruz Alvarado resaltó que la regulación monetaria crea instituciones independientes y con un alto nivel de tecnificación que posibilita hacer un ejercicio regulador y sancionador más eficiente, en procura los mejores intereses económicos de la nación.

En tanto que Ivanega aportó que la regulación monetaria provee un marco jurídico idóneo para conocer las cuestiones particulares que atañen a los sectores bajo sus competencias, complementando así a la legislación administrativa y penal.

De igual manera, durante diferentes intervenciones, otros expositores abordaron los retos que enfrenta el sector ante e lavance de las monedas digitales y los nuevos canales alternos para la provisión de servicios financieros.

En ese sentido, coincidieron en que la economía digital está transformando el ecosistema financiero global, situación que debe ser abordada no solo desde la perspectiva de las entidades de intermediación financiera, sino también desde los reguladores.

ROL ACTIVO DE LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS

Al dar apertura a la actividad, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que su gestión se ha propuesto jugar un rol activo en el debate de ideas en materia de regulación bancaria, aportando al fortalecimiento del sector y así contribuir a la sociedad.

Resaltó el aporte de las universidades y academias del derecho al incentivar mejoras en las prácticas bancarias, mediante el estudio y enseñanza.

Además del superintendente de Bancos, el acto de inicio del evento contó con la presencia del profesor Julio Ferreira, vicerrector académico de la PUCMM, quien valoró la importancia de espacios académicos como este foro y felicitó a la escuela de Derecho del campus de Santiago y a la SB por su organización.    

MESA DE HONOR

La mesa de honor estuvo compuesta, además, por Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; Luis Valdez, director de la Dirección General de Impuestos Internos; Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Luz Marte, consultora jurídica de la SB; y Anné Gómez, directora de Escuela de Derecho del campus de Santiago de la PUCMM.

Otros invitados extranjeros que expusieron en el congreso fueron los juristas Víctor Hernández-Mendible (Venezuela), Rosa María Lastra (Reino Unido), Gustavo Vega (Argentina), Miriam Stern Velázquez (Reino Unido) y José Carlos Laguna de Paz (España).

De República Dominicana, participaron Manuel Fermín Cabral, Luisa Nuño, Rafael Dickson Morales, Esperanza Cabral, Sarah de León Perelló, Omar Victoria Contreras, Enmanuel Cedeño Brea, Aileen Guzmán Coste, María Elisa Holguín, Guillermo Jorge y Luis Julio Jiménez.

De igual manera, Marielle Garrigó, Kharim Maluf Jorge, Mario Leslie Soto, María Teresa Fernández y María Fernanda Sansur, del equipo de la SB.

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