POR GUARIONEX LUPERON 

El fideicomiso público más que el privado es un extraño instrumento o figura jurídica y económica que como lo está implementando el Gobierno en todos los ámbitos de la vida nacional va a dar mucha agua a beber.  

Al igual que José Israel Cuello, considero que, a estas alturas de nuestro desarrollo institucional, venir «El cambio¨ con esto del fideicomiso público para Punta Catalina y todos los demás, es una derrota al proceso de consolidación institucional que ha experimentado la administración pública dominicana, instaurando un marco legal para el ejercicio de una ¨gobernanza eficiente y transparente». 

Un triunfo como dice Ramón Alburquerque a la incapacidad de la dirigencia de los partidos, que se han dedicado, sin excepción a entregarle los bienes públicos a la oligarquía. Una gran verdad de Ramón que ha venido enarbolando un discurso disidente no con el eco que merece su estatura académica, su larga carrera política y su paso por la administración pública. 

Pero si el fideicomiso público es la expresión del fracaso del conjunto de leyes y reformas estructurales que, en los últimos 30 años, se han puesto en marcha para crear la infraestructura institucional del país, peor aún, es el descaro de los partidos políticos dominicanos mayoritarios, y de los políticos, elaborando comunicados, cuestionando el fideicomiso de Punta Catalina.  

Como si ellos, en la misma situación que el Gobierno del PRM, actuaran de modo diferente. Estoy seguro que harían lo mismo o peor. Porque el Gobierno anterior hizo hasta análisis de sensibilidad con diversos escenarios y estaban listos para vender la mitad de los activos de Punta Catalina. 

Los partidos mayoritarios han levantado la voz, porque la gente en las redes sociales se ha sublevado contra un acto administrativo que a todas luces no parece decente.

Legal pero poco legítimo y sin transparencia, semejante al modelo de negocio de los fondos de pensiones, donde los dueños de las AFP, usando una parte del rendimiento de los fondos de los afiliados pagan una ¨pensión minina legal de RD $ 11,900¨ a los afiliados que no tienen 300 cotizaciones. Pensiones de miseria que realizan mediante un ¨retiro programado de los fondos¨. 

Monto por debajo del rendimiento mensual, que a largo plazo solo beneficia a los dueños de las AFP. Porque los fondos de la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado, mientras ellos hacen todo tipo de negocios en el mercado de capitales, los afiliados se descapitalizan. Mejor dicho, mientras el afiliado envejece se apropian del capital y parte de los rendimientos de los fondos. Un plan perfecto, apadrinado por los partidos políticos. 

El presidente Abinader, no debe molestarse con la reacción de la opinión pública (una cosa rara en el presidente, que siempre tiene una actitud de concertación) ni preguntar ¿por qué ellos están preocupados? 

No, la realidad es que hay una parte importante de la nación que está cuestionando el fideicomiso de Punta Catalina. Otra parte, señor presidente, nunca se inquieta, se acomoda con los huesos.  

Usted ha dicho ¨Que no se va a vender¨, eso puede ser verdad, pero el fideicomiso público de Punta Catalina, deja brecha para pensar la posibilidad de la venta de parte de los activos. Sobre todo, con las experiencias que existe en Latinoamérica con la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que se ha utilizado para impulsar las inversiones privadas a través de los fideicomisos públicos.  

Y también, como está estructurado el ¨contrato¨ y los actores intervinientes del fideicomiso Punta Catalina que cursa a nivel congresual, sí puede convertirse en un instrumento para hacer negocio al margen de las instituciones de control del Estado.   

Además, señor presidente Abinader qué necesidad tiene el Estado dominicano de renunciar a administrar un bien público como la Termo Eléctrica Punta Catalina. De hecho, Jaime Aristy Escuder, acaba de demostrar que se puede hacer una buena gerencia administrativa. Y estoy seguro, que en el PRM y en el país, hay cientos de dominicanos calificados para encabezar una gestión exitosa. 

Lo ideal es que el presidente Abinader, un hombre joven, tenga fe en la capacidad de los dominicanos y pare el festival de fideicomisos públicos: Punta Catalina, la Policía, Pedernales y ustedes verán, que por ahí viene, también el puerto de Manzanillo. Los bienes públicos tienen que estar al alcance de los poderes públicos.  

No hay razones de ningún tipo, menos política, porque si es por eliminar la injerencia política que se ha tomado la decisión del fideicomiso de Punta Catalina como dijo el ministro Antonio Almonte, entonces, si es verdad que hemos tirado la toalla como sociedad. ¿De qué ha valido todas estas reformas institucionales, las leyes, los pactos, la formación de capacidades y las consultas ciudadanas? De nada.

jpm-am  

La eliminación de los subsidios es un trago amargo. Es un riesgo político, que puede reducir los márgenes de popularidad  del gobierno. Es, además, una apretada faja que se coloca en la cintura de la mayoría de los dominicanos. Hay un sector empresarial que está de acuerdo con la eliminación de los subsidios, pero no piensa en sus  efectos colaterales.

Por siempre el gobierno no puede estar subvencionando casi todos los renglones de la vida nacional. Es una carga demasiado pesada. Ahora su componente social obliga a que los subsidios no se puedan suspender de golpe y porrazo. Hacerlo sería tornar insoportable el costo de la  vida.

Es una norma tradicional de todos los gobiernos establecer subsidios, para granjearse simpatías populares o empresariales. En muchas ocasiones no se daban  condiciones para esas facilidades, y se llegó a ofrecer servicios y   productos por debajo del costo de producción.

Todos esos gobiernos intentaron romper con los subsidios, pero al final prefirieron dejarlos, y evitar de esa forma que mermarán sus niveles de popularidad. El gobierno actual podría ahora llevar a cabo una tarea de ir podando la subvención a servicios y productos, para que se ofrezcan  con los vaivenes del mercado.

Si bien es necesario desmontar subsidios, el presidente Luis Abinader debe tomar en cuenta el momento económico y social que  en medio de la pandemia vive el país, y puede posponer esos recortes para la segunda mitad del año. Esos reajustes se deben hacer ocasionando las mínimas lesiones a la economía popular, y estableciéndolos  por etapa.

Ya este año 2022 comenzó con los primeros escalones de la eliminación del subsidio a la energía eléctrica, lo cual ha motivo protestas de los usuarios. Hay que tomar en cuenta que sólo un puñado insignificante de circuitos tiene lo que se califica de  electricidad 24 horas, mientras que en la mayoría de los sectores los apagones llegan  a totalizar hasta diez horas cada día.

Es inaceptable que a los gobiernos toque subvencionar desde la cebolla  hasta un campeonato de béisbol profesional. Sin embargo se impone la mesura, el análisis frío, el mantener la integración social y económica, y evitar chispas que puedan ocasionare efectos periféricos.

Hay que desmontar los subsidios,  pero este no es el momento. Hay que dar tiempo a que el país logre una mayor recuperación en esta lucha contra el Covid-19. Ya la inflación y el agiotismo colocan a los dominicanos contra la pared. Si hay que aplicar recortes, que se espere a mitad de año.

jpm-am

POR EDDY PEREYRA ARIZA  

En los procesos electorales la crispación está presente en todos los actos, es por así decirlo,  su naturaleza. Por esa razón, en la medida que se acerquen las elecciones del 2024, se escucharán voces contendientes, opuestas a la reelección presidencial y otras que favorecen la continuidad del gobierno del presidente Luis Abinader. 

Comenzará a exponerse juicios con mayor ardor, sobre errores del gobierno y los peligros que significa el que los electores escojan nuevamente a un presidente que, debido a su alta popularidad, buscaría, como lo han hecho otros, modificar la Constitución para prolongar su mandato más allá de los dos años establecidos en la ley sustantiva. Pero, aunque en el juego de la política existen todas las posibilidades, el presidente Abinader ha manifestado  su oposición al continuismo, atándose únicamente al mandato legal. 

Podemos determinar que el asunto del continuismo y la continuidad son totalmente diferentes. Mientras que el continuismo es la tendencia social a permanecer o mantener indefinidamente una persona o cosa en una situación o estado, sin que se produzcan cambios significativos o ruptura; la continuidad es la circunstancia de suceder o hacerse algo que se está haciendo bien sin interrupción. 

En política, el continuismo equivale a la detención arbitraria del poder, con o sin consulta electoral, por varios períodos presidenciales consecutivos. La experiencia indica que la prolongación de presidentes al frente del Estado, degenera en dictaduras o en un régimen de fuerza. Para bien o para mal, los continuistas, sobreviven en el tiempo o son expulsados por movimientos violentos. 

Los presidentes que llegan al poder mediante votación mayoritaria, pero rápidamente se las arreglan para trampear normas, controlar los órganos electorales; comprar dirigentes, legisladores, partidos, jueces y fiscales, o usar fondos públicos para su reelección, se han convertido en una práctica  frecuente en América Latina. 

En la historia política, hay muchos casos de presidentes latinoamericanos que le han hecho culto al continuismo. El general Porfirio Diaz, presidente de México, estuvo 30 años en la presidencia (1884 y 1911. Rafael Leónidas Trujillo, ejerció el mando en el país (RD) durante más de 30 años (1930-1931). Fidel Castro Ruz estuvo 49 años en el poder en Cuba (1959-2008); Getulio Vargas, Brasil 1930–1945; Augusto Pinochet Ugarte gobernó por 17 años Chile. Hugo Chávez Frías- por 14 años en Venezuela (1999-2013) y Daniel Ortega, tiene más de 19 años en la presidencia de Nicaragua. Joaquín Balaguer, por su parte, fue presidente dominicano en los períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Y como fenómeno del poder,  los gobernantes continuistas de América Latina, sumado a los anteriores señalados, como Somoza (Nicaragua) Perón (Argentina) Stroessner (Paraguay) o Torrijos (Panamá) fueron militares, menos Balaguer. 

El problema del continuismo está en el abuso de poder y la eliminación de los contrapesos. Esa tendencia es impulsada por la corrupción. Si los gobernantes se enriquecen con dinero público entonces van a querer seguir en el poder por encima de todo, impidiendo la alternabilidad. Contrario  al continuismo, la continuidad equivale al mantenimiento de una labor de gobierno, para que pueda culminar de manera exitosa. 

En el país cada vez más la gente está de acuerdo con los líderes honestos y crece el apoyo a la transparencia. Todo indica que estamos cambiando, llegando al punto de colocar como impensable el continuismo, debido a que nuestras instituciones como la justicia y la administración pública se están fortaleciendo, en tanto que la población tiene mayor capacidad de movilización, opinión e información. 

La continuidad permite terminar proyectos en marcha y dar la oportunidad a los votantes de premiar a un buen gobierno. Esta puede tener costos, pero serán siempre menores que los de tener presidentes que gobiernan para prolongar su estadía en el poder. 

Es razonable la decisión del mandatario dominicano de evaluar, en estas circunstancias calamitosas y difíciles, el tema de su reelección prolongando su decisión dentro de un año o algo más. Lo acertado es que siga con su trabajo intenso, mejorando la salud, recuperando la economía, creando empleos, aumentando el ingreso, manejando la embestida de la inflación externa  e impulsando el crecimiento con inversión, energía, turismo y producción, para darle mayor calidad de vida a los dominicanos. 

La señal de la realidad, sin embargo, no depende de nuestro deseo o voluntad. Existe ya un posicionamiento social en el sentido de que el mandatario maneja la administración pública con idoneidad. Entonces, serán cosas de días, cuando grupos sociales, ciudadanos, intelectuales, dirigentes y partidos, basados en satisfacciones, intereses, emociones o compromisos, acuerden o no y comiencen a clamar por la continuidad de la obra de gobierno del presidente Abinader, más allá del 2024, arrastrando a grandes segmentos de electores.

El presidente Abinader sabe que no puede decidir  el tiempo de su propio destino, porque ya está escrito.

jpm-am