POR ABRAHAN JIMENEZ

La República Dominicana enfrenta hoy una oportunidad histórica con el crecimiento sostenido del valor del oro en los mercados internacionales. Sin embargo, el país continúa operando bajo un modelo extractivo tradicional que exporta materia prima sin capturar plenamente el valor estratégico de sus recursos naturales.

La exportación de oro en bruto representa una pérdida de soberanía económica. Mientras el mineral sale del territorio nacional, gran parte del beneficio técnico, industrial y financiero permanece en centros internacionales de refinación y comercialización.

A esto se suman los pasivos ambientales acumulados durante décadas. Comunidades cercanas a proyectos mineros mantienen preocupaciones legítimas sobre contaminación, acceso al agua y desarrollo humano insuficiente, generando tensiones sociales que afectan la sostenibilidad del sector.

El esquema actual de distribución de beneficios tampoco ha logrado transformar de manera significativa las provincias mineras. Aunque existen aportes económicos municipales, muchas comunidades continúan enfrentando debilidades estructurales en educación, infraestructura y oportunidades laborales.

Frente a esta realidad, el país necesita avanzar hacia un nuevo modelo de gestión minera basado en soberanía financiera, transparencia y desarrollo regional sostenible.

Una alternativa viable sería la creación de un fideicomiso nacional público-privado orientado a la refinación local del oro bajo estándares internacionales. Este mecanismo permitiría que una parte importante del valor agregado permanezca dentro de la economía dominicana.

La refinación nacional posibilitaría capturar márgenes económicos que actualmente se pierden en el extranjero. Además, fortalecería la supervisión técnica y fiscal de la producción minera mediante mayores niveles de trazabilidad y transparencia.

El fideicomiso también podría convertirse en un instrumento estratégico para financiar desarrollo humano en las provincias vinculadas a la actividad minera. Sus dividendos podrían alimentar programas permanentes de educación técnica, innovación y modernización productiva.

Entre las iniciativas prioritarias podrían incluirse politécnicos tecnológicos especializados, formación avanzada para jóvenes y apoyo a cooperativas de servicios mineros locales, integrando directamente a las comunidades en la cadena de valor.

De esta manera, cuando las reservas minerales disminuyan, las provincias no quedarían limitadas a pasivos ambientales o economías dependientes, sino que contarían con capital humano capacitado y nuevas capacidades productivas.

Otro elemento clave sería el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica nacional. Las reservas de oro refinado podrían convertirse en un activo estratégico para mejorar la confianza financiera del país y fortalecer su posición ante mercados internacionales.

La minería moderna no debe limitarse a extraer riqueza del subsuelo. Debe convertirse en una herramienta capaz de financiar bienestar colectivo, innovación tecnológica y sostenibilidad territorial.

La transición hacia un fideicomiso nacional representa, en esencia, el paso de una economía extractiva hacia una economía de gestión estratégica de recursos, donde la riqueza mineral contribuya directamente al desarrollo estructural de la nación.

abrahanjimenez@hotmail.com

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La decisión del presidente Abinader de suspender las actividades mineras vinculadas al proyecto Romero no debería leerse como reacción ante una protesta. Habrá quien quiera reducir el tema a una disputa con ganadores y perdedores, pero eso sería un desperdicio.

Este caso tiene una riqueza que muy bien vale aprovechar a modo de gran lección pública: cuando una comunidad sostiene con claridad su causa, se organiza y defiende bienes comunes, puede hacerse escuchar.

San Juan comenzó a tiempo su reclamo. No salió a la calle por impulso. Desde las marchas de 2022, la Caravana Ecológica por el Agua y la Vida y las movilizaciones hacia la presa de Sabaneta, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida llevó el debate a su terreno. La pregunta no era cuánto podía rendir una concesión. La pregunta era quién tiene derecho a decidir sobre las fuentes de agua de un territorio que vive de sembrar.

Los discursos

GoldQuest ha sostenido que el proyecto cuenta con evaluación ambiental y criterios técnicos. La comunidad plantea algo que ningún expediente resuelve por sí mismo: cuando se toca la cabecera de un río, la decisión no cabe entera en un permiso. La técnica ayuda. Pero también hay que mirar quién firma la autorización y quién se queda con el daño que pueda llegar.

En este caso, las redes hicieron su parte. Ayudaron a mostrar caminatas y a subir videos que rompieron el cerco de silencio que muchas veces pesa sobre la gente sencilla. También pudieron servir para lo contrario: inflar versiones y volver confuso lo que ya era delicado. Pero en San Juan cuidaron que la defensa del agua fuera más que simple indignación. Procuraron acciones revisables y una palabra capaz de sostenerse cuando bajara la emoción.

Otra lección clave, además de muy útil para la democracia, la aporta el movimiento sanjuanero: la transparencia. El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida celebra y agradece al presidente, pero también quiere pasar de la consigna bonita a la prueba. Por eso pide un decreto y reclama la salida de los equipos instalados en Hondo Valle. La confianza no nace de un discurso. Nace cuando se pasa del dicho al hecho.

El caso también advierte contra dos salidas fáciles. Una es convertir todo desacuerdo en guerra y pintar al otro como enemigo absoluto. La otra es esconder los conflictos públicos detrás de informes y permisos, como si la gente molestara. San Juan enseña un camino más serio: diálogo desde el territorio y garantías concretas.

Aquí resuena Popper. Una sociedad abierta no se cuida con gente callada, sino con personas capaces de defender sus razones. También cabe recordar a Sartre: cada elección nos compromete. San Juan eligió defender el agua. El Gobierno eligió atender una presión que ya no podía tratar como ruido. Ahora falta que el anuncio se convierta en garantía y que la cohesión social se mantenga.

Comunicación para el cambio

Desde la comunicación para el cambio social, esta experiencia deja otra lección. Las comunidades no son simples receptoras de mensajes. También producen saber público. Jesús Martín-Barbero insistía en mirar las mediaciones, esos lugares donde la comunicación se mezcla con la vida real. En San Juan, el mensaje no salió de una oficina de imagen. Salió del campo y de entender el valor del agua.

Todavía más: el anuncio presidencial agrega valor si se aprovecha para actualizar nuestra democracia. No basta suspender; hay que explicar, documentar y dejar constancia jurídica. Lo ocurrido en San Juan muy bien puede aprovecharse para crear canales permanentes para que los territorios participen antes de que el conflicto estalle. La gobernanza ambiental exige anticipación, acceso a información y respeto por el arraigo local.

La lección de fondo es ética. La tecnología ayuda a visibilizar causas, pero no sustituye la organización. La información combate rumores cuando termina en documentos. La democracia corrige rumbo cuando la ciudadanía insiste y el gobierno acepta rectificar.

San Juan tiene alto valor agrícola. Dicen que también guarda riqueza bajo la tierra. Pero acaba de mostrar su principal riqueza: un valiosísimo capital social decidido a defender su camino. Y también recuerda algo elemental: la democracia vive mientras los mandantes hablan y los mandatarios escuchan.

info@nestorestevez.com 

La decisión del presidente Luis Abinader de suspender las operaciones vinculadas al proyecto minero de Lo Romero, en San Juan de la Maguana, tras la multitudinaria protesta realizada el pasado sábado en esa provincia, vuelve a colocar sobre la mesa un debate que República Dominicana nunca ha querido enfrentar con la profundidad y responsabilidad que merece: el de la explotación minera y sus límites.

Probablemente no se maneje con precisión la cantidad de yacimientos mineros que hoy están bajo explotación en el mundo ni el impacto directo e indirecto que esas operaciones generan sobre el medio ambiente y las comunidades donde se desarrollan.

Lo que sí está claro es que, de manera paralela al crecimiento de la preocupación global por la protección ambiental, también han evolucionado tecnologías, regulaciones y mecanismos destinados precisamente a reducir esos impactos negativos.

Sin embargo, aun con esos avances, la minería continúa siendo una actividad controversial. Siempre encontrará resistencia y oposición. Mucho más en países como República Dominicana, donde históricamente no ha existido una política minera clara, coherente y consensuada, pese a contar con legislación minera y normas sobre inversión extranjera.

Da la impresión de que los proyectos mineros que han logrado establecerse en el país lo han hecho más por circunstancias particulares que por la existencia de una visión nacional definida sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones debe permitirse la explotación de los recursos naturales.

En paralelo, también se han consolidado sectores ambientalistas y grupos de presión que, con el paso del tiempo, se han convertido en fuerzas capaces de detener prácticamente cualquier iniciativa minera, casi siempre bajo el argumento de posibles daños ambientales que muchas veces no han sido determinados de manera concluyente mediante estudios científicos transparentes y ajustados a estándares internacionales.

El caso de Loma Miranda es quizás el ejemplo más emblemático. La concesión otorgada a Falconbridge para continuar la explotación de níquel, una vez agotado el yacimiento de Loma La Peguera en Bonao, parecía encaminada.

Sin embargo, una fuerte narrativa ambiental terminó imponiéndose. La historia de los supuestos 13 ríos que nacen en Loma Miranda se convirtió en símbolo de esa lucha, aunque nunca se produjera un debate técnico suficientemente claro y verificable sobre el tema.

Y desde entonces la historia parece repetirse. Ocurrió con la cementera de inversión privada en Gonzalo, próxima a Los Haitises, y ahora vuelve a suceder con Lo Romero, en San Juan de la Maguana.

El discurso actual advierte que la explotación de ese yacimiento afectaría gravemente el sistema hídrico de la Cordillera Central, comprometiendo presas, afluentes y recursos de toda la región Sur. Esa narrativa encontró eco en una movilización social masiva que terminó convenciendo al Gobierno de detener el proyecto.

La señal que deja esta decisión es delicada para cualquier potencial inversionista en el sector minero dominicano. Cuando un proyecto puede ser paralizado antes incluso de concluir de manera definitiva los estudios de impacto ambiental a los que recientemente hizo referencia el Ministerio de Energía y Minas, el mensaje que recibe el capital extranjero es que en República Dominicana no existe seguridad suficiente para desarrollar iniciativas de gran escala en esa área.

No se trata de defender la minería a cualquier costo ni de minimizar la importancia de proteger las fuentes acuíferas y los ecosistemas nacionales. Se trata de entender que un país no puede manejar asuntos tan sensibles únicamente bajo presión social o emocional. Las decisiones estratégicas deben descansar sobre investigaciones técnicas independientes, creíbles y transparentes.

Si un proyecto minero representa un peligro real e irreversible para el medio ambiente, debe rechazarse con argumentos científicos sólidos. Pero si la oposición se fundamenta exclusivamente en percepciones, temores o narrativas difíciles de comprobar, entonces el país corre el riesgo de cerrar definitivamente las puertas a un sector que, manejado correctamente, podría representar importantes ingresos, empleos y desarrollo para muchas comunidades.