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POR ABRAHAN JIMENEZ
La República Dominicana enfrenta hoy una oportunidad histórica con el crecimiento sostenido del valor del oro en los mercados internacionales. Sin embargo, el país continúa operando bajo un modelo extractivo tradicional que exporta materia prima sin capturar plenamente el valor estratégico de sus recursos naturales.
La exportación de oro en bruto representa una pérdida de soberanía económica. Mientras el mineral sale del territorio nacional, gran parte del beneficio técnico, industrial y financiero permanece en centros internacionales de refinación y comercialización.
A esto se suman los pasivos ambientales acumulados durante décadas. Comunidades cercanas a proyectos mineros mantienen preocupaciones legítimas sobre contaminación, acceso al agua y desarrollo humano insuficiente, generando tensiones sociales que afectan la sostenibilidad del sector.
El esquema actual de distribución de beneficios tampoco ha logrado transformar de manera significativa las provincias mineras. Aunque existen aportes económicos municipales, muchas comunidades continúan enfrentando debilidades estructurales en educación, infraestructura y oportunidades laborales.
Frente a esta realidad, el país necesita avanzar hacia un nuevo modelo de gestión minera basado en soberanía financiera, transparencia y desarrollo regional sostenible.
Una alternativa viable sería la creación de un fideicomiso nacional público-privado orientado a la refinación local del oro bajo estándares internacionales. Este mecanismo permitiría que una parte importante del valor agregado permanezca dentro de la economía dominicana.
La refinación nacional posibilitaría capturar márgenes económicos que actualmente se pierden en el extranjero. Además, fortalecería la supervisión técnica y fiscal de la producción minera mediante mayores niveles de trazabilidad y transparencia.
El fideicomiso también podría convertirse en un instrumento estratégico para financiar desarrollo humano en las provincias vinculadas a la actividad minera. Sus dividendos podrían alimentar programas permanentes de educación técnica, innovación y modernización productiva.
Entre las iniciativas prioritarias podrían incluirse politécnicos tecnológicos especializados, formación avanzada para jóvenes y apoyo a cooperativas de servicios mineros locales, integrando directamente a las comunidades en la cadena de valor.
De esta manera, cuando las reservas minerales disminuyan, las provincias no quedarían limitadas a pasivos ambientales o economías dependientes, sino que contarían con capital humano capacitado y nuevas capacidades productivas.
Otro elemento clave sería el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica nacional. Las reservas de oro refinado podrían convertirse en un activo estratégico para mejorar la confianza financiera del país y fortalecer su posición ante mercados internacionales.
La minería moderna no debe limitarse a extraer riqueza del subsuelo. Debe convertirse en una herramienta capaz de financiar bienestar colectivo, innovación tecnológica y sostenibilidad territorial.
La transición hacia un fideicomiso nacional representa, en esencia, el paso de una economía extractiva hacia una economía de gestión estratégica de recursos, donde la riqueza mineral contribuya directamente al desarrollo estructural de la nación.
jpm-am