Romero: desarrollo, medio ambiente y gobernabilidad

La decisión del presidente Luis Abinader de suspender las operaciones vinculadas al proyecto minero de Lo Romero, en San Juan de la Maguana, tras la multitudinaria protesta realizada el pasado sábado en esa provincia, vuelve a colocar sobre la mesa un debate que República Dominicana nunca ha querido enfrentar con la profundidad y responsabilidad que merece: el de la explotación minera y sus límites.

Probablemente no se maneje con precisión la cantidad de yacimientos mineros que hoy están bajo explotación en el mundo ni el impacto directo e indirecto que esas operaciones generan sobre el medio ambiente y las comunidades donde se desarrollan.

Lo que sí está claro es que, de manera paralela al crecimiento de la preocupación global por la protección ambiental, también han evolucionado tecnologías, regulaciones y mecanismos destinados precisamente a reducir esos impactos negativos.

Sin embargo, aun con esos avances, la minería continúa siendo una actividad controversial. Siempre encontrará resistencia y oposición. Mucho más en países como República Dominicana, donde históricamente no ha existido una política minera clara, coherente y consensuada, pese a contar con legislación minera y normas sobre inversión extranjera.

Da la impresión de que los proyectos mineros que han logrado establecerse en el país lo han hecho más por circunstancias particulares que por la existencia de una visión nacional definida sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones debe permitirse la explotación de los recursos naturales.

En paralelo, también se han consolidado sectores ambientalistas y grupos de presión que, con el paso del tiempo, se han convertido en fuerzas capaces de detener prácticamente cualquier iniciativa minera, casi siempre bajo el argumento de posibles daños ambientales que muchas veces no han sido determinados de manera concluyente mediante estudios científicos transparentes y ajustados a estándares internacionales.

El caso de Loma Miranda es quizás el ejemplo más emblemático. La concesión otorgada a Falconbridge para continuar la explotación de níquel, una vez agotado el yacimiento de Loma La Peguera en Bonao, parecía encaminada.

Sin embargo, una fuerte narrativa ambiental terminó imponiéndose. La historia de los supuestos 13 ríos que nacen en Loma Miranda se convirtió en símbolo de esa lucha, aunque nunca se produjera un debate técnico suficientemente claro y verificable sobre el tema.

Y desde entonces la historia parece repetirse. Ocurrió con la cementera de inversión privada en Gonzalo, próxima a Los Haitises, y ahora vuelve a suceder con Lo Romero, en San Juan de la Maguana.

El discurso actual advierte que la explotación de ese yacimiento afectaría gravemente el sistema hídrico de la Cordillera Central, comprometiendo presas, afluentes y recursos de toda la región Sur. Esa narrativa encontró eco en una movilización social masiva que terminó convenciendo al Gobierno de detener el proyecto.

La señal que deja esta decisión es delicada para cualquier potencial inversionista en el sector minero dominicano. Cuando un proyecto puede ser paralizado antes incluso de concluir de manera definitiva los estudios de impacto ambiental a los que recientemente hizo referencia el Ministerio de Energía y Minas, el mensaje que recibe el capital extranjero es que en República Dominicana no existe seguridad suficiente para desarrollar iniciativas de gran escala en esa área.

No se trata de defender la minería a cualquier costo ni de minimizar la importancia de proteger las fuentes acuíferas y los ecosistemas nacionales. Se trata de entender que un país no puede manejar asuntos tan sensibles únicamente bajo presión social o emocional. Las decisiones estratégicas deben descansar sobre investigaciones técnicas independientes, creíbles y transparentes.

Si un proyecto minero representa un peligro real e irreversible para el medio ambiente, debe rechazarse con argumentos científicos sólidos. Pero si la oposición se fundamenta exclusivamente en percepciones, temores o narrativas difíciles de comprobar, entonces el país corre el riesgo de cerrar definitivamente las puertas a un sector que, manejado correctamente, podría representar importantes ingresos, empleos y desarrollo para muchas comunidades.