Ocupando nosotros la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en el 2002, recibimos una comunicación de la embajada de Israel en la República Dominicana, contentiva de una oferta de becas para que miembros de la institución se adoctrinaran, durante un mes, en esa Nación enclavada en Oriente Próximo. Nunca la contestamos porque, cuando rememoramos su genocidio/infanticidio en Palestina, el texto en nuestras manos brotó con un olor a sionismo fascista. 

Con el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó, en 1948, la creación del Estado de Israel en tierras de Palestina. Desde entonces, millones de sus habitantes han huido o han sido expulsados, y otros han mal subsistido en campamentos de refugiados de los territorios ocupados, enfrentados violentamente a Israel y luchando por un Estado independiente, donde puedan estar en tranquilidad y concordia. 

En 1967, Israel triunfó en la guerra de los seis días y se anexó por la fuerza a Jerusalén del Este, la península del Sinaí egipcio, Cisjordania y los Altos del Golán sirio. Sus consecuencias han sido funestas, hasta hoy, como las contiendas de Desgaste entre Egipto e Israel (1968-1970), la masacre de Munich de 1972 (juegos olímpicos), el conflicto bélico de Yom Kipur árabe-israelí o del ramadán de 1973 y la interminable disputa sobre el estatus de Jerusalén y los asentamientos judíos.

La justificación jurídica propietaria y sus reclamaciones tiene que partir de la guerra árabe-israelí de 1948 y resolución de la ONU de ese año, y no amparada en la muy enmarañada fundamentación que se pierde en los laberintos histórico-religiosos. Por un lado, los israelitas argumentan que el hebreo es el “pueblo elegido de Dios” y que Israel decanta como la “tierra prometida”, mientras que los árabes se abrigan en los 13 siglos de dominación musulmana sobre la región Palestina.   

En la República Dominicana reside una extensa comunidad siria, lalestina y libanesa, que ha ayuda, enorme y largamente, a la economía nacional, y que ha anhelado una solución pacífica a esa controversia, para que terminen los centros de refugiados, las intifadas (ataques de sorpresa) y actos terroristas.

Cuatro resoluciones relevantes, dictadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el itinerario de 65 años, marcan el conflicto israelo-palestino, concernientes a los territorios palestinos ocupados. Originalmente, este tema fue conocido por este organismo universal en 1947, que dispuso separarla en dos Estados: uno árabe y otro judío.

Luego de la guerra de 1948, la ONU conformó la Comisión de Conciliación para coadyuvar en la búsqueda de una solución concluyente y ratificó los derechos de los refugiados palestinos a retornar a sus hogares y propiedades. En 1974 convalidó los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia y la soberanía nacionales, y en el 2012 le otorgó a Palestina – con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra- la condición de Estado observador no miembro en la ONU.

Por más que se proponga, y por más interlocutores que medien, se ha desvanecido la esperanza de que se logre la coexistencia de los Estados judío y árabe, en tanto ocurrieron dos acontecimientos dignos de mencionar: desde el 2009 el Gobierno dominicano reconoció el de Palestina y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama propuso a Israel la creación de un Estado palestino independiente y soberano.

 El 19 de junio del 2011, el presidente dominicano Leonel Fernández Reyna visitó a Palestina, y se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en su interés de contribuir modestamente con el proceso de paz en el Medio Oriente.

 Además de buscar la cooperación, la gira del presidente Fernández a Palestina tuvo un objetivo humano, escuchando así a las organizaciones dominicanas más progresistas que se han pronunciado a favor del establecimiento de un Estado palestino libre.

 De su lado, en mayo del 2011 el presidente Barack Obama planteó a Israel la creación de un Estado palestino independiente y soberano, basado en los límites fronterizos de 1967, en el marco de su plan para democratizar el Oriente Próximo y el Norte de Africa.

 A esta propuesta del presidente Obama de reconocer el Estado palestino, que significó un cambio dramático de Estados Unidos frente a su aliado tradicional, la coalición derechista de Israel contestó con indignación y rabia, mientras que una parte de la Autoridad Palestina respondió con escepticismo y la otra la calificó como una trampa.

 Lo antes descrito indicó que continuaría el foco de tensión, por la intransigencia de Israel basada en su poderío militar, y que la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas se inclinan por la la creación del Estado palestino.

 Para lograr ese objetivo, o sea, que Israel abandone los territorios invadidos, la mayoría de las naciones tendrán que aislar diplomáticamente a los sionistas agresores y más adelante decidir medidas de mayor envergadura.

 Pero, mientras el hacha va y viene, ha venido la embestida armada de Hamás contra Israel, en un craso error, y la contraofensiva de los sionistas puntea como un filón para la reflexión filosófica, y para repetir refranes y proverbios ampliamente conocidos: “dar una cucharada de su propia medicina” (palestinos a Israel), “ojo por ojo y diente por diente” (Israel a los palestinos) y “pagar con su misma moneda”, aplicado a ambos.

 Si repugnante ha sido el ataque de Hamás, también repudiable ha sido el contraataque de Israel: muertos, heridos, mutilados y traumatizados de ambos lados. Si uno es malo, el otro también. En los dos territorios se siente y se sentirán los efectos adversos de la guerra: violación a los derechos humanos, escasez o ausencia de alimentos o crisis humanitaria; inseguridad y amenazas, desplazamientos, refugiados y desintegración familiar; contaminación del agua, el aire y deforestación; trastornos de la economía con dimensión global y cambios en las relaciones de poder.

 Cuando grupos religiosos y otros se manifiestan en favor de Israel, están validando la barbarie, y actuando fanáticamente, sin razonamientos. No rezan u oran por la paz, sino por la continuación de la masacre de Israel contra la indefensa población palestina.

Al margen de las deplorables abominaciones del movimiento de resistencia, integrado por islámicos milicianos yihadistas Hamás, que no representa a la colectividad árabe y sí denigra la brega por la expulsión de los judíos y ha ofrecido la oportunidad a Israel para barrer militarmente en Palestina, tenemos que renovar votos por la justicia, la libertad y la paz.

La razón, la emancipación y el sosiego comienza a conseguirse con el cese al fuego -reclamado por más del 90% de los palestinos- y con el cumplimiento de los múltiples acuerdos suscritos entre las partes, que no han sido observados por Israel, con la complicidad de Estados Unidos.

Hace dos semanas el país se llenó de consternación al ver una macabra escena de los cuerpos de seis niños recién nacidos, abandonados y tirados de manera inmisericorde, en la puerta de entrada del Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este.

Los cadáveres de los seis niños estaban dentro de una funda, envueltos en toallas desechables, con pampers puestos, con sus zapatitos y con un brazalete del Hospital Ciudad Juan Bosch en sus muñecas, donde se establecía que tenían entre 24 y 40 semana de haber nacido.

Ese hecho, condenable e injustificable desde todo punto de vista, es una gran vergüenza para el sistema de salud en general, para el ministerio de salud en particular y para todo el gobierno dominicano.

Según las informaciones que se han podido obtener, de los seis niños fallecidos, cuatro son de origen haitiano. Eso se entiende, pues en el Hospital Ciudad Juan Bosch hay una gran cantidad de pacientes de origen haitiano, ya que en ese sector vive una gran cantidad de personas procedentes de Haití.

Y eso es más preocupante aún, pues detrás de esta acción inhumana e injusta podría haber parte de ese sentimiento anti-inmigrante que se asienta en una gran parte de nuestra población en contra de los nacionales del país vecino.

Un médico pediatra nos dio la información de que en hospitales como el de la Ciudad Juan Bosch es común que, cuando un niño muere al nacer, sus familiares no soliciten el cadáver por dos razones. La primera es que el dolor de ver el niño muerto al nacer, no los motiva a tener que hacerle un sepelio, donde el dolor se multiplicará muchos más. La otra razón es económica, pues un sepelio para el niño ya perdido es un gasto extra, que muchas veces esa familia no los tiene.

   Y es ahí donde entra el papel de Estado a través de los hospitales. Las direcciones de los hospitales públicos deben garantizar que a esos niños fallecidos se les proporcione un proceso de enterramiento digno, justo y humano. No que se tiren en una fosa común o que sean abandonados como animales frente al cementerio, como sucedió en este caso que analizamos y que pone en vergüenza al gobierno.

Explicaciones poco convincentes

La primera responsabilidad de este caso recae en la dirección del Hospital Ciudad Juan Bosch, quienes no supieron manejar con eficacia la situación, y violaron todos los procedimientos de lugar para dar cristiana y digna sepultura a estos recién nacidos.

La directora del Hospital, doctora Marilelda Reyes, quiso explicar la situación diciendo que ellos entregaron a la Funeraria La Popular los cuerpos y que ellos le dijeron que habían enterrado los cadáveres. Asimismo, dijo que es una costumbre que los cuerpos de niños fallecidos no sean requeridos por sus familiares, por lo que el hospital se hace cargo de su sepultura en coordinación con la funeraria que le brinda ese servicio.

Esta explicación es muy poco convincente y refleja una falta de seguimiento al proceso por parte del hospital. Lo que se evidencia es que ellos entregan los cuerpos sin darle mayor importancia, les dejan la responsabilidad a otros y no hacen ningún tipo de supervisión y confirmación que esos cuerpos de niños fallecidos, reciban el trato digno y humano que ameritan al ser colocado en el sepulcro.

El propietario de la Funeraria La Popular, señor Julián Encarnación Montero, también dio una explicación poco convincente y que lo hace co-responsable de esta acción incorrecta y abusiva. El señor Montero confirmó que su funeraria tiene acuerdo con el hospital para el entierro de los niños fallecidos, pero que sus choferes solo recogen los cadáveres en el hospital, se lo entregan al zacateca del cementerio y se van sin confirmar si son enterrados o no.

En este caso, dijo que los cadáveres de los niños se los entregaron al zacateca Hilario Pascual, alias El Grillo, quien supuestamente le dio garantía de que los enterraría. Esta afirmación evidencia una gran irresponsabilidad de parte de esta funeraria y deja entrever que este caso no es el único, y quién sabe cuántos cadáveres de niños no enterrados o abandonados han pasado por la misma situación que los seis de esta situación.

La explicación que da el Grillo, el zacateca a quien le entregaron los cuerpos y los dejó abandonados frente a la puerta del cementerio, es realmente espeluznante. Lo primero que dice es que cuando le entregaron los cuerpos él estaba borracho. Luego dice que como eran ya pasada las seis de la tarde, encontró cerrado el cementerio cuando iba a enterrar los niños y que decidió dejar los cuerpos frente al cementerio para ir a buscar su carro, y cuando llegó al carro, como estaba borracho, se le olvidó que había dejado los cuerpos sin enterrar.

Esta explicación evidencia de forma clara y convincente cuál es el procedimiento incorrecto y la falta de controles que tiene este proceso. Ya el Grillo está preso, investigado por la policía, pero debemos estar claros que él no es el único responsable de esta acción condenable y vergonzosa.

 jpm-am