En nuestro país es frecuente escuchar a personas con discursos populistas y de corriente de izquierda o comunista, haciendo alusión a las privatizaciones como pecados capitales. Hablan como comunistas y actúan de manera distinta. Lamentablemente, se carece de doctrina.

El control por parte del Estado de sus empresas, son más de modelos económicos de izquierda o comunistas, que de centro-derecha o derecha. Comúnmente, vemos a políticos de derecha con discursos de izquierda. Una gorra del «Che Guevara» y una camiseta con la bandera de Estados Unidos: en lo político es similar.

El país ha seguido el modelo norteamericano y las exigencias permanentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. El primer acuerdo que realizó el país con el FMI, se realizó en 1959 y bajo la dictadura del Gral. Rafael Leónidas Trujillo.

En América Latina, ejemplos de control de las instituciones por parte del Estado, en la mayoría de los casos, sus economías no van por buen camino, solo basta observar a Venezuela y a Cuba, donde sus empresas son públicas. Recordar las lluvias de críticas recibidas por Chávez, cuando utilizó el término: «exprópiese».

El modelo de privatización es de derecha y vino implementándose desde los años 60. Parte de las instituciones del Estado, luego de la muerte de Trujillo, fueron distribuidas. En 1986, el Ing. Carlos Morales Troncoso, dio continuidad a un proceso de ventas de empresas estatales que iban rumbo a la quiebra. En los 90, continuó con ese modelo y, todavía en el periodo 1996-2000, en gran medida fue dirigido por el Ing. Morales Troncoso.

A partir del año 2000, se juramenta el Ing. Hipólito Mejía y el PRD tiene mayoría congresual. El Sr. Mejía sustituye al Dr. Leonel Fernández, quien fue acusado de «vender las instituciones del Estado». El presidente Mejía se había comprometido a «revertir» el proceso de privatizaciones de instituciones públicas e «invertir» en la gente.

Una vez Mejía instalado en el Gobierno, comienza el descontrol de la economía y el inicio de medidas que involucraban el aumento del gas de cocina en 200 por ciento; aumento del ITBIS o IVA en un 50%; así como, el incremento de un 30% en los combustibles, entre otros impuestos.

Lo que no podemos dejar de señalar, que el proyecto y aprobación de la ley que privatizaría la Seguridad Social, el presidente del Senado en aquel entonces, lo era el Ing. Ramón Alburquerque, y la de los Diputados, Rafaela Albuquerque; así, como el vocero del bloque oficialista en el Congreso, lo fue Rafael —Fafa— Taveras, quienes, de alguna u otra manera, favorecieron el sector financiero.

A partir de aprobada la ley, los grupos y partidos de izquierda, iniciaron campañas de protestas a nivel nacional. Como elemento adicional de confusión, vemos a muchos de esos que aprobaron leyes de privatizaciones, quejarse; ahora, son partidarios del populismo. Suelen expresarse con voz «enérgica» y, a todo pulmón se autoproclaman como, la «voz de la mayoría», arremetiendo contra todo proceso de privatización de instituciones estatales.

Debemos romper el falso mito de querer satanizar las privatizaciones y a los presidentes que han privatizado. Lo que se debe, es «aplatanar» las privatizaciones, cuestión que el Estado tenga considerables acciones y ser vigilantes del cumplimiento de las leyes.

Conviene no olvidar, que, con el COVID-19, fue la Barrick Gold Corporation, mientras nuestras finanzas estaban deprimidas, la que subsidió al Estado dominicano, en una época donde sus principales fuentes de ingresos estaban detenidas. Hay que ser gratos, de manera individual y colectivas.

Esta reflexión no tiene como finalidad menospreciar el modelo socialista, sino, que se sepa que el Estado dominicano, desde el gobierno de Juan Bosch, se ha mantenido alejado del socialismo. Actualmente, los partidos son de corrientes de centro-derecha y de derecha, no socialistas.

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“Asando batatas”. Así nos ha tomado, en sentido general, un cambio que desde ya impacta de manera extraordinaria las relaciones entre las personas.

“Lo agarraron asando batata”, suele decirse en República Dominicana para hacer alusión a “encontrar desprevenido o distraído a alguien”.

El dicho viene a colación porque, según algunos especialistas, razones comerciales apresuraron el lanzamiento de plataformas que se apoyan en Inteligencia Artificial para “facilitar” muchísimas tareas a los seres humanos.

Pero vayamos al comienzo para que podamos entender mucho mejor la trascendencia de este asunto.

Los estudiosos indican que solo a partir del avance en sociabilidad, para lo que la comunicación es imprescindible, se ha logrado desarrollar esa facultad de expresarnos y entendernos, hasta dar forma a lo que conocemos como sociedad.

En principio no existían las palabras. ¡Cuán difícil habrá sido entenderse en aquella etapa! Lo más seguro es que simples gruñidos habrán servido para que aquellos seres primitivos comenzaran a expresarse, aspirando a que una simple idea pasara de un cerebro a otro.

Cuentan que se necesitó mucho tiempo para que aquellos sonidos guturales fueran puliéndose y logrando mejor precisión a la hora de hacer saber sobre emociones, sentimientos, ideas y todo lo que se le ocurre exteriorizar a cualquier ser humano.

Algunos estudiosos han encontrado que las pinturas rupestres eran realizadas en puntos calientes y acústicos, donde se producía eco, en el interior de las cuevas que servían como lugar seguro ante las inclemencias del entorno.

Eso hace pensar en relaciones de representación entre los dibujos y los sonidos que producían los humanos en aquellos tiempos, dando inicio a lo que luego, muchísimo tiempo después, abrió oportunidad para que la humanidad lograra inventar la escritura.

Pero ese logro estaba incompleto. Hacía falta que los demás entendieran lo que quería expresar quien escribía. Se necesitó mucho esfuerzo y mucho tiempo para manejar la lectoescritura.

Logrado eso, tanto hablar como escribir se convirtieron en herramientas al servicio de quienes, de diversas maneras, ejercían alta influencia y poder sobre los demás. Así tenemos que la oratoria, surgida en Sicilia, comienza a ser usada en Grecia como instrumento de prestigio y poder político.

A lo largo de la historia, y aun en nuestros días, la destreza al hablar y la habilidad al escribir abren puertas para imponer ideas y propósitos sobre cualquier acción que realicen los demás. Como se puede apreciar, cada paso ha abierto oportunidades para quienes logran fortalecer sus capacidades y buen dominio de las “innovaciones”.

Hasta hace muy poco tiempo, la humanidad había registrado dos grandes transformaciones en ese ámbito. Primero la imprenta y luego internet, cada uno en su momento, representaron dos extraordinarios aceleramientos a las posibilidades de incidir en los demás, de hacer valer las intenciones de quien maneja recursos para lograr sus propósitos.

Conviene ver ambas caras. No todo es negativo. Como se puede notar, con cada adelanto tecnológico se nos ha “facilitado la vida”. Y está muy bien que nos acomodemos. Pero, ¿recordamos lo que ocurre con todo órgano que no se usa? Dicen los entendidos que se atrofia.

¡Qué bueno que nos hayamos inventado las palabras! ¡Qué bueno que hayamos logrado entendernos! ¡Qué bueno que hayamos logrado agilidad en tareas que antes nos ocupaban tanto tiempo! ¡Qué bueno que hayamos encontrado claves para alargar y mejorar vida!

Pero, ¿qué ocurrirá con esa “comodidad” que nos evita el ejercicio de pensar? ¿Acaso no hace falta pensar para entender? ¿Cómo te sientes cuando te dicen algo que no logras entender? ¿Acaso no es pensar y entender lo que nos diferencia de los denominados animales irracionales?

Pues la comodidad que representan las herramientas de moda, relacionadas con Inteligencia Artificial, consiste en el uso de datos para expresar (textos, imágenes, sonidos…) más de lo que se le pueda ocurrir al común de los seres humanos. Solo que, por el aceleramiento de la competencia en el negocio y como la gente “se traga” lo que le den, lo han lanzado al mercado sin estar completamente listo.

Sin el más mínimo criterio para escoger o dejar, mucha gente usa, contra muchísima que se deja usar, los más recientes “avances” relacionados con Inteligencia Artificial. Y con eso, “nos han agarrado asando batatas”.

nestorestevez@gmail.com

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Conociendo cómo se bate el cobre en el mundo de la política dominicana, no debe sorprender a nadie que una institución llamada a evaluar el correcto manejo de los fondos públicos, sea blanco de ataques, luchas internas y descalificaciones que buscan desprestigiar e invalidar los informes de la misma. 

Esta conflictiva situación podría estar dirigida a evitar que sean sometidos a la justicia los políticos que durante 20 años se dedicaron a saquear el Erario con la permisividad cómplice de quienes desde el Poder Ejecutivo debieron velar por la correcta aplicación del dinero del Estado. 

Después de la desastrosa y vergonzosa actuación del anterior presidente, Hugo Álvarez Pérez, a quien hubo que sacar a empujones de la institución, se procedió a escoger a los nuevos integrantes de la directiva quienes presentaron currículums convincentes de su capacidad y desempeño profesional. 

 Pero, como en todo, gravitó la influencia política de los partidos del sistema que auparon ternas con personas que, en momentos o coyunturas especiales, responden más a ellos que a los verdaderos intereses del país como ha sucedido, incluso con jueces del Ministerio Público que aún permanecen en sus posiciones. 

Mientras se debaten públicamente los conflictos internos de la institución, existen unos 84 expedientes estancados que reflejan anomalías, como las detectadas en la construcción del Metro, que debieron ser remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).  

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

El acusado tiene el derecho de estar presente durante el juicio, excepto cuando perturbare continuamente el proceso. Si no hay otras medidas razonables adecuadas el acusado puede ser retirado y dársele la oportunidad de observar el juicio y dar instrucciones a su defensor desde fuera de la sala.

La salida de la sala durará el tiempo que sea estrictamente necesario. Se enfatiza la obligación de la sala de Primera Instancia de ver que el juicio sea “justo y expeditivo y conducido con pleno respeto a los derechos del acusado y con la debida protección a las víctimas y testigos”.

Entre otras facultades, la Sala de Primera Instancia puede solicitar la comparecencia y testimonio de testigos y la presentación de documentos, proteger la confidencialidad de la información y brindar protección al acusado, los testigos y las víctimas, y dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.

Cabe destacar que con algunas limitadas excepciones que permiten sesiones cerradas para proteger víctimas, testigos o información confidencial o sensible, los juicios se celebrarán públicamente.

El artículo 65 del Estatuto de Roma refleja un compromiso entre los enfoques que toman diferentes sistemas legales del mundo respecto a la declaración de culpabilidad. La Corte tiene el deber de asegurar que el acusado entienda las consecuencias de una admisión de culpabilidad, que se hace voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor y corroborada por los hechos de la causa.

En otro orden la Corte puede convencerse de esto, o si no lo constata, puede ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario. Si el interés de la justicia y de las víctimas en particular lo requieren, la Corte puede pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales (inclusive declaraciones de testigos) u ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario.

En respuesta al fenómeno de “petición de negociación” la Corte no está comprometida con ningún acuerdo entre el Fiscal y la defensa respecto a la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la condena a ser impuesta.

El Estatuto diseñó cuidadosamente los derechos del acusado. Todos tienen el derecho de presunción de inocencia hasta que el Fiscal convenza a la Corte de la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Los derechos básicos relativos al juicio incluye el derecho a ser informado sin demora del cargo, a tener el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar la defensa, a ser procesado sin dilaciones indebidas, a tener abogado (gratuitamente si fuere necesario), a interrogar testigos, y así sucesivamente.

Es importante señalar que el acusado tiene el derecho importante de no ser obligado a declarar ni a declararse culpable y a guardar silencio sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia. Tiene el derecho a declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento y a que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.

El Fiscal tiene el deber de divulgar cualquier prueba que muestre o tienda a mostrar la inocencia o a atenuar la culpabilidad del acusado o afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.

Estratégicamente la Corte tiene una obligación general a “adoptar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos” tomando en cuenta factores tales como la edad, el género y el tipo de delito. Tales medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial.

En otro orden, partes del juicio a puerta cerrada o la presentación de pruebas por medios especiales se permiten como excepción al principio de audiencias públicas, y la Corte adopta en tales medidas particularmente en el caso de una victima de violencia sexual o de un menor de edad que sea victima o testigo salvo decisión en contrario.

Las opiniones y observaciones de las víctimas cuyos intereses personales se vieran afectados serán presentadas y tenidas en cuenta en las fases del juicio que se consideren pertinentes sujetos a los derechos del acusado. Antes del comienzo del juicio, el Fiscal puede definir un resumen en vez de toda la información o pruebas si la seguridad de un testigo o la de su familia puede correr grave peligro.

El Estatuto establece un marco básico relativo a las pruebas. El testimonio de un testigo en el juicio deberá darse generalmente en persona, sujeto a las disposiciones del Estatuto o las Reglas que apuntan a la protección de los testigos o permitir el uso de tecnología de audio o video o declaraciones escritas.

La Corte puede pedir la presentación de cualquier prueba que considere necesaria para la determinación de la verdad y puede, de acuerdo con criterios señalados en las Reglas, decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para el juicio.

Hay indicar de modo importante, que las pruebas obtenidas como resultados de una violación del Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas serán inadmisibles si la violación suscita serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas o si admisión atentare “contra la integridad del juicio o redunde en grave desmerito de el”. El Estatuto establece seis delitos contra el sistema de administración de justicia artículo 70.

Estos incluyen, cuando se cometieron intencionalmente, dar falso testimonio, presentar pruebas que sabe son falsas o falsificadas, interferir con un testigo o con la prueba, interferir con un funcionario de la Corte, tomar represalias contra dicho funcionario de la Corte, o solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte.

Por otro lado, los procedimientos relativos a estos delitos, sancionables con multa o pena de reclusión no mayor de cinco años, serán establecidos en las Reglas. Aun cuando la Corte puede proceder con respecto a estos delitos, puede solicitar también a un Estado Parte que lo haga. Consecuentemente, el Estatuto obliga a los Estados a extender sus leyes penales de acuerdo con ello.

Las faltas de conducta ante la Corte tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes se sanciona con una multa o con medidas administrativas tales como la expulsión de la Sala.

Un Estado tiene el derecho de intervenir cuando sienta que la divulgación de información requerida conforme al Estatuto puede afectar a los intereses de su seguridad. El Estado, el Fiscal, la defensa y las Salas pertinentes deben adoptar todos los pasos necesarios para resolver la cuestión por medio de la cooperación con medidas tales como la modificación de la solicitud, la obtención de la información de una fuente distinta o en una forma diferente (como por ejemplo resúmenes), o acordando condiciones tales como limitaciones en la divulgación, utilizando procedimientos a puerta cerrada o ex parte u otras medidas.

Si han dado todos los pasos razonables en las líneas anteriores y el Estado continúa sintiendo que la información o los documentos no pueden divulgarse sin perjuicio de su seguridad nacional, se notificará a la Corte. Sí la Corte encuentra que la prueba es necesaria para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado puede, como último recurso, determinar que el Estado no esta cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el Estatuto y puede remitir la materia a la Asamblea de Estados Parte, o si procede, al Consejo de Seguridad.

Los magistrados intentarán llegar a decisiones de condena o absolución unánimemente, a falta de lo cual decidirá la mayoría. Las opiniones de la mayoría y la minoría aparecerán en la resolución que será leída (probablemente en forma resumida) en sesión pública. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.

Finalmente, a petición de la víctima o (excepcionalmente) por su propia iniciativa, la Corte puede determinar el alcance y la extensión del daño, pérdida o lesión de las víctimas. La Corte puede dar órdenes de reparación directamente contra una persona condenada o puede ordenar un pago de un Fondo Fiduciario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

jpm-am

Esa es una enfermedad de alto costo-le contesta el empleado de la Administradora de Riesgos de Salud a la mujer que desesperada espera que el seguro le garantice la protección  a la que está obligado.

-Alto costo pago yo con esta situación-exclama la víctima con tono de quien conoce sus derechos, algo  ultra necesario en un sistema en el que la falta de orientación convierte a los contribuyentes en eso, en víctimas.

El desamparo que arropa a los cotizantes es irritante, lancinante.  Un montón de debilidades los atropella.  Amén de los abusos legalizados como que la cápita anual no sea acumulativa, la pírrica suma para medicamentos, las trabas para adquirirlos y para acceder a cualquier procedimiento médico.

Las irregularidades como que un titular afilie a un dependiente y pese a que ha cotizado no aparezca como beneficiario, suman un renglón más  a ese catálogo de sufrimientos del que las autoridades parecen ajenas.

Así, las precariedades agudizan el cuadro, sobre todo de los pacientes con enfermedades catastróficas, las de alto costo económico, emocional y moral.

El programa de medicamentos de alto costo del Estado  anda de cabeza y los pocos que acceden denuncian que reciben solo los más económicos, que los otros, los que cuentan un riñón y todas las vísceras, no los entregan.

 Para paliar un poco, el Seguro Nacional de Salud dispuso un plan destinado a abastecer de fármacos a sus afiliados  diabéticos y cardíacos pero igual llegan las quejas de que solo les proporcionan los de menos costo y encima genéricos.

Importante es frenar esta situación y que ya no lluevan más reclamos, porque de lo contrario lloverán muertos.

of-am