SANTO DOMINGO.- El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón, rescindió 850 contratos de trabajo a empleados que supuestamente fueron nombrados de manera ocasional e irregular por el pasado rector, Mateo Aquino Febrillet.
En cambio, el Consejo Universitario dispuso la reintegración en sus funciones de algunos empleados que fueron cancelados «de manera arbitraria e injustamente» por las pasadas autoridades, informó Oscar Vásquez, director de Relaciones Públicas de la UASD.
Asimismo, dijo que se revisan los casos de otras 200 personas cesanteadas, cuyos nombramientos se realizaron “al vapor”, a fin de determinar si ameritan ser reintegradas.

Anunció una reunión del rector y el vicerrector administrativo, Editrudis Beltrán, para determinar dónde buscarán los fondos para el pago de este mes a los servidores de la academia.

De su lado, Reynaldo Aybar, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios, advirtió que iniciarían protestas y lucha en rechazo a las medidas de cancelación tomadas por las autoridades.
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SANTO DOMINGO.- Fue a título personal y no institucional, el pronunciamiento del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sugiriendo que la República Dominicana deje de asistir a la Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), expresó Eddy Olivares, miembro del organismo.
Indicó que ni la carta de la CIDH ni la que Rosario remitió como respuesta a la Cancillería, han sido notificadas a los miembros titulares y mucho menos conocidas por el Pleno.
“La inusual recomendación al Canciller en el sentido de que el Estado dominicano no acuda a la mencionada cita y la pasión con que ha sido tratado el tema, en contra de personas cuyas vidas han sido afectadas sensiblemente, por el solo hecho de ser descendientes de padres haitianos y haber sido inscritos en el Registro Civil, en la mayoría de los casos, con el documento de identidad que les proporcionaba el CEA, tampoco reflejan la posición de un órgano colegiado como la JCE”, acotó.
Recalcó que la JCE debe cumplir única y exclusivamente con el mandato de la “desacertada y problemática sentencia del Tribunal Constitucional, en lo que le ha sido ordenado y no ser parte de una intransigencia que no le conviene a la Nación”.
A juicio de Olivares, el manejo del problema le corresponde ahora al Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, Danilo Medina, quien representa la legitimidad del voto del pueblo, a quien sin razón algunos funcionarios y miembros de los órganos constitucionales han tratado de boicotear en la búsqueda de una solución.
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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana participará en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para conocer supuestas violaciones a los derechos humanos de descendientes haitianos.
La representación del país estará a cargo de la embajadora encargada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rhadys Abreu Polanco, quien para tal fin viajó este viernes en la tarde hacia Estados Unidos.
La acusación contra el país fue presentada ante el organismo por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción social y Agraria (Cefasa) y el Centro Cultural Dominico-Haitiano, entre otros.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, manifestó el jueves que el Estado dominicano no debe asistir a dicha audiencia, que se inicia el próximo lunes, debido a que -a su juicio- el organismo sesionó recientemente en el país e hizo un levantamiento con una posición contaminada sobre el plan del Gobierno para regular a los extranjeros residentes irregulares en República Dominicana.
Fuente: LISTIN DIARIO