Un salón de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, fue el lugar escogido para intentar descalificar académicamente los votos disidentes emitidos por las magistradas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla Hernández en contra de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El criterio del profesor Eugenio Rubio Linares sobre el voto discrepante, como se denomina en España, es personal y no de la Complutense, como se ha pretendido hacer creer a la opinión pública dominicana. Debido a su anacronismo, la crítica del mencionado jurista a la disidencia en las órganos colegiados, es irrelevante en Europa. En España fue derrotada desde el año 1978 cuando fue creado el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el secretismo del voto de los órganos colegiados sugerido en el acto realizado en honor a la sentencia 168 en España, no tiene espacio para el debate en la academia de un siglo XXI que le abrió la puerta al libre acceso de los ciudadanos a las informaciones de las instituciones públicas. Ossorio y Cabanellas en su Diccionario de Derecho definen el voto particular como “el que formula algún miembro de un cuerpo colegiado cuando discrepa de la mayoría en su dictamen o resolución y desea fundar su discrepancia, para salvar su opinión o responsabilidad”. Aunque el voto particular o disidente no cambia los efectos de una sentencia, tal y como ha sostenido el reconocidojurista alemán Peter Haberle, son la jurisprudencia constitucional (alternativa) del futuro. En sintonía con ese criterio, el constitucionalista mexicano Miguel Carbonell se hace las siguientes interrogantes: “¿Qué destino le habría esperado a la libertad de expresión sin los atinados votos particulares de Oliver Wendell Holmes en los primeros años del siglo pasado?, ¿qué habría sido de la Corte de los Estados Unidos sin la disidencia liberal de John Paúl Stevens o de William Brennan en la sofocante atmósfera conservadora de las Cortes presididas por Rehnquist y Roberts?, ¿qué papel habría jugado el Tribunal Constitucional Español sin la permanente llamada al orden que supusieron, en sus primeros años de existencia, los cientos de votos particulares, magistrales todos, de Francisco Rubio Llórente?”. Este último magistrado permaneció en el Tribunal Constitucional desde el año 1980 hasta el 1992, período durante el cual formuló una serie de votos particulares que sirven de consulta obligada para los constitucionalistas españoles. Con excepción de la Corte Constitucional de Italia, el derecho a la disidencia se ejerce en prácticamente todos los tribunales constitucionales del mundo, así como en la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la República Dominicana, en lo relativo al Tribunal Constitucional, se encuentra consagrado en el artículo 186 de la Constitución Política. Sin embargo, en los demás órganos se encuentra contemplado en sus leyes orgánicas, como es el caso de la Ley Electoral 275-97, que establece en su artículo 10, que si alguno de los miembros de la Junta Central Electoral no estuviese de acuerdo con la mayoría, deberá razonar su voto y hacerlo constar en la propia acta. Cuando en un órgano colegiado la mayoría mecánica decide aplastar a la razón, el magistrado justo debe revestirse de su propia personalidad institucional y, mediante el voto disidente, levantar su voz por el derecho. ej.olivares@hotmail.com

Con su observación y devolución al Congreso Nacional de la ley que modificaría varios artículos del Código Procesal Penal, el presidente Danilo Medina le ha tirado mantos a los legisladores para que se cubran, pues se quedaron desnudos en la calle. Así lo revelan la forma en que aprobaron el proyecto y algunas alteraciones aplicadas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, informó que el presidente Medina estima conveniente y saludable ofrecer la oportunidad de que se debatan las consideraciones que han sido levantadas como razones para su devolución al Congreso. La opinión pública se ha pronunciado contra la eliminación de un apartado en particular. Me refiero al artículo 85, que permite a cualquier ciudadano querellarse contra funcionarios públicos que demuestren haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones. Esa exclusión, que deja feos a los congresistas, fue rechazada enfáticamente por organizaciones profesionales y de la sociedad civil, que se expresaron por diferentes vías. El Presidente ha devuelto el documento apoyado en el artículo 102 de la Constitución. Las cámaras conocerán de las observaciones formuladas, pero si ambas lo aprobaran con las dos terceras partes de los miembros presentes en cada sesión, el proyecto pasa a ser ley, sin que pueda ser observada por el Ejecutivo. Pina Toribio ha dicho algo significativ «Es interés del señor Presidente de la República que las reformas que definitivamente se aprueben, satisfagan el interés ciudadano por la seguridad pública, el respeto de los derechos fundamentales de las personas envueltas en los procesos penales y la adecuación de las mismas a las normas constitucionales». Los legisladores se han encuerado en la calle, no sólo al aprobar la afrentosa modificación al Código Procesal Penal, en cuanto a suprimir la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar querellas contra los funcionarios que hayan incurrido en actos reñidos con la ley y la moral. También hubo en el Congreso un manejo no claro del procedimiento para aprobar la pieza. La diputada Minerva Tavares Mirabal solicitó una investigación: “…porque lo ocurrido atenta contra los cimientos mismos de la Institución, atenta contra la confianza y la credibilidad que nos debemos como colegas, atenta contra la legitimidad de las leyes y resoluciones que aprobamos para el pueblo dominicano, atenta contra la democracia”. El Presidente Medina ha cubierto a los legisladores hasta donde sus paños le dieron. La revisión al proyecto de reforma al Código les brinda la oportunidad de purificarse. Senadores y diputados tienen en sus manos la ocasión de cubrirse por sí mismos o seguir en cueros. Ya el Presidente no puede darles otros lienzos para resguardar sus vergüenzas. rafaelperaltar@gmail.com

Quienes tengan que hacer cambios a los datos que contienen sus cédulas, deben presentarse a un centro de cedulación antes del 22 de abril (o sea, el martes después de semana santa, a más tardar). Si es para cambio de estado civil o de profesión u oficio, deben llevar los documentos que avalen el cambio. Si sus cédulas no contienen los datos de sus actas de nacimiento, deben aportarlos (libro, folio, etc.), y si no contiene el tipo de sangre, deben informarlo. sólo para los cambios de dirección y respectivos cambios de mesa electoral no hay que llevar documentos de soporte. Los centros de cedulación están abiertos de 8 am a 4 pm. el servicio de cambio de datos es gratuito. fui a uno que hay en Plaza Naco, en el local 8, y me atendieron de una vez. No dejen pasar el plazo, para que después no se tengan que llevar las manos a la cabeza porque no puedan votar en 2016. El artículo 30 de la Ley de Registro Electoral No. 55 le prohíbe al Estado Dominicano, nombrar o designar ciudadanos, en la administración pública que en su cédula de identidad y electoral, figuren, con una dirección distinta a la del domicilio de su trabajo. El artículo 30 de la Ley de Registro Electoral No. 55 establece que es procedente la cancelación de una inscripción por cambio de residencia a otro Municipio o al Distrito Nacional y el Artículo 32 establece que todo ciudadano inscrito que haya cambiado de residencia deberá solicitar nueva inscripción por ante la Oficina de Inscripciones de su nueva residencia, previa entrega, en esa oficina de su Certificado de Inscripción anterior. Para la elaboración de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, debe tomarse muy en cuenta el domicilio del ciudadano. Después del Nombre de la persona, el domicilio es el segundo atributo de importancia política y social de la personalidad humana y de un Estado organizado NO BASTA PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO LA INTENCION, ES NECESARIO EL HECHO DE DECLARAR EN EL REGISTRO ELECTORAL ESE CAMBIO DE DOMICILIO. A consecuencia de sanciones penales establecidas por la Ley de Registro Electoral No.55. Un porcentaje amplio de la población votante, ha cambiado de domicilio por diversas razones, y tienen una habitación real en otro lugar, diferente de donde son nativos, estableciendo así su principal establecimiento. Desde el punto de vista electoral el cambio de domicilio aumenta la posibilidad de abstención del votante, por dificultad en el traslado a la mesa de votación- Quinientos millones de pesos tendrán, que emplear los partidos políticos para el traslado de sus militantes a los colegios electorales, por una gran ausencia del voto domiciliario, con el agravante de que ese traslado de ciudadanos se incrementa con el voto preferencial que los legisladores implementan para su permanencia, en esas curules, con los recursos del Estado Dominicano. Miles de guaguas viajarán a diversas provincias con empleados del Distrito Nacional, que irán a votar en las elecciones del año 16, con ofertas de dinero y comida, prohijados por el Estado dominicano y la Junta Central Electoral en violación de la Ley del Registro Electoral lo que constituye el inicio del fraude para las elecciones congresuales de Febrero del 2016.