Ha sido infructuosa nuestra búsqueda de alguna declaración de condena, por tímida que fuese, del Senado dominicano contra el golpe de Estado que depuso en el 2019 a Evo Morales, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tampoco arrojó resultados la búsqueda de si hubo alguna defensa de los derechos humanos del jueves 19 de septiembre, con votación de pie incluida, al conocerse un nuevo ataque represivo contra los jubilados argentinos que reclamaban el derecho a poder comer, esquilmadas sus pensiones por el gobierno neoliberal de Javier Milei en Argentina, que concluyó con el saldo de diez ancianos heridos.

Tampoco, como esperaba, se ha alzado la voz de los próceres senatoriales de Quisqueya contra el genocidio del nazi-sionismo israelí en Gaza, ni el asesinato de más de 41,000 civiles, entre ellos más de 11,000 niños y niñas, la destrucción de escuelas y hospitales, el uso del hambre como arma de guerra, ni el muy reciente ataque terrorista en el Líbano y Siria contra propietarios de beepers, walkie-talkie, paneles solares y teléfonos móviles, causante de 37 muertes, entre ellas, de varios niños.

No, para ninguna de estas causas han tenido, tienen ni tendrán ojos, oídos, voz ni corazón estos conmovedores demócratas que piden al gobierno del presidente Luis Abinader no reconocer los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, porque ella no concluyó con el triunfo de la derecha violenta y vendepatria que el imperialismo norteamericano amamanta y usa como atajo para llegar al petróleo, el oro y otras riquezas naturales de ese suelo.

Es muy cómodo, para algunos, esperar la seña del imperio y adecuar las políticas nacionales orientándolas en el sentido en que soplen los vientos del norte. Es muy fácil no poner en riesgo privilegios, visas, ni negocios, actuando como dócil rebaño cuando el pastor toca el cencerro.

Molestan la historia, la coherencia y los principios cuando se trata de bailar al son de la música imperial. Se va al seguro, se reciben discretas palmaditas de reconocimiento, los expedientes personales archivan tantos a favor, poco importa si es a costa de la infamia.

Nuevos hitos

Al robo descarado de dos aviones venezolanos legalmente en suelo dominicano, y en violación consentida de nuestra soberanía; a la posición injerencista y vacilante del gobierno hacia el tema Venezuela, se suman ahora dos nuevos hitos en el vergonzoso camino de la infamia: el de la resolución del Senado de la República, pidiendo el no reconocimiento del gobierno de un país hermano, y el de la retirada, en silencio y con alevosía de la protección dominicana a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santo Domingo, “porque no es considerada por el superior gobierno como sede diplomática”,  sentándose un precedente de muy peligrosas consecuencias.

¿Qué pasaría si un jefe policíaco haitiano decidiese, al margen del Derecho Internacional, por sí y ante sí, retirar la protección de la embajada o el consulado dominicano en Puerto Príncipe? ¿Qué pasaría si el gobierno venezolano incautase aviones dominicanos para cobrarse la deuda de casi $400 millones de dólares contraída y no pagada por el país, relacionada con el suministro de petróleo?

Puedo imaginar a estos senadores, augustos padres de la Patria, iracundos, de pie, rasgándose las patrióticas vestiduras, clamando al cielo por esos crímenes y pidiendo las más tremebundas medidas de castigo.

Ya hoy se sabe, y nadie ha podido refutarlo, que Edmundo González, el candidato de la derecha y del imperio en las pasadas elecciones venezolanas, aceptó por escrito y con su firma, no solo la derrota electoral del 28 de julio, sino también que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al que declaró acatar, tenía la potestad para dictaminar la legalidad de dichos comicios y de avalar sus resultados.

Nadie, ni la OEA, ni las infinitas pantallas de los Estados Unidos de Norteamérica, ni la Unión Europea ni el Parlamento Europeo, ni el Rey de España, tienen ningún derecho a erigirse en árbitros ni instancias de apelación en comicios de otros países, contraviniendo su constitución. Tampoco el Senado dominicano.

Pueden opinar y declarar lo que deseen: la última palabra siempre la tendrá el pueblo venezolano.

Esa resolución a la carrera no es más que una herramienta para que el presidente Abinader la use en su próxima comparecencia ante la ONU, convirtiéndose así en una receta para el mandatario, más allá del poder del Estado que representa el Senado, donde el Partido de gobierno tiene 29 de 32 senadores, por lo que, ponen en sus manos un endoso interesado para agredir a un país hermano.

De 26 senadores presentes en la aciaga votación sobre Venezuela, a favor del engendro votaron 25. Uno, cuyo nombre se ha reservado, no lo hizo. En ese solitario voto en contra o abstención, tampoco se ha precisado con toda intención para no descuadrar la caja, está bien defendida nuestra soberanía, la verdadera libertad, la democracia y el auténtico respeto a los Derechos Humanos.

Recordemos que alguien sentenció que “un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército.” (Amaury Germán Aristy)

Sigan empecinados en lo que les deparará una derrota segura. Sigan fanfarroneando de principios y valores ausentes en sus acciones.
Venezuela no está sola.

jpm-am

El ejercicio de la comunicación gubernamental se torna cada día más intrincado, porque cabalga a lomos del tablero de la conflictividad, que se encapsula en nuevos factores que se han vuelto paradigmáticos, como la espectacularización mediática y la interferencia de otras ecuaciones no algebraicas, sino de la decadencia ético-moral de la comunidad.

La sociedad, y por lo tanto el Gobierno, está lidiando contra la creciente proliferación de chantajistas y usurpadores mediáticos, que utilizan las redes sociales y los medios audiovisuales como campo de batalla. Distorsionan relatos simbólicos, con tintes sensacionalistas y morbosos, en un uso abusivo, violatorio de la ética comunicativa y las normas jurídicas, para ganar views e intimidar con propósitos inconfesables.

Aceptar un cargo público y trascender como figura pública ha devenido en el mayor peligro de un ciudadano, en vista de que cualquier sujeto sin formación periodística deforma, sobredimensiona y escandaliza un hecho, generalmente sin conocer lo que nosotros los profesores de comunicación social les insistimos a nuestros alumnos: la investigación, la verificación y comprobación de acontecer, así como la subsecuente corrección de contenido y estilo por un veterano de la profesión.

Los otros cuatro elementos que sirven de consumo, sin la utilización de ninguna casuística o razonamiento ético-jurídico, son los anónimos y fake news, diseminados contra un funcionario por aspirantes al mismo cargo, por empleados inconformes, desleales, incumplidores, incompetentes y adversarios ocultos; por competidores políticos y por empresarios afectados con decisiones administrativas.

Tenemos que ser reiterativos de que el mayor peligro de un ciudadano dominicano en estos momentos es ocupar un cargo público, por las imputaciones y denuncias, generalmente apresuradas e infundadas, provenientes de uno de los litorales antes citados.

El sistema mediático se entrecruza, envuelto en los ejes anteriores, en su función de actor estrella en el actual sistema infocrático, tanto en la noticiabilidad como en el infoentretenimiento, que incluye la morbosidad y la trivialidad sensacionalista por imberbes y maliciosos.

En ese panorama, el ejercicio de la comunicación gubernamental se restituye escabroso, especialmente con la desinformación y la manipulación desinteresada, que ocupan lugares de supremacía, por lo que se impone desde las instancias oficiales dar mayor cobertura a la difusión informativa institucional, a la comunicación interna, a la política de vocería, a los planes de medios, situando en espacios de relevancia los planes de manejo de crisis, con el relevante segmento de la crisis digital.

El periodismo tradicional se ha debilitado en audiencia, pero no en credibilidad, y las redes sociales han aumentado en número, como en la República Dominicana, donde contamos con más de 600 portales, una parte de los cuales difunde informaciones sin confirmar, por la ausencia de academicismo y el predominio de la inmediatez.

Esa cantidad se estampa por la incredulidad, y se está haciendo cotidiano no responder a esos necios y mamarrachos que manipulan medios de bajísima audiencia, y cuyos contenidos se diluyen con el pasar de las horas.

A esos online y audiovisuales les pasará como a las novelas grotescas y ampulosas: pocos las leen. En breve tiempo saldrán de circulación, porque sus productores se cansarán de hacer un esfuerzo sin recompensa. No tendrán anuncios, como tampoco audiencias, por las mentiras y la ausencia de razonabilidad.

El ejercicio de la comunicación en el Gobierno ha sido, en el vértice del trincheterismo comunicativo tóxico, bastante moderado, tolerante y alejado de la confrontación. En su prudencia, en ocasiones ha reaccionado con timidez y ha estado a la defensiva.

Rasgos medulares

Los rasgos medulares de esa línea de acción estratégica se cubren en los siguientes puntos:

1.- El presidente Luis Rodolfo Abinader figura como el protagonista oficial, o el apagafuegos, por ser creíble. Escucha, ratifica y se le percibe como sencillo y sincero.

2.- La estructura gubernamental superior reacciona con prontitud ante escándalos y aconteceres significativos.

3.- La timidez mayor ha estado en altos funcionarios, que rehúyen contactos con los medios, especialmente a las entrevistas.

4.- Instancias estatales han estado sometidas a presión por mediáticos que exigen la ampliación y diversificación del pastel publicitario, en el instante en que el jefe del Estado implementa mecanismos para que la inversión publicitaria sea más reducida y productiva.

En el accionar gubernamental se interponen dos intercepciones, asonantes y disonantes, que exteriorizan signos altamente identificables.

¿Quiénes se oyen con sonidos concordantes?

1.- La aceptabilidad y moderación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

2.- El inusitado interés que ha despertado La Semanal de los lunes del presidente Abinader Corona.

3.- La sensibilidad y afectividad de la Prima Dama, Raquel Arbaje.

4.- Los frecuentes espacios pagados del Banco Central, en los diarios de papel, ilustrando sobre distintos tópicos de la economía nacional.

¿Y cuáles suenan con ronquidos sonsonetes?

5.- La controversia del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, por su inusual arrojo en la cobranza a los mala-pagas del consumo de electricidad.

6.- El veto al ministro de Educación, Angel Hernández, por la apetencia del 4% y su estilo apagado y humilde.

7.- La desafiante desobediencia a las directrices oficiales del apasionado diplomático Miguel Mejía, quién con todo y su alejamiento de sus compromisos estatales, no renuncia a su cargo.

Imperativamente, la acción estratégica del presidente Abinader Corona se ha caracterizado por un uso inteligente de los nuevos medios y redes sociales, presentando un contenido fresco y actualizado. En particular, su implementación de canales digitales, como WhatsApp, ha permitido una comunicación efectiva con la ciudadanía.

Este enfoque innovador no solo ha facilitado la difusión de información relevante, sino que también ha destacado al mandatario dominicano como uno de los líderes en América Latina en el uso de estas herramientas digitales para la comunicación gubernamental.

Igualmente, ha impulsado la colaboración entre las instituciones estatales, para desarrollar estrategias conjuntas que abordan temas de impacto significativo para la ciudadanía. Y este enfoque se complementa con una efectiva microsegmentación del contenido, adaptando la comunicación de cada entidad según el sector al que pertenece.

Como quintaesencia filosófica, esta estrategia permite que los mensajes sean más relevantes y específicos, mejorando así la interacción y el compromiso de los ciudadanos con las iniciativas del Gobierno.

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POR LUIS M. GUZMAN

El crecimiento del tamaño del gobierno en la República Dominicana es un tema crítico al considerar cualquier reforma fiscal. Un gobierno sobredimensionado que incrementa el gasto corriente sin mejorar su funcionamiento puede convertirse en una carga para la economía. Esto afecta negativamente la sostenibilidad fiscal y reduce los recursos disponibles para inversión en áreas clave como infraestructura, educación y salud, lo cual es fundamental para el desarrollo del país.

En 2019, el aparato gubernamental ya era considerablemente grande. Según indicadores clave, el gasto público del gobierno central representaba aproximadamente un 18-19% del PIB. Este gasto incluía tanto el gasto corriente, como salarios y operación de la administración pública, así como el gasto de capital, que abarca inversiones en infraestructura y programas de desarrollo.

Según datos del Ministerio de Administración Pública, la nómina del sector público en 2019 era de aproximadamente 600,000 empleados. Esto significaba que una gran parte del gasto público se destinaba a salarios y prestaciones del sector público. Para 2024, se reporta un aumento significativo tanto en el gasto público como en la cantidad de empleados del Estado.

El gasto del gobierno central ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el 21-22% del PIB. Este aumento ha sido impulsado por el crecimiento del gasto corriente. La nómina del sector público ha aumentado a más de 700,000 empleados, lo que implica un incremento considerable del personal en la administración pública. Este aumento ha llevado a un incremento significativo en el «gasto corriente», que incluye salarios y costos operativos.

Un gobierno debe ser lo suficientemente grande para proveer servicios esenciales y garantizar el bienestar de su población. Sin embargo, un crecimiento desmedido sin mejora en la calidad de los servicios públicos ha generado serias problemáticas. Esto crea presión sobre el presupuesto nacional. Un gobierno grande requiere más recursos para funcionar, lo que implica una mayor asignación de fondos para el gasto corriente en lugar de la inversión pública.

Riesgos

Esto limita la capacidad estatal para invertir en infraestructura y programas de desarrollo social. Si el crecimiento del gobierno no está respaldado por un crecimiento equivalente en la recaudación de ingresos, esto puede llevar a un déficit fiscal. Un déficit persistente implica tomar más préstamos para cubrir el presupuesto, aumentando el endeudamiento estatal.

En República Dominicana, la deuda pública ha sido una preocupación constante. Mantenerla bajo control es vital para evitar una carga excesiva sobre futuras generaciones. Un gobierno sobredimensionado puede resultar también en burocracia excesiva y procesos lentos, afectando la productividad del sector público.

Más empleados no necesariamente se traducen en mejores servicios si no existe una estructura clara de responsabilidades y una cultura de gestión eficiente. Además, esto reduce la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Un gobierno grande puede competir con el sector privado por recursos como mano de obra calificada.

Esto puede aumentar los costos laborales y reducir la competitividad privada. También puede limitar las oportunidades de inversión privada. Dado este contexto, una «reforma fiscal responsable» debe abordar el tamaño gubernamental con una estrategia clara.

En lugar de expandirlo continuamente, debe enfocarse en racionalizar el gasto público mediante auditorías exhaustivas y optimización de recursos. El gasto en salarios y beneficios públicos debe ser revisado y ajustado. Implementar políticas de contención del gasto es fundamental para evitar mal uso de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.

Reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es esencial para mejorar la eficiencia del gasto público. La reforma fiscal debe redirigir el gasto desde lo corriente hacia la «inversión pública», crucial para impulsar crecimiento económico a largo plazo.

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