POR LUIS M. GUZMAN 

La educación pública dominicana no está en crisis, está siendo traicionada por quienes deberían protegerla. Cada paro, cada día perdido, cada currículo mutilado es un golpe directo al futuro de miles de niños. Y lo peor no es la suspensión de clases; lo peor es la complicidad de un país que lo permite, lo normaliza y luego actúa sorprendido ante las consecuencias sociales que esta irresponsabilidad genera.

La ADP ha dejado de ser un gremio docente para convertirse en un instrumento político de alto calibre. Sus paros no responden solo a reivindicaciones; responden a agendas, manipulaciones y cálculos. Lo que debería ser un movimiento profesional se convirtió en una maquinaria de presión con la capacidad de paralizar el país… menos para enseñar. Hoy, el gremio defiende más su poder que el derecho de los estudiantes.

El Ministerio de Educación juega el papel más vergonzoso, simula. Cierra el año escolar como si nada hubiera ocurrido, promueve estudiantes que no recibieron la mitad del contenido y entrega diplomas que son casi una burla. Todo esto para evitar conflictos con el gremio y proteger estadísticas que solo sirven para engañar a la población. El Estado certifica competencias que jamás se impartieron.

Los maestros de vocación —los que sí quieren enseñar— han sido secuestrados por un liderazgo sindical que los empuja al paro, los presiona y los convierte en piezas de una agenda que no han elegido. Un maestro que quiere cumplir su deber es señalado, aislado o marginado por un sistema que prioriza el activismo y no la enseñanza. La ADP castiga a quien quiere dar clases, esa es la tragedia.

Y por qué los partidos políticos no dicen nada? Porque temen al gremio. Porque necesitan su estructura en campaña. Porque saben que un pronunciamiento crítico significa perder apoyo y enfrentar huelgas que pueden costar elecciones. Por eso guardan silencio. No es prudencia, es cobardía. La educación dominicana está secuestrada por un pacto tácito entre políticos y sindicato.

Util para todos menos para los estudiantes

Para el gobierno, sirve para calmar tensiones. Para la oposición, para crear inestabilidad. Y para el gremio, es la forma perfecta de incrementar poder. Todos ganan algo… menos los niños, que pierden el año, el rumbo y el sentido de una educación que nunca llega completa. El sistema ha olvidado quién es la verdadera prioridad.

Cada paro destruye semanas de continuidad pedagógica, rompe ritmos, elimina contenidos esenciales y empuja a los más vulnerables al fracaso. ¿La ADP compensa esas horas? No. ¿El Ministerio exige reposición? No. ¿Los partidos presionan? Nunca. Todo el sistema gira alrededor del sindicato, mientras la escuela pública se convierte en un cascarón vacío con aulas que solo “funcionan” en el papel.

La deserción escolar no surge de la nada, surge de años de paros, retrasos, currículos incompletos, falta de acompañamiento y un sistema que expulsa a los jóvenes más pobres. Después de eso, el país se atreve a juzgarlos como irresponsables por abandonar la escuela. Pero la verdad es brutal, fue la escuela la que los abandonó primero. La deserción es hija directa del fracaso del sistema.

Y luego llega la criminalidad. El país se alarma, se escandaliza y exige mano dura. Pero rara vez menciona lo obvio, jóvenes sin clases, sin guía, sin estructura, sin oportunidades, terminan cayendo en entornos que los absorben. No es casualidad; es consecuencia. Lo que no enseña la escuela, lo enseña la calle. Y ese “aprendizaje” es mucho más rápido… y mucho más peligroso.

La doble moral nacional es casi grotesca. Se toleran años enteros de parálisis escolar, se justifican paros, se defiende el silencio político, pero luego se culpa a los jóvenes de ser violentos o “perdidos”. ¿Qué esperábamos? ¿Disciplina sin estructura? ¿Valores sin ejemplo? ¿Orden sin educación? La criminalidad es una factura que el país se niega a reconocer que él mismo generó.

Hablan del 4% del PIB como si fuera la salvación, pero sin clases no hay inversión que sirva. El dinero sin enseñanza es un fraude social. Las aulas vacías hacen inútil cualquier presupuesto. La verdadera reforma no empieza aumentando fondos, empieza despolitizando la ADP, imponiendo reposición obligatoria de horas perdidas y exigiendo resultados reales, no ceremonias maquilladas.

La República Dominicana debe decidir si sigue tolerando que la educación sea rehén de intereses políticos y gremiales. El país necesita valentía para romper este círculo. No habrá futuro, seguridad ni movilidad social mientras la ADP pueda paralizar un año escolar y los partidos sigan en silencio. Solo recuperando la autoridad, la verdad y el deber educativo podremos salvar a una generación que hoy está cayendo por la grieta abierta entre la política y la irresponsabilidad.

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Durante las dos últimas décadas, la política exterior estadounidense ha luchado contra los fantasmas equivocados. Washington siguió mirando a Moscú con el mismo pánico moral con que Truman observaba al Kremlin en 1947, mientras el verdadero adversario —silencioso, paciente e implacable— construía fábricas, puertos, supercomputadoras y algoritmos. China no necesitó disparar un solo misil para rodear a Estados Unidos. Bastó con que la élite política confundiera nostalgia ideológica con estrategia global.

El mundo post-1991 exigía una visión distinta. Pero la Casa Blanca siguió administrando la política exterior a través del espejo retrovisor. Obama buscó un “reset” con Rusia. Biden revirtió ese gesto con sanciones y un compromiso ilimitado con Ucrania. Mientras tanto, Pekín se apoderaba de minerales críticos, del comercio asiático y del corazón tecnológico del siglo XXI: los microchips.

El error fue de diagnóstico. Se creyó que Putin era el villano del siglo XXI, cuando era apenas el eco final del XX.

Incluso antes, en 2001, George W. Bush había proclamado sin sutilezas: “Ganamos la Guerra Fría”. Al mismo tiempo anunció el despliegue de un escudo antimisiles rodeando a Rusia. Aquella decisión partió la confianza naciente de la era postsoviética y convenció al Kremlin de que Washington nunca aceptaría su supervivencia estratégica.

La mirada demócrata sobre Rusia es hereditaria: la considera amenaza existencial. Pero Moscú ya no exporta ideología, sino petróleo y caos. Quien sí exporta modelo, disciplina y ambición global es China. Think tanks estadounidenses llevan años advirtiendo que un conflicto directo con China tendría riesgos de escalada nuclear no vistos desde la Guerra Fría. Aun así, la mayor parte de los recursos diplomáticos sigue anclado en Europa del Este.

Mientras Europa debatía sanciones y declaraciones, China tejía la Ruta de la Seda con más de 50 países, construía puertos en el Índico, ferrocarriles en África y acuerdos energéticos en América Latina.

Pekín expandía su influencia marítima, probaba simulaciones de bloqueo de Taiwán y consolidaba rutas estratégicas, mientras Occidente felicitaba al mercado libre mientras su industria se desintegraba.

Cada iPhone comprado financiaba —sin querer— la capacidad tecnológica china. Las corporaciones estadounidenses no vieron un competidor: vieron una fábrica. Cuando comprendieron la magnitud estratégica del error, la cadena de suministro global ya tenía sello rojo.

Trump, con su guerra de aranceles, intenta revertir —demasiado tarde— lo que se perdió demasiado rápido.

Xi Jinping no compite por hegemonía momentánea, sino por civilización.

En la narrativa china, la democracia liberal no es el fin de la historia; es un error histórico que la disciplina asiática corregirá. Lo más peligroso de China no son sus portaaviones: es su paciencia.

Simulaciones militares recientes muestran que Estados Unidos podría ganar una guerra convencional en el Pacífico… pero a un costo tan devastador que equivaldría a perder la paz. Cada victoria aceleraría la desdolarización, aislaría a Washington y fracturaría el comercio global.

Steve Bannon lo anunció con brutal claridad: Estados Unidos ya estaba en una “guerra económica” con China. Kissinger, más sobrio, insistió en que Rusia buscaba respeto, no conquista, y que la verdadera competencia era China. Ambos —por caminos opuestos— advertían lo mismo: la amenaza estratégica central no estaba en Moscú.

Europa, mientras tanto, prefiere la comodidad moral. Condena guerras en comunicados, pero depende del litio, acero y paneles solares de China para construir su “nuevo orden verde”.

Taiwán se ha convertido en el conflicto más caro de la historia moderna: uno que nadie puede ganar sin perderlo todo.

La historia quizás juzgue al siglo XXI no por las guerras que se libraron, sino por las que se evitaron.

Estados Unidos creyó que el futuro estaba en Kiev; China sabía que estaba en Shanghái. La democracia se desgasta mirando al pasado, mientras el autoritarismo planifica el futuro.

Y aquí encaja la advertencia más perturbadora del presente: la de Jensen Huang, CEO de Nvidia, un hombre cuya empresa sostiene la revolución de la inteligencia artificial.

Huang sostiene que China podría superar a Estados Unidos en IA por tres razones estructurales:

Escala industrial descomunal: China puede construir centros de datos y plantas de fabricación a un ritmo y un costo que Occidente simplemente no puede igualar”.

Energía barata y altamente subsidiada: permite expandir infraestructura de cómputo masiva sin los límites regulatorios de occidente”. En la actualidad produce más energía que EU y UE.

Una reserva humana masiva: China forma tantos investigadores en IA que pronto representará cerca de la mitad del talento global del mundo.

En esencia, Huang advierte que China no está “rezagada”: está optimizando el futuro a una velocidad que las democracias liberales, atrapadas en ciclos electorales y burocracias lentas, no pueden replicar.

Si el siglo XXI es la era de la inteligencia artificial —y todo indica que lo es— entonces la competencia entre Estados Unidos y China es más que geopolítica: es civilizacional.

La potencia que domine la IA dominará la economía, la seguridad, la infraestructura, la cultura digital y el modelo político.

China ya ha demostrado que gana sin disparar. En la inteligencia artificial, lo hace incluso sin que Occidente se dé cuenta de que ya empezó la batalla.

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El apagón nacional ocurrido recientemente  ha colocado bajo escrutinio la fragilidad de nuestro sistema eléctrico y lo más preocupante es que se intente explicarlo, una vez más, como el resultado de un “error humano puntual”.

Dicho así, suena convincente, incluso inevitable, pero cuando se analiza la arquitectura técnica y procedimental de un sistema eléctrico moderno, esa explicación resulta insuficiente, reduccionista y técnicamente incongruente.

En el mundo de la ingeniería eléctrica, un error humano rara vez es la causa raíz de un apagón masivo.

Un sistema correctamente mantenido, auditado y protegido cuenta con dispositivos automáticos capaces de contener y aislar cualquier acción incorrecta antes de que se convierta en un colapso general.

Si un solo gesto puede producir la caída de la red nacional, entonces el problema no es la persona, es el sistema que debía prevenirlo.

Toda infraestructura crítica debe operar bajo registros escritos, trazables y verificables como bitácoras de operación, historiales de fallas, pruebas de protecciones, auditorías técnicas, informes de mantenimiento y registros del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos

Estas herramientas sirven para organizar la operación diaria y son la garantía de que las decisiones técnicas se toman con base en evidencia, no en improvisación ni en intuición.

Por eso, cuando se culpa a un supuesto “error humano” sin presentar la documentación que respalde el relato, surge un cuestionamiento legítimo

sobre los registros que demuestran que el sistema estaba en condición óptima, que las protecciones funcionaban y que los procedimientos se cumplieron tal como exigen los estándares.

Si las bitácoras muestran mantenimientos diferidos, alarmas recurrentes, protecciones descalibradas o auditorías no realizadas, entonces no estamos ante un error humano, sino ante una falla institucional.

Y si no se muestra documentación, el problema es aún más grave debido a que se convierte en una falla de transparencia.

Inmediatamente ocurrió el evento, el gobierno debió ordenar

una investigación técnica independiente, con participación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), universidades y especialistas en protecciones eléctricas.

La ciudadanía merece algo más que una explicación apresurada y debe saber si el sistema eléctrico dominicano está documentado, mantenido y protegido conforme a las normas.

El apagón del pasado día 11 del presente mes no debe quedar registrado como un incidente anecdótico, sino como una advertencia.

Porque allí donde falta documentación, sobra negligencia y donde se responsabiliza a una persona sin evidencia, se oculta una falla estructural.

Es momento de mirar más allá del presunto error humano y de tomar en consideración que

el verdadero desafío es fortalecer el sistema para que ningún error, humano o técnico, vuelva a dejar al país a oscuras.