CARACAS.- El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió lealtad a los efectivos en medio de la parada militar anual más importante de Venezuela, durante la celebración de los 193 años de la Batalla de Carabobo, guerra que le dio la libertad a Venezuela de la corona española.

El presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana agradeció la lealtad que le han dado los componentes de la FANB como su comandante en jefe pero al mismo tiempo exigió máxima lealtad y disciplina a las fuerzas revolucionarias», justo el día en el que también el Ejército celebra un año más de su fundación.

Alertó Maduro ante civiles y militares presentes en el acto «como hijo leal de Chávez lo digo: fuerzas disolventes pretenden incubarse desde adentro».

Estas declaraciones se registran a siete días de las críticas públicas que, tras su exclusión del gabinete económico, le hiciera su ex ministro de Planificación Jorge Giordani.

El presidente Maduro llegó al campo de Carabobo flanqueado por Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Rodríguez; y las integrantes del Poder Moral, la Fiscal General Luisa Ortega, la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez.

A propósito de la jornada Maduro hizo un paralelismo entre los ideales bolivarianos y la interpretación que de ellos hizo el ex presidente Hugo Chávez. “Hoy la igualdad tiene un solo concepto y lo trajo Hugo Chávez al siglo XXI, hoy la igualdad se llama socialismo, socialismo bolivariano, cristiano, nuestro americano”.

En el desfile participaron 900 menores en edad escolar, que escenificaron la batalla de Carabobo. La ministra de la Defensa Carmen Meléndez dijo que este desfile era la mejor manifestación de la unión “cívico-militar”, lo que demostraba según la militar venezolana que el ex presidente fallecido Hugo Chávez estaba vivo.

Sus palabras se registran horas después de conocerse un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le permite a los militares activos participar en manifestaciones públicas de carácter político a favor de una tendencia ideológica.

En el desfile militar para celebrar 193 años de la batalla de Carabobo participaron efectivos militares de Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
Fuente: VOA
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PALMA DE MALLORCA, España.- La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue imputada por un juez español por dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero, mientras su esposo lo fue por otros siete supuestos cargos, en una investigación por presunta corrupción.
El juez José Castro emitió un auto en la ciudad de Palma de Mallorca, donde se lleva la causa, que pone fin a una larga instrucción en la que imputa a quince personas en el llamado “caso Nóos”.
Nóos es el nombre de una entidad sin ánimo de lucro presidida entre 2003 y 2006 por el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y a la que supuestamente se desviaron hasta seis millones de euros procedentes de fondos públicos.
Según el auto, hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera su marido”, mediante una “colaboración silenciosa”.
La intervención de la hermana del rey fue mediante “la colaboración silenciosa de su 50 por ciento de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon”, de la que el otro cincuenta por ciento era de su esposo.
Según el juez, dichos fondos “ilícitos” proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó “gracias a sus defraudaciones fiscales”.
Castro considera “difícil compatibilizar” que Aizoon fuera “una sencilla y entrañable entidad familiar” con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.
Cristina de Borbón acudió a declarar ante el juez el pasado 8 de febrero, aunque su actitud “se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo”, según el auto.
Sobre Urdangarin pesa la imputación por nueve delitos, ya que es considerado supuesto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá su imputación, por entender que no hay base jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su defendida.
También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, para quien “sigue sin existir ningún elemento en contra” de la infanta Cristina, que “ha sido imputada por ser quien es”, en alusión a su parentesco con el rey.
Horrach dijo que la infanta ha sido tratada de manera “injusta” y añadió que tras escuchar a “trescientas treinta y pico personas” no existen elementos incriminatorios contra ella.
Los recursos implican que corresponderá a una sala de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.
Tras conocer el auto, un portavoz de la Casa del Rey expresó su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”, una fórmula que también empleó en nombre del Gobierno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“En este país la ley es igual para todos”, señaló el ministro, quien recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a la independencia judicial.
La nota dominante en las reacciones políticas en España a esta decisión de Castro fue mostrar respeto a la independencia del juez, aunque diversas formaciones de izquierda fueron más lejos y apuntaron su convicción de que se trata de un triunfo de la Justicia, por el simbolismo de ver como imputados a personas vinculadas por parentesco al rey.
jt/am