POR ROBERTO VERAS

En los últimos tiempos, los barrios de nuestra ciudad han sido testigos de cambios que, lejos de beneficiar, parecen diseñados para perjudicar a quienes menos tienen. La reciente reforma fiscal, presentada como una medida para modernizar y actualizar los impuestos, en realidad está teniendo un impacto desproporcionado en los habitantes de estos sectores.

Los aumentos de impuestos siempre han sido un tema sensible para la gente de los barrios. En esta ocasión, la reforma ha traído consigo una serie de ajustes que afectan directamente a trabajadores esenciales como policías, chiriperos, albañiles, colmaderos, maestros, choferes de transporte público y transportistas de mercancías del campo a la ciudad, en fin la clase media en general.

Son precisamente estos ciudadanos quienes sostienen el día a día de nuestras comunidades, y ahora se enfrentan a una carga tributaria más pesada. El incremento salarial anunciado, destinado teóricamente a compensar estos ajustes fiscales, parece desvanecerse ante la realidad de una inflación creciente y el aumento de los precios de productos básicos.

Los bolsillos de los trabajadores apenas alcanzan a cubrir los gastos diarios, y cada aumento impositivo reduce aún más su capacidad adquisitiva. En la naturaleza de un sistema regresivo, los impuestos penalizan principalmente a los de menos ingresos, priorizando los impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, que afecta a todos por igual, sin importar sus ingresos.

En cambio, un sistema progresivo asigna la mayor carga fiscal a quienes más pueden pagar, es decir, a los que tienen mayores ingresos. La reforma actual, lamentablemente, se inclina hacia lo regresivo, impactando más fuertemente a los sectores con menos recursos y dejando relativamente ilesos a quienes tienen mayores capacidades económicas.

Este enfoque regresivo pone de relieve la injusticia estructural de nuestro sistema fiscal. Cuando se plantea una reforma de este tipo, no debería ser solo con el fin de recaudar más dinero para el gobierno. También es crucial considerar cuáles serán los efectos sobre la estructura socioeconómica del país.

La sostenibilidad fiscal no puede lograrse a costa de agravar la desigualdad social. Los nuevos sacrificios impositivos tienen que traer consigo recompensas tangibles para la población. De lo contrario, esta reforma solo logrará profundizar el malestar, redoblar el disgusto popular y posiblemente desencadenar protestas y quejas en todo el país.

Los habitantes de los barrios, que ya enfrentan desafíos diarios para satisfacer sus necesidades básicas, no deberían ser quienes carguen con el peso de una política fiscal que los asfixia. Es vital que las autoridades revisen estas medidas para garantizar que los impuestos se apliquen de manera equitativa, protegiendo a los más vulnerables y fomentando un desarrollo inclusivo.

Esta reforma fiscal, presentada como necesaria para mejorar la recaudación y modernizar las finanzas públicas, parece olvidar las realidades económicas de quienes menos tienen. No se trata solo de números en un papel, sino de vidas afectadas y familias que luchan por llegar a fin de mes.

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En momentos cruciales para la democracia, el rol de la Junta Central Electoral (JCE) es esencial para garantizar la transparencia, equidad y legitimidad de los procesos electorales y el fortalecimiento del registro civil. Como aspirante a formar parte de la JCE, me encuentro motivado por un sentido profundo de responsabilidad cívica y el firme compromiso de contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia en estas dos áreas fundamentales.

Durante años, he trabajado en el ejercicio académico, pero también en el ejercicio práctico de los procesos que desarrolla la JCE, en mi libro, Democracia en los Partidos: Pautas para su Transformación, aborda de manera crítica cómo la falta de transparencia y participación interna puede afectar negativamente el sistema político. Esta experiencia me ha dado la visión y el criterio para entender que la JCE no solo debe velar por el correcto desarrollo de las elecciones, sino también por la integridad y modernización del registro civil, que impacta directamente en la vida de todos los ciudadanos.

La JCE tiene dos responsabilidades fundamentales que impactan directamente en el desarrollo de la sociedad dominicana: la organización de elecciones y la gestión del registro civil. Ambas son pilares de la democracia y del funcionamiento del Estado, y requieren de una administración eficiente y justa para garantizar derechos fundamentales y para esa gestión eficiente en los ámbitos de actuación que desarrolla la JCE es necesario contar con una participación activa de los partidos políticos, ya que son ellos los principales actores en un sistema  democrático.

Indiscutiblemente que la gran responsabilidad de la JCE es organizar procesos electorales transparentes y justos. Mi candidatura busca reforzar esta función esencial, asegurando que cada ciudadano tenga el derecho de participar en elecciones limpias, con un sistema que refleje de manera fidedigna la voluntad popular.

La supervisión de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el conteo de votos, es vital para mantener la confianza en las instituciones democráticas. Me comprometo a contribuir con mi experiencia para que cada elección sea un ejercicio legítimo de la soberanía ciudadana, libre de fraudes o irregularidades que afecten la estabilidad política del país.

La administración y gestión del registro civil es la otra gran responsabilidad de la JCE, menos visible, pero igualmente crucial para la vida de los dominicanos. Esta institución tiene bajo su mandato el registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos civiles que determinan la identidad legal de los ciudadanos.

Una gestión eficaz del registro civil es fundamental para garantizar el acceso a derechos como la educación, salud y seguridad social. Como miembro de la JCE, trabajaré para que el registro civil se mantenga actualizado, accesible y en sintonía con las nuevas tecnologías, promoviendo una administración moderna que facilite el acceso a estos servicios de manera ágil y oportuna.

Mi visión como candidato a la JCE es integral, comprendiendo tanto la necesidad de mejorar los procesos electorales como de fortalecer el registro civil. Ambos componentes son indispensables para asegurar que todos los dominicanos puedan ejercer plenamente sus derechos, ya sea a través de su participación política o de su reconocimiento legal como ciudadanos.

En definitiva, aspirar a la JCE no es un objetivo personal, sino una oportunidad para servir al país, con una visión clara y un profundo compromiso con la democracia, de tener la oportunidad  espero poder contribuir al fortalecimiento de esta institución clave, asumiendo con responsabilidad las dos grandes áreas que impactan directamente en la vida de cada dominicano: los procesos electorales y el registro civil.

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Los mecanismos de sucesión de los cargos de elección popular están instituidos en la Constitución y la ley, sin contemplar, en ningún caso, la celebración de elecciones.

En ese orden, las tres causas de sucesión del Presidente de la República se encuentran establecidas en el artículo 129 de la Constitución Política, de la manera siguiente: 1) Falta temporal: el Vicepresidente asume el Poder Ejecutivo; 2) Falta definitiva: el Vicepresidente asume la Presidencia por el tiempo que falte para la terminación del período presidencial; y 3) Falta definitiva del Presidente y del Vicepresidente: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia asume interinamente el Poder Ejecutivo, con la obligación de convocar la Asamblea Nacional dentro de 15 días, para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija a los nuevos Presidente y Vicepresidente de la República, de las ternas presentadas a la Asamblea Nacional por el organismo superior del partido que los postuló.

De su lado, en los casos de los cargos de senador y de diputado, cuando por cualquier motivo ocurran vacantes, por disposición del numeral 1 del artículo 77 de la Constitución Política, la cámara correspondiente escogerá su sustituto de una terna que le debe presentar el organismo superior del partido que lo postuló.

Por su parte, el ayuntamiento, que no es un poder del Estado, pero tiene en común con los poderes Legislativo y Ejecutivo la elección de sus principales cargos mediante el voto popular, conforme con el artículo 201 de la Carta Magna, tiene como sucesor del alcalde al vicealcalde y del regidor al suplente.

Dándole concreción a lo anterior, el artículo 64 de la Ley núm. 176-07, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y los Municipios, establece que “si no hubiera vicealcade/sa, el presidente/a del Concejo de Regidores se dirigirá al Presidente de la República para que proceda a su designación conforme el procedimiento establecido en la Constitución de la República”.

Antes de la reforma constitucional del 2010, el procedimiento para llenar la vacante de alcalde a falta del vicealcalde, estaba instituido en el artículo 55, numeral 11, de la Constitución del 2002, con origen en la de 1966, el cual le daba la atribución al Poder Ejecutivo de escoger al sustituto de una terna enviada por el partido que postuló al alcalde.

Como se puede apreciar, en todos los casos, la sustitución de los cargos de elección popular se hace en base a una terna enviada por el partido político que postuló al titular del cargo.

Nadie discute que el constituyente del 2010 descontitucionalizó el procedimiento establecido para llenar la vacante de alcalde y lo dejó a cargo de la ley, así como que no derogó el artículo 64 de la Ley 176-07, el cual, además, no tiene ningún conflicto con la Constitución.

Por lo tanto, no le quitó al Presidente la atribución de designar al sustituto del alcalde a falta definitiva del vicealcalde.

También, está fuera de discusión que la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, descarta absolutamente la posibilidad de una convocatoria de elecciones para llenar la vacante de alcalde de una manera distinta al mecanismo ordinario de sucesión establecido en la ley.

Recordemos que las elecciones extraordinarias se efectúan por disposición de: a) la ley, b) la JCE, y c) una sentencia del TSE, para proveer los cargos electivos en divisiones territoriales nuevas o modificadas o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para cualquier otro fin. En ningún otro caso la Junta Central Electoral tiene facultad para convocar elecciones.

En fin, las elecciones para elegir los cargos de elección popular correspondientes al presente mandato constitucional ya fueron celebradas, las próximas se celebrarán cuando se abran los colegios electorales en el 2028.

JPM