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SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó su preocupación por lo que define como prolongación excesiva de determinados procesos penales.
Advirtió que la duración de los expedientes por períodos que superan los límites establecidos por la legislación puede comprometer garantías fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, planteó la preocupación de este gremio durante una entrevista en el programa Despierta RD, que se transmite por Telecentro, canal 13. Sostuvo que existen procesos que permanecen abiertos durante cinco años o más sin alcanzar siquiera una sentencia de primera instancia.
Citó como ejemplo el proceso seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuyo expediente, según afirmó, presenta características que dificultarían su conocimiento dentro del plazo máximo previsto por el ordenamiento jurídico.
EXPEDIENTE DE GRAN COMPLEJIDAD
Potentini señaló que la acusación presentada en ese caso contiene 12,274 páginas, cuya lectura e incorporación al proceso requeriría semanas de trabajo del tribunal.
Agregó que el mismo involucra a 63 imputados, quienes tendrían derecho a contar con hasta tres abogados para su defensa, lo que representaría unos 189 defensores, sin incluir asistentes y personal de apoyo.
A esto se suma, según explicó, la presentación de más de 3,500 pretensiones probatorias por parte del Ministerio Público, además de las pruebas que podrían ser promovidas por cada imputado en ejercicio de su derecho de defensa.
DEFENSA NO DEBE SER CONSIDERADA TÁCTICA DILATORIA
Advirtió que el ejercicio de los recursos, excepciones e incidentes establecidos por la legislación no debe ser considerado automáticamente como una maniobra destinada a retrasar los procesos.
Afirmó que debe diferenciarse entre actuaciones manifiestamente abusivas, dirigidas exclusivamente a obstaculizar un procedimiento, y el uso legítimo de las herramientas procesales disponibles para proteger los derechos de los imputados.
Respaldó, en ese sentido, planteamientos del jurista Carlos Balcácer, quien ha advertido sobre los riesgos de interpretar de manera extensiva las actuaciones de la defensa como mecanismos dilatorios.
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