Tengo que confesar que no es ninguno de los héroes que la historia ha puesto en las circunstancias, de haciendo uso de sus responsabilidades y mando en las fuerzas armadas, producir o ayudar a ejecutar esas grandes decisiones que la población considera actos revolucionarios y/o heroicos. Tampoco es alguno de esos profesionales académicos, que dentro del ejército regular realizan labores tan encomiables como la enseñanza y el servicio médico -entre otras muchas- y que constituyen el orgullo de sus familiares y amigos. No lo fue Ignacio de Loyola, a pesar de formarme parcialmente bajo sus lemas; tampoco fue Manuel Rodríguez, el mítico y legendario patriota, militar y guerrillero chileno, no obstante haber seguido su historia y compartido muchas de sus motivaciones personales. No lo fueron Ernesto -Che- Guevara y Hugo Chávez Frías. Lo mismo me sucede con Francisco A. Caamaño, Fernández Domínguez y los demás oficiales que se distinguieron en la revuelta de abril de 1965. Mi guardia favorito es uno que ni siquiera conozco en persona. Yo le llevo diez años de edad, por tanto, no tuvimos oportunidad de conocernos en la escuela y desde luego, que siendo él guardia -marino con exactitud- hubo pocos escenarios que pudiéramos haber compartido. Es mi “guardia favorito” porque lo he oído hablar por televisión y radio -por lo menos en los últimos tiempos- y me ha parecido un excelente expositor, que destila una educación muy esmerada, un dominio absoluto de los temas tratados y un fino olfato político al hablar en público. Pienso que eso no le vino por casualidad, no en balde es el segundo de los hijos de don Reinaldo (qepd) y doña Milagros. En la actualidad es Director General del DNI y es sobre sus funciones que quiero hablar. Recientemente se refirió al caso del ataque al tren urbano de Santo Domingo y sus opiniones me parecieron algo superficiales. Cuando explicaba a la prensa dijo textualmente, tal y como lo reporta Almomento.net: «para que sea declarado un acto de terrorismo, hay que probar que hubo autores intelectuales, personas que empujaron, amenazaron o le pagaron al inculpado para que provoque terror a la ciudadanía». Entiendo que el Almirante debió ser mas preciso, porque el terrorismo como tal, no depende de que haya un autor intelectual o de que le hayan pagado al criminal que actúa. El terrorismo se define porque las víctimas no son el fruto de una acción personal contra alguien en particular, el criminal produce el daño para sembrar el miedo en la sociedad. En el terrorismo no hay nada personal. Las víctimas -cuando el ataque es contra seres humanos- son personas que en general pudieran no tener vinculación con el terrorista y cuando se atacan instalaciones y propiedades, generalmente son propiedades del Estado o inmuebles de uso común de la sociedad. Las Naciones Unidas, desde 1937, cuando todavía era la Sociedad de Naciones, definió el terrorismo com “Cualquier acto criminal dirigido contra un Estado y encaminado a/o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general.” Posteriormente, el organismo mundial ha ratificado el espíritu de esa vieja declaración y ha ampliado su alcance, para adaptarlo a las nuevas formas de delincuencia colectiva. Sin embargo, el término “terrorismo” sigue teniendo algún grado de ambigüedad, porque su definición ha estado afectada por los intereses de los gobiernos, totalitarios o no. Por ejemplo, para la Alemania de Hitler, terrorista era cualquier judío, con armas o sin ellas, no importaba cual fuera la actividad que realizara. Para las dictaduras de América del Sur, era terrorista todo el que no acatara sus decisiones, por injustas que fueran. Para los Judíos, terrorista es cualquier joven árabe que no tenga una actitud de sumisión total a Israel. Con todo y estas diferencias de criterio tan pronunciadas y tan arbitrarias, se ha llegado a establecer ciertas condiciones que se consideran definitorias para tipificar el delito de terrorismo. Todos los especialistas están de acuerdo en que el acto de terrorismo típico implica una amenaza a la sociedad en pleno y/o a algún sector de ella, como por ejemplo el Estado y sus instituciones. Michael Ignatieff, académico canadiense, político, historiador y especialista en derechos humanos, entiende que “el terrorismo administra el terror psicológico para minar las instituciones democráticas, limitar los derechos de los ciudadanos, darle más atribuciones a los poderes de coerción del Estado y suspender las garantías constituciones.” En un informe a la ONU, un grupo de especialistas propuso una especie de consenso académico, un acuerdo entre entendidos, basado en las formulaciones que hiciera A.P Schmid en 1988 y que define el problema en estos términos: “El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo (semi) clandestino o por agentes del Estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que -a diferencia del asesinato- los blancos directos de la violencia no son los blancos principales… …las víctimas humanas inmediatas de la violencia son por lo general elegidas totalmente al azar -son blancos de oportunidad- de una población blanco, y son usadas como generadoras de un mensaje; los procesos de comunicación basados en la amenaza y en la violencia entre el terrorista, las víctimas puestas en peligro y los blancos principales, son usados para manipular a las audiencias destinatarias de la amenaza, convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demanda o blanco de atención, según que se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda.” Como se puede notar, el término “terrorista” puede resultar complicado en su aplicación, y ello pudiera justificar la cautela del prestigiado oficial, cuando rehúsa acusar formalmente al joven detenido y prefiere esperar los resultados de las indagaciones para calificar formalmente el hecho. Hasta ese momento, estamos de acuerdo con su escepticismo; pero quedamos inconformes cuando abotona su declaración con las afirmaciones citadas mas arriba. Mi preocupación por el tema viene porque no estoy seguro de que nuestra legislación contemple la figura del “terrorismo” de manera específica y no hay que esperar a que se presenten nuevos casos -quiera Dios que así no sea- para tomar decisiones legislativas; y si ya tenemos la previsión en nuestro Código Penal, pues que se de a conocer, para evitar las posibles injusticias y confusiones al manejar el asunto. Personalmente, yo pensé que mi Almirante (tres veces director del DNI), aprovecharía la oportunidad para como siempre, edificar -mas allá de la pura retórica de funcionario- a la sociedad, con una exposición veraz y balanceada sobre un tema que es de su absoluto dominio y que tan poco conocemos los dominicanos. Parece que fallé, pero vendrán días mejores. ¡Vivimos, seguiremos disparando! rolrobles@hotmail.com

En diciembre del pasado año, el presidente Danilo Medina, mediante decreto 329-13, aumentó hasta quince mil pesos mensuales el salario mínimo de las pensiones y jubilaciones de los maestros, con retroactividad a partir de octubre de 2013. Se trató, con justicia hay que decirlo, de un apreciable incremento en términos relativos, por cuanto existían maestros que devengaban los irrisorios montos de ocho mil, siete mil, seis mil, cinco mil y hasta menos de cuatro mil pesos mensuales, por lo que al elevarlos a quince mil, eso representó, para una gran cantidad de maestros, un aumento de más de un 100%. Hasta ahí todo estuvo bien, y por esa razón los educadores beneficiados recibieron y aplaudieron con mucho júbilo la medida presidencial. Hasta el propio ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, desbordante de emoción, afirmó en el acto en que se anunció el aumento que “hoy el presidente Danilo Medina decide ponerle fin a la agonía que han venido sufriendo miles de maestros a nivel nacional al ser pensionados con menos de cinco mil pesos mensuales”. Lo que en realidad no anda bien es la inexplicable irregularidad como se efectúa el pago de la cantidad aumentada, a tal grado que el correspondiente al mes de octubre, en vez del día 18 de este mes, según lo establecido, los maestros lo cobraron el 11 de noviembre, vale decir, casi un mes después. De manera que la agonía de una buena parte de los maestros pensionados y jubilados persiste en lo que al pago respecta. Digo de una buena parte, porque es bueno que los amables lectores sepan o recuerden que inexplicablemente no todos los profesores pensionados y jubilados están registrados en una misma institución, esto es, unos cobran a través del Ministerio de Hacienda y otros, vía el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) También conviene recordar que según el Ministerio de Hacienda estableció, en noviembre del 2013, el pago a los pensionados y jubilados civiles debe realizarse los días 18 de cada mes. ¿Qué sucede con los maestros? Que los que cobran vía INABIMA reciben de manera regular su pago completo en la fecha antes indicada, vale decir el día 18, mientras que a los que les pagan a través del Ministerio de Hacienda, en esta fecha solo reciben el monto devengado antes del aumento, en tanto que el monto aumentado (completivo) le llega un día cualquiera, sin fecha fija, como sucedió, como ya dijimos, en octubre, cuyo pago completivo se efectuó el 11 de noviembre. Solo en el pasado mes de septiembre estos exservidores recibieron sus salarios completos. En otras palabras, si un maestro cobraba cinco mil pesos antes del aumento, eso continúa recibiendo todos los días 18, mientras que los diez mil pesos restantes, por concepto de completivo, los cobra cuando el mes ha terminado o en la primera o segunda semana del mes siguiente. ¿Es posible que eso ocurra en un momento en que se habla de revolución en la educación dominicana? ¿Cómo es posible que los servidores de una misma institución estén registrados en nóminas diferentes? ¿Cómo es posible que en Era de la tecnología y la automatización de los procesos no se pueda diseñar un sistema informático de manera tal que el pago completo a los maestros pensionados y jubilados se realice de manera regular en la fecha oficialmente establecida? ¿No resulta hasta cierto punto lastimoso ver a un maestro yendo cuatro y hasta cinco veces en un día a un cajero automático a revisar si definitivamente fueron depositados los “chelitos” milagrosos? ¿Merecen esos educadores semejante trato, luego de haber dejado su juventud en las aulas escolares? El ministro de educación, Carlos Amarante Baret, tiene la última palabra.

El ex-presidente Leonel Fernández expresó claramente que resulta imposible para nuetra nación acatar el fallo que dictó la Corte Interamericana donde nos condena por supuestas violaciones de los derechos humanos y nos comina a cambiar la constitución para adoptar el jus sanguinis como forma de otorgar la nacionalidad. En una conferencia que dictó el pasado jueves 13 de noviembre justamente en el local de la OEA en Washington DC, organismo al que pertenece la Corte Interamericana, en la que estuvieron presentes su secretario general, José Miguel Insulsa, y un nutrido grupo de embajadores de los diversos países que forman parte de la OEA, el ex-presidente Fernández se mostró firme y con una actitud llena de patriotismo y dignidad dijo que esa decisión de la corte «constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país». Durante el desarrollo de la conferencia el ex-mandatario dominicano resaltó un conjunto de sólidos argumentos que rebaten las justificaciones irracionales y prejuiciadas de la Corte Interamericana y le dan razón a nuestra nación para no acatar la decisión y mostrar que la misma esta fuera de toda lógica y no se corresponde con la situación que vive la mayor parte de los países del mundo en cuanto al control migratorio se refiere. En una parte de su conferencia el ex-presidente Fernández expresó con claridad meridiana lo siguiente: «Eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional. No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio». Asimismo, Leonel dio el dato de que en esta situación la República Dominicana no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, sólo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, «lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios». Finalmente, el doctor Leonel Fernández expresó ante la OEA con firmeza y dignidad patria el sentir de la mayoría de lo dominicanos ante esta agresión de la Corte Interamericana: «El Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva». Muy bien por el ex-presidente Leonel Fernández. Así se hace patria.