SANTO DOMINGO.- Un
primer teniente retirado del Ejército de la República Dominicana fue asesinado a balazos en el sector Respaldo Alma Rosa, de Santo Domingo Este.

La Policía informó que
Catalino Cabrera Fernández, de 57 años, murió por los balazos en el pecho que
le ocasionó un hombre solo identificado como “Nerys”, quien alegadamente le adeudaba
varios miles de pesos y se negaba a pagarle.

Dijo que el ex
oficial murió mientras recibía atenciones en el Hospital Darío Contreras.

“El incidente se
registró en momentos en que el oficial retirado se encontraba sentado frente al
colmado Cabrera, de su propiedad, ubicado en la calle Julio César Limbar
esquina 8, del referido sector, y le cobró una suma de dinero que supuestamente
le adeudaba “Nerys”, quien se habría molestado y tras una acalorada discusión
haló un arma de fuego y le disparó”, dijo. an/am-sp

SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, aseguró este lunes que el impuesto a las compras por internet inferiores a US$200 dispuesto por la Dirección de Aduanas no es ilegal y garantizó que en el gobierno de Danilo Medina no se tomarán medidas contrarias a la Constitución.
Luego de participar en una reunión con el presidente Danilo Medina y otros funcionarios del sector recaudador, Lizardo informó que en su momento emitirán un comunicado en el que se hará constar su posición respecto al tema.
Aclaró que la reunión de este lunes con el mandatario no se realizó para hablar de ese tema, sino para pasar balance al comportamiento de las recaudaciones tal como lo hacen de manera recurrente.
Además de Lizardo en el encuentro participaron los directores de Aduanas, Fernando Fernández; de Impuestos Internos, Guarocuya Félix; de Presupuesto, Luis Reyes. sp-am

SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones sometieron al Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción de amparo preventivo contra la Dirección General de Aduanas (DGA) por la decisión de cobrar impuestos a las compras por Internet inferiores a los 200 dólares.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico alegan que la medida viola el decreto 402-05 del 26 de julio de 2005, la Constitución y las leyes 277-12 y 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario.
Trajano Potentini, presidente de la FJT deploró que Aduanas esté “usurpando funciones del Congreso y de paso cargando a amplios sectores del país con más y más impuestos”.
Explicó, además, que en Centroamérica ni en República Dominicanapueden adoptar restricciones a los servicios de envío urgente si no se encuentre vigente en la fecha de suscripción del Tratado de Libre Comercio.
Potentini, emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad y dijo que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sean parte del referido proceso.
eg/am

SANTO DOMINGO.- Las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina, provincia Peravia, carecen de transparencia y se instalan en violación a la Ley Medioambiental, según concluyeron los participantes en iun taller efectuado en Baní por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Los expositores coincidieron que las autoridades gubernamentales no han mostrado a la opinión pública los detalles técnicos de estas plantas ni un estudio de impacto ambiental, a pesar de que el Estado invierte una gran cantidad de dinero en este proyecto.
Señalaron, además, que las obras civiles de la construcción de estas plantas se han iniciado sin contar con el permiso ambiental, lo que es una flagrante violación a la ley 64-00.
El ex-ministro de medioambiente, Max Puig, manifestó que “en este proyecto nada está clar ni las características técnicas de las plantas ni el financiamiento de éstas, ni el proceso de licitación que otorgó el contrato, el cual está siendo impugnado por una de las empresas participantes”.
Explicó que el carbón es la fuente de energía más sucia y contaminante que existe en el mundo, y por los daños que produce a la salud y al ambiente, especialmente en los cultivos y en la ganadería, es la más cara.
El comunicador social Felipe Ciprián, de su lado, puso como ejemplo de alternativas al uso del carbón, la limpieza de los embalses de las presas del país y el empleo del gas natural.
Manifestó que si las plantas a carbón finalmente se construyen en Catalina es porque en la provincia de Peravia las autoridades locales no han asumido su responsabilidad de proteger a la población.
El profesor José Luís Moreno San Juan, de la UASD, resaltó que dichas plantas no contarán con la tecnología más adecuada para cumplir con las nuevas normativas establecidas en los Estados Unidos.
En su opinión, lo menos que se podría aspirar es a que cumplan con estos requerimientos ambientales.
Rafael Aguasvivas, director de la extensión de la UASD en la provincia Peravia, dijo que la misión de la universidad estatal es contribuir a dilucidar los grandes problemas que aquejan al país.
El dirigente comunitario Héctor Turbí leyó un documento a nombre de organizaciones que demandan que la CEDEEE detenga los trabajos de las plantas de carbón hasta tanto se ponga al día con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y se esclarezcan todas las irregularidades que han sido denunciadas.
Entre las organizaciones que estuvieron representadas en el taller figuran campesinas, de jóvenes, mujeres, barriales, religiosas, profesionales y culturales de la provincia Peravia, agrupadas en el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de esta provincia,
Solicitaron que los ayuntamientos de Baní, Nizao, Catalina, las once juntas distritales y la mancomunidad de Valdesia se abstengan de entregar a la CDEEE los permisos correspondientes hasta tanto esta Corporación entregue previamente los estudios de impacto ambiental que exige la ley. sp-am