Para la nación tener un desarrollo armónico y cuidar su soberanía, el plan de acción y la plataforma para alcanzar esos fines, deben sustentarse en leyes juiciosas. De ahí la necesidad del Congreso Nacional, con senadores y diputados elegidos por el pueblo, para que las elaboren. Su misión es delicada. Consiste en legislar a favor del bien común, fiscalizar para preservar el patrimonio nacional y representar al pueblo. El Congreso es el encargado de trazar las directrices legales que fortalezcan la democracia y protejan los derechos de la ciudadanía. Debe cuidar con celo la Constitución de la Republica. Ella es “el tronco del árbol jurídico y las leyes son sus ramas”. Cada vez que se reforma, estamos moviendo la zapata de la Nación. No debe hacerse para atender casos particulares sino a los intereses nacionales. La tarea de legislar, fiscalizar y representar, que tienen los legisladores, los convierte en la escolta jurídica de la nación. Deben concentrarse en ella a tiempo completo. Es penoso que sean los primeros en infringir las leyes que establecen, al extremo de institucionalizar la forma de violentarla. Sin pudor se asignan presupuesto, barrilitos y cofrecitos, para “gestiones sociales” propias del poder ejecutivo, descuidando las del legislativo. Se supone que su meta es lograr una clara definición de la función de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y fiscalizar su cumplimiento. Sin embargo, no solo asumen tareas del poder ejecutivo sino que invaden el poder judicial, obligándolo a actuar con criterios selectivos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Podemos prosperar pisoteando las leyes? Los legisladores usan su poder, para actividades reñidas con su misión y poco transparentes. Si algún ciudadano tiene la valentía de cuestionarlos, se unen para protegerse. ¡Pobre país! Las posibilidades de salir del subdesarrollo, se alejan. Los congresistas son visualizados como politiqueros en campaña permanente, regalando cositas en sus comunidades. Se descuidan de hacer leyes efectivas para el desarrollo integral. Si les importara que la nación fuera soberana, las leyes para controlar inmigrantes haitianos ilegales, atacaran directamente las raíces del mal. Sueño con verlos concentrado en su misión. Dedicados a bañar de legalidad funcional, las instituciones para que sean respetadas y a la vez, respeten. Pueden hacer una Republica Dominicana ejemplar. Bastaría que se dedicaran a estudiar el sistema vigente, potencialidades, anhelos, para con leyes efectivas deslizarlo por el camino del progreso; que fiscalizaran las instituciones y sus funcionarios, para que no se aparten de ellas. Deben comenzar poniendo las reglas en “su casa”, en el Congreso, erradicando el barrilito y todo lo que distraiga la atención de su misión. ¡Que nos llenen de orgullo! Por supuesto, con este esquema, poco aspirarían a ocupar una curul, pues prefieren que sea un mercado de politiquería barata, clientelismo, para disfrutar de los diferentes pasteles. ¡Que pena!

En menos de una semana en nuestra nación han ocurrido tres acontecimentos que han generado una gran conmoción y han producido grandes expectativas y temores en la población. Esos tres acontecimientos tienen un hilo común: son actos típicamente terroristas que buscan crean pánico y aumentar los niveles de inseguridad ciudadana. El primero de esos acontecimientos fue el espectacular asalto a la cárcel de Navajo a plena luz de día. Cual si fuera una de las acciones que se ven en las famosas narconovelas que exhiben algunos canales de televisión dominicanos, dos jepetas con hombres armados con fusiles de guerra y apoyados por varios reclusos de la cárcel, intentaron secuestrar al director de dicho recinto y así concretar una fuga de varios reos que estaban cumpliendo condena por cuestiones de narcotráfico. Ese hecho no tuvo éxito pero dejó varias personas muertas entre ellas dos de los guardianes de la propia cárcel. A menos de una semana se produjo otro hecho alarmante. Un jóven universitario residente en Guachupita y cuya casa está censada para ser derribada por los planes de extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo, provocó un incendió con una bomba molotov en uno de los vagones del metro. Esa acción además de provocar quemaduras a decenas de personas generó un estado de pánico e incertidumbre en centenares de usuarios de dicho transporte y una gran pánico en toda la población. El tercer hecho de connotaciones terroristas fue anunciado esta misma semana por el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE-. Ruben Bichara informó a la nación que los organismo de inteligencia y seguridad detectaron un plan de sabotaje que pretendía derribar las torres eléctricas de alta tensión de la región sur del país, para así dejar a oscuras a toda esa zona. Se debe tener presente que el presidente de la República, Danilo Medina, es oriundo de San Juan de la Maguana, una de las principales provincias del sur. Estos tres acontecimientos llaman a mucha preocupación. Aunque parece que no tienen alguna conexión directa, lo cierto es que los tres buscan el mismo objetiv Desestabilizar la sociedad dominicana y aumentar los niveles de temor, pánico e incertidumbre entre la población. Algunos especialistas en seguridad y defensa han expresado la idea de que no es descartable que pueda haber un hilo conductor y un grupo o mente diábolica responsable de los hechos, buscando con ello generar en la nación dominicana una situación de inestabilidad política y económica. La sociedad dominicana ha avanzado mucho en todos los órdenes y muy especialmente en el plano político. Sin embargo, las acciones del narcotráfico internacional y de la delincuencia también se han incrementado de manera muy amplia en los últimos años. Por lo que no es descartable que esos grupos puedan encontrar como aliados a personas que sirvan de sicarios para cometer acciones en nombre de una supuesta rebeldía social. Ante eso, los organismos de seguridad deben investigar a fondo esos tres acontecimientos. Dar los pasos que tengan que darse para escudrichar hasta el fondo la verdad de los mismos, siempre respetando los derechos humanos pero sin temor y con la profunda convicción de encontrar la realidad y actuar en consecuencia. Sólo así evitaremos la repetición de esos peligrosos acontecimientos.

Los que regatean un justo presupuesto para la universidad pública nada dicen sobre las irregularidades reveladas por la Cámara de Cuentas durante la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el Ministerio de Obras Públicas. Esas irregularidades ascienden a más de 60 mil millones de pesos, lo que equivale a más de ocho veces al presupuesto anual que la UASD percibe. Tampoco se refieren a otros casos de corrupción mayores ni a elevadas asignaciones presupuestarias a organismos estatales que no ofrecen ningún servicio a la sociedad ni rinden cuenta a nadie. Nunca se les vio condenar que Leonel Fernández, siendo presidente de la República, le asignara al Despacho de la Primera Dama, a la sazón Margarita Cedeño de Fernández, un presupuesto multimillonario, superior al de cinco ministerios juntos. Son los mismos sectores que mantienen el infeliz alegato de que “la UASD es un barril sin fondo” (una vieja campaña sucia), pese a recibir la menor asignación económica de todas las universidades estatales del continente. Los remito a revisar las estadísticas para que sus enfoques se inscriban en la objetividad. El presupuesto de la UASD está establecido por ley y no se cumple. Contrariamente, los conservadores que abogan por la privatización de la academia pública, viven formulando sugerencias absurdas, como la baja académica, que constituye un acto clasista, pues los bachilleres que ingresan a la academia mayoritariamente provienen de liceos públicos, con graves deficiencias en las denominadas asignaturas básicas. Y es la UASD que termina de alfabetizarlos. Y muchos logran concluir sus estudios superiores, dotarse de una profesión y servirles dignamente a la sociedad. Negarles educación superior a los jóvenes de los barrios y lejanos y empobrecidos pueblos de la geografía nacional es condenarlos a la pobreza social, terreno fértil para el incremento de la delincuencia y la criminalidad. La baja académica es improcedente, tan improcedente como la prueba académica que recomiendan para el ingreso. La prueba académica –con la deficiencia de la educación pública– sólo sería aprobada por los jóvenes egresados de los colegios, que regularmente disponen de recursos para realizar carreras en las universidades privadas. Ahora se pretende condenar a la UASD por permitir que en su sede se le haga un homenaje a Jean Jacques Dessalines, supuesto responsable de degollamiento de “dominicanos”. ¿Dominicanos? Ignoran que Dessalines murió en 1806, fecha para la cual aún no había un proyecto independentista ni se conocía nada que se llame República Dominicana. Pero asumiendo que Dessalines fue un criminal, como alegan, la UASD tiene que estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, tal y como lo establece su Estatuto Orgánico. (Si Vinicito –el hijo del Vincho, uno de los hombres que se le atribuye haberle hecho grandes daños al país– quiere dictar una charla en la UASD, hay que habilitarle un salón. Naturalmente, yo no acudiría a esa charla, porque sé anticipadamente los aspectos que abordaría: el tema haitiano, el narcotráfico (desde una óptica parcializada) y el “peligro del PPH”). La UASD sigue siendo la institución de manejo financiero más transparente. Y hoy más que nunca. Y sigue siendo la más abierta al libre juego de las ideas. Y sus tradicionales enemigos (¡búsquelo uno por uno!) son personas atrasadas ideológicamente o con intereses empresariales en la educación superior. También los hay que estudiaron en la academia del Estado o sirvieron en la docencia, pero con su ascenso social y económico se han convertido en verdaderos renegados.