La diputada Millys Johana Martínez Morillo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Elías Piña, fue esposada y retenida por agentes de la Policía Nacional la tarde del domingo 11 de octubre de 2026, en el municipio cabecera de Comendador, por intervenir en el apresamiento de un hombre por parte de la Policía, lo que ha generado debates y opiniones encontradas.

El episodio, que no deja de lado el feminismo, se produjo cuando la Policía intervino para deshacer una concentración de personas festejando, tomando alcohol, bailando y escuchando música con un alto volumen.

Se dice que la actividad se realizó dentro de las fiestas patronales de Elías Pina, en una estación de ventas de gasolina, lo que también estaría penado por la Ley. Un video muestra dentro de la multitud a la legisladora tomando cerveza a pico de botella, lo que supone que ella era parte del conglomerado, que no tiene nada de malo.

Un contingente de la uniformada actuó para deshacer la concentración, y silenciar la música, apresando a uno de los asistentes, supuestamente por desoír a las autoridades, lo que motivó la intervención de la legisladora, tratando de impedir por la fuerza que se lleven al detenido.

Dentro de las discusiones y forcejeos, aparentemente uno de los policías le puso una esposa a la señora Martínez Morillo, quien también es médico ginecóloga, lo que ha generado irritación entre una parte de la población, entre ellas parte de los legisladores y abanderadas del feminismo.

Dos preguntas

De ese episodio hay que hacer dos preguntas jurídicas: la primera es si puede un legislador en la República Dominicana intervenir e interferir en una actuación de apresamiento a un ciudadano que está haciendo la Policía dentro de sus atribuciones, y la segunda; si los agentes podían detenerla y esposarla.

El artículo 86 de la Constitución dominicana dispone que durante la legislatura ningún legislador puede ser privado de libertad sin autorización de la Cámara a la que pertenece, salvo que sea aprehendido mientras comete un crimen, pero, no le concede mandato sobre las instituciones como la Policía.

Por igual, el artículo 87 aclara que esta garantía es una prerrogativa institucional de la Cámara, no un beneficio personal que elimine toda responsabilidad jurídica del legislador.

Por tanto, la Constitución no le atribuye a un legislador, sea hombre o mujer, la autoridad operativa para anular, dirigir o suspender un arresto policial, enfrentar a los agentes, discutir con ellos, e intentar liberar a un detenido, aunque él  lo considere arbitrario.

En el caso de Comendador, lo que la legisladora pudo hacer es identificarse, pedir explicaciones y hasta solicitar que se verifique la causa del arresto, así como reclamar que se respeten los derechos del ciudadano, pero, la Policía no está obligada a complacerla. También, ella puede hacer diligencias y denunciar el caso en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pero, nunca creerse que está por encima de la ley y de las autoridades policiales.

Rebelión

Así las cosas, la diputada pudo haber cometido el delito de rebelión, contenido en los artículos 209 al 221 del Código Penal, definido como el acometimiento, resistencia o violencia ejercida contra los funcionarios públicos, agentes de la fuerza pública o de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

También, pudo haber cometido el delito de Ultraje, contenido en los artículos 221 y 222 del Código Penal, consistente en las ofensas, injurias o amenazas verbales o escritas orientados a menoscabar el honor o el ejercicio de la función pública del servidor estatal.

Por igual puedo haber cometido el delito de obstrucción a la función pública al entorpecer de manera violenta un operativo realizado por uno de los cuerpos de seguridad de la República Dominicana. De comprobarse los delitos, la legisladora pudiera ser destituida de su cargo y sometida a la justicia, en un país donde impere la Ley, pero, como estamos en una nación como la República Dominicana, donde el poder político está por encima de las leyes, probablemente no le pase nada, y los sancionados sean los policías de bajo rango.

Flagrancia

La otra pregunta es si los agentes podían esposar a la congresista. Ya dijimos que un legislador no puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización previa de su cámara correspondiente, salvo que sea sorprendido en flagrante delito. Habría que ver entonces, si el comportamiento de la diputada pudo alcanzar el grado de flagrancia.

La falta de respeto a la Policía se manifiesta con frecuencia en la República Dominicana, porque cualquier ciudadano, con poder o sin poder, puede insultar, abofetear, intimidar y ultrajar a un agente policial, contrario a otros países, como por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros, donde eso no lo puede hacer ni siquiera el Presidente de la República.

 

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Por FRANCISCO ML. ORTEGA

La inmunidad parlamentaria no fue creada para colocar a un legislador por encima de los demás ciudadanos, ni mucho menos para otorgarle una licencia que le permita hacer y deshacer a su antojo. Su verdadero propósito es proteger el ejercicio de la función legislativa, no convertir una posición pública en un privilegio personal.

Nuestra Constitución, en su artículo 85, establece que los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen durante las sesiones parlamentarias. Esto significa que un senador o diputado puede formular denuncias, cuestionar actuaciones gubernamentales, señalar irregularidades y expresar posiciones firmes desde su tribuna, amparado por esa protección constitucional.

Pero una cosa es proteger la voz y otra muy distinta proteger los excesos.

La propia Constitución contempla otras garantías relacionadas con el ejercicio de la función legislativa y establece procedimientos particulares para determinadas actuaciones contra senadores y diputados. Esas prerrogativas deben entenderse como garantías de la función parlamentaria, no como privilegios personales.

En buen dominicano, ocupar una curul no significa tener un pase libre para hacer lo que a uno le dé la gana.

Un legislador sigue siendo un ciudadano como usted y como yo. Tiene derechos, pero también obligaciones. Debe respetar las leyes, las normas de convivencia, las instituciones y, sobre todo, la dignidad de las personas.

Hay algo que considero fundamental: quien recibe la confianza del pueblo para elaborar las leyes tiene una responsabilidad moral todavía mayor de respetarlas.

No podemos pretender construir una sociedad organizada, respetuosa y apegada a las normas si quienes tienen la responsabilidad de legislar no son los primeros en demostrarlo mediante sus actuaciones.

El compromiso con la sociedad no termina cuando concluye una sesión del Congreso. Continúa en las calles, en las instituciones públicas, en las relaciones personales y en cada manifestación de conducta ciudadana.

Un legislador debe comprender que su investidura lo acompaña, pero no lo convierte en superior a nadie.

La verdadera autoridad no se demuestra levantando la voz, imponiendo condiciones o recordándoles a los demás el cargo que se ocupa. Se demuestra con educación, prudencia, humildad y respeto.

El respeto no se impone con una credencial legislativa; se gana con el comportamiento.

Quienes ocupan posiciones electivas deben recordar que no llegaron allí por derecho propio. Fue la voluntad popular la que les otorga esa responsabilidad.

Y ese mismo pueblo observa sus actuaciones, escucha sus manifestaciones públicas y evalúa la coherencia entre lo que prometieron y lo que hacen.

No basta con pronunciar grandes discursos sobre democracia, justicia y respeto si, al salir del hemiciclo, nuestras actuaciones contradicen esos principios.

La ciudadanía tiene derecho a esperar de sus representantes una conducta ejemplar. No se trata de exigirles perfección, porque todos somos humanos y cometemos errores. Se trata de exigirles responsabilidad, sensatez y disposición para reconocer cuando se equivocan.

La inmunidad parlamentaria no debe confundirse con impunidad. La Constitución establece, además, reglas particulares sobre la jurisdicción competente para conocer determinados procesos contra legisladores. Eso no significa que estén por encima de la ley ni exentos de responsabilidad.

Al final, será el ciudadano, mediante su valoración y su voto, quien decida si aquel representante fue merecedor de la confianza depositada y si merece recibirla nuevamente.

Nuestra democracia necesita legisladores capaces de levantar su voz con firmeza cuando las circunstancias lo ameriten, pero también ciudadanos ejemplares que sepan escuchar, respetar y convivir.

La inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional, no una patente para los excesos.

Quien tiene la responsabilidad de hacer las leyes debe ser el primero en dar ejemplo de cómo respetarlas.

Y que nunca se nos olvide algo tan sencillo como profundo: el cargo es pasajero, la condición de ciudadano es permanente y el respeto a los demás no admite privilegios.

 

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Los vínculos entre Alemania y la República Dominicana comenzaron a tejerse en el siglo XIX, cuando el comercio acercó a dos países separados por el Atlántico. De nuestra tierra salían materias primas; desde Alemania llegaban herramientas, maquinarias y artículos que encontraban nuevos usos en la vida dominicana.

Entre aquellos objetos llegó uno que terminaría ocupando un lugar especial en nuestra cultura: el acordeón. Los músicos dominicanos lo incorporaron a una tradición que ya tenía ritmo y carácter propios. Su sonido se unió a la güira y la tambora y, con el tiempo, se volvió inseparable del merengue típico.

Me gusta pensar en el viaje de ese instrumento. Salió de Europa como una mercancía más, pero en nuestro terruño patrio dejó de ser extranjero. Pasó de mano en mano, escuchó las fiestas de nuestros campos y aprendió a expresar alegrías, penas y picardías que no estaban escritas en ninguna partitura alemana.

Así ocurre a veces entre los pueblos: una relación nacida del intercambio comercial termina dejando una huella mucho más profunda. Alemania nos envió un acordeón; los dominicanos le dimos un ritmo y, como ya dije, lo hicimos nuestro.

Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, durante muchos años las relaciones bilaterales se enfriaron hasta quedar reducidas a vínculos formales y de escasa efectividad.

Para fortuna de este país, con la llegada de Volker Pellet a la representación diplomática alemana, el intercambio comercial, cultural y humano entre ambas naciones comenzó a fluir con mayor facilidad.

Con la llegada, en 2022, de la embajadora, su excelencia Maike Friedrichsen, y de don Javier Marín Alvarado, hemos encontrado más que una pareja de diplomáticos: una fuente de inspiración.

Parecería que poseen el don de la bilocación, pues están presentes en cuanto acontecimiento importante reúne a nuestro Gobierno, a la sociedad civil o al pueblo llano. Estos honorables representantes del Gobierno alemán ofrecen apoyo moral y, muchas veces, material para contribuir al buen desempeño de nuestras instituciones.

Cada 3 de octubre, Alemania celebra el Día de la Unidad Alemana. Durante todo este mes nos unimos a la alegría del hermano pueblo alemán y celebramos los vínculos que nos acercan.

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Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha sugerido que Ucrania necesita un nuevo presidente, reabren el debate sobre el futuro de la guerra ruso-ucraniana, los límites del respaldo occidental a Kiev y las consecuencias económicas y geopolíticas de un conflicto que ha alterado el equilibrio internacional.

Trump responsabiliza al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por los ataques contra refinerías e instalaciones petroleras rusas, al considerar que estas acciones contribuyen a las dificultades del mercado energético y al encarecimiento del combustible, particularmente del diésel en Estados Unidos que ha aumentado un 70 o/o

Detrás de esta posición hay, sin embargo, intereses que trascienden el ámbito militar y energético: la necesidad de reducir las presiones económicas internas, redefinir la relación con Moscú y obtener resultados políticos antes de las elecciones legislativas estadounidenses fijadas para el 3 de noviembre del año en curso,

La decisión de Washington de facilitar nuevas importaciones de diésel ruso y flexibilizar temporalmente determinadas sanciones energéticas constituye un giro significativo en su política hacia el Kremlin. Aunque la administración Trump presenta esta medida como una vía para aliviar los precios, su impacto real sobre el mercado todavía es incierto. Pero a Trump más le interesa resultados electorales sin importar que es.

La cantidad de combustible comprometida podría resultar insuficiente para provocar una reducción sustancial y sostenida de los precios internacionales. Además, la decisión ha generado cuestionamientos en sectores políticos estadounidenses y entre aliados europeos, que advierten sobre sus posibles consecuencias estratégicas. El presidente Zelenski fue más directo.

Prioridad

No puede ignorarse el componente electoral de esta coyuntura. El aumento del costo del combustible repercute en transportistas, agricultores, productores y consumidores, sectores relevantes para la base política republicana. En consecuencia, la búsqueda de resultados económicos inmediatos se convierte también en una prioridad política para la Casa Blanca.

Sin embargo, atribuir el comportamiento de los precios exclusivamente a los ataques ucranianos sería una simplificación: la situación energética responde a múltiples factores internacionales, incluidos los conflictos armados, las restricciones comerciales, la capacidad de refinación y las condiciones de la oferta y la demanda.

Desde una perspectiva geopolítica, la guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 ha puesto a prueba la cohesión de Estados Unidos, la OTAN y Europa. Occidente ha proporcionado asistencia militar, económica y financiera a Kiev con el propósito de sostener su capacidad defensiva con una guerra nunca tuvo posibilidad real de ganarse.

Moscú, por su parte, ha mantenido sus operaciones militares y sus exigencias estratégicas, mientras Ucrania dice procura preservar su soberanía e integridad territorial, pero que realmente es un instrumento de Europa y la OTAN para consumir a Rusia, lo que no han podido hacer.

Este escenario obliga a reconocer que las decisiones adoptadas desde 2014, cuando la crisis política ucraniana- destitución del presidente victor yunikovic y la anexión rusa de Crimea agravaron el enfrentamiento entre Moscú y Occidente,

forman parte de un problema de seguridad ruso-europea mucho más profundo. La expansión de la OTAN, las aspiraciones de integración occidental de Ucrania y las preocupaciones de seguridad invocadas por Rusia han sido elementos centrales de la confrontación.

Si se hubiera comprendido las causas del conflicto la OTAN no se estaría expandiendo hacia Europa del Este y menos en la frontera de Rusia y la guerra no existiría.

trajanosantana@gmail.com

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Por Alejandro Santos

Las relaciones económicas constituyen uno de los factores que más influyen en las interacciones entre los países y en su participación en el escenario mundial. De ahí que adquieran mayor relevancia para incidir en sus niveles de desarrollo y que, además, sean utilizadas como herramientas para presionar y doblegar posiciones en la geopolítica.

Desde tiempos ancestrales se han implementado diversas medidas que repercuten en la capacidad de los países para desarrollar sus actividades económicas y comerciales, procurando debilitar sus estructuras productivas y limitar sus posibilidades de crecimiento.

No es nada nuevo que las economías sean utilizadas como instrumentos de presión.

Lo que ha cambiado en la práctica son las formas de cómo se aplican y el alcance de las medidas.

Vamos a poner como primer ejemplo lo sucedido en el 1806,cuando Napoleón Bonaparte estableció un bloqueo comercial contra Gran Bretaña con el propósito de debilitar su economía y obligarla a modificar sus posiciones en el conflicto.

Otro caso emblemático ocurrió en el 1973, con los países árabes productores de petróleo que  utilizaron las restricciones al suministro de ese recurso para presionar a Estados Unidos y otras naciones que estaban apoyando a Israel durante la guerra árabe-israelí.

También recordamos las sanciones económicas internacionales contra Sudáfrica durante el régimen del apartheid, que contribuyeron a aumentar las presiones para poner fin a aquel sistema de segregación racial.

Cuba

Otro caso que merece atención es el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba que adoptó el gobierno socialista, desde principios de la década de 1960, este bloqueo lleva más de seis décadas provocando grandes restricciones a las relaciones comerciales y financieras, sin embargo estas medidas no han podido lograr los resultados esperados.

El gobierno cubano ha soportado durante todos estos años, sin llevar a cabo los cambios políticos fundamentales que persiguen los Estados Unidos y otros países.Mientras tanto, sus consecuencias han repercutido sobre la economía cubana y las condiciones de vida de su población.

La situación con Irán que data de bastante tiempo. Ese país ha estado  sometido a sucesivas sanciones económicas desde 1979, que se han intensificado por las controversias sobre su programa nuclear y sus actividades militares.

Las restricciones a las exportaciones petroleras, las operaciones financieras y el comercio internacional han afectado su economía, sin que esas presiones hayan conseguido resolver las confrontaciones políticas que mantiene con Estados Unidos y otras potencias.

Estos acontecimientos nos permiten observar cómo las medidas económicas han acompañado las disputas políticas y militares entre las naciones, aunque no siempre hayan logrado los resultados perseguidos.

En el mundo actual, donde las economías están cada vez más vinculadas entre sí, las posibilidades de utilizar el comercio, las finanzas y las tecnologías como instrumentos de presión adquieren otras dimensiones.

Las grandes potencias disponen de mecanismos para restringir el acceso a los mercados, bloquear operaciones financieras y limitar la adquisición de productos esenciales para el funcionamiento de determinadas industrias.

De tal manera que una decisión económica puede provocar consecuencias que van mucho más allá de las relaciones comerciales entre dos países.

En la actualidad transcurre la guerra entre Rusia y Ucrania que  pone altamente en evidencia de cómo las medidas económicas se pueden utilizan para buscar debilitar la capacidad de un país en sostener una confrontación militar.

Desde la invasión Rusa a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sucesivos paquetes de sanciones económicas contra Rusia.

Las medidas incluyen restricciones financieras, inmovilización de reservas internacionales, limitaciones a las exportaciones energéticas y prohibiciones de suministrar determinados componentes tecnológicos.

Obviamente que el propósito de las medidas va dirigido en reducir los recursos económicos disponibles para limitar la capacidad del Gobierno Ruso en sostener sus operaciones militares que son sumamente costosas.

Sin embargo, después de más de cuatro años de guerra, Rusia ha logrado mantener funcionando su economía y continuar sus operaciones militares, aunque enfrentando dificultades financieras y limitaciones para acceder a determinadas tecnologías.

El gobierno de Putin ha logrado esquivar en parte los efectos de las sanciones económicas, luego de alcanzar acuerdos con China, la India y otros países para mantener una parte importante de su comercio, y lograr un flujo de recursos para sostener la guerra.

Los casos que hemos puesto como ejemplo en los párrafos anteriores, nos lleva a preguntarnos hasta dónde pueden llegar las sanciones económicas lograr modificar las decisiones políticas y militares de un país.

Porque una cosa es debilitar una economía y otra conseguir que sus gobernantes abandonen los objetivos que persiguen.

También debemos observar que las consecuencias de estas medidas no se quedan solamente en los países contra los cuales son dirigidas.

Las restricciones comerciales, particularmente cuando afectan el petróleo, el gas y otras materias primas, pueden alterar los precios internacionales y repercutir sobre economías que no participan directamente en los conflictos.

Los países pequeños, con mayor dependencia de las importaciones, terminan expuestos a decisiones que se toman en escenarios donde tienen muy poca capacidad de influencia.

De ahí que las confrontaciones económicas entre las grandes potencias puedan trasladar parte de sus consecuencias hacia poblaciones que nada tienen que ver con las disputas que las originaron.

La experiencia Rusa demuestra que las sanciones económicas pueden ocasionar dificultades importantes sin necesariamente conseguir que se detenga una guerra.

Incluso, las economías pueden continuar funcionando mientras sus gobiernos destinan cada vez mayores recursos al sostenimiento militar, sacrificando inversiones y necesidades de sus poblaciones.

En las relaciones internacionales, el poder económico se ha convertido en una herramienta que permite presionar a otros Estados sin necesidad de enfrentarlos directamente en los campos de enfrentamientos militares.

Y en medio de las disputas geopolíticas que caracterizan el escenario mundial, las medidas económicas continuarán formando parte de los instrumentos utilizados por las potencias para defender sus intereses.

Al final, las guerras no solamente se manifiestan con los enfrentamientos militares. También se desarrollan mediante decisiones económicas cuyas consecuencias pueden prolongarse mucho después de que terminen los conflictos.

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La concesión del Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay representa una conexión con el personaje más grande del siglo XX a nivel mundial, Nelson Mandela, quien también fue merecedor del reconocimiento de la Academia Sueca.

Pero, además, representa una recuperación de la decencia del Comité del Nobel, luego del traspié que significó premiar a la venezolana María Corina Machado, uno de los más resonantes desaguisados en perjuicio del bien ganado prestigio de la Fundación Alfred Nobel.

La señora Pillay tiene los méritos que le faltaban a la señora Machado para recibir el honor que distingue a las personalidades que verdaderamente han aportado para el bienestar de la humanidad.

Ella fue una de las voces unidas a Mandela para mantener viva la lucha por el fin de uno de los sistemas más oprobiosos de la historia reciente, como fue el régimen de segregación racial predominante en Sudáfrica durante casi medio siglo.

Defendió en los tribunales a Mandela y a otros perseguidos del régimen racial en las cruentas luchas contra el apartheid.

Atributos

Pero la flamante Nobel de la Paz tiene sus propios atributos más allá de aquella lucha que se hizo popular en el mundo, al extremo que el emblemático barrio de Soweto es, probablemente, el lugar más conocido de Sudáfrica a nivel global.

Un dato que para nada es menor en las actuales circunstancias, y es que, si bien Pillay había cesado como jueza de la Corte Penal Internacional, la orden de arresto que la CPI emitió en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue un proceso encaminado a instancia del Gobierno sudafricano, por lo que no descarta que su experiencia y prestigio sirvieran como motor para procurar el enjuiciamiento del criminal de lesa humanidad.

Esto gana relieve especial cuando el Gobierno israelí la emprende contra ella acusándola de instigar el odio contra “el pueblo judío”, un chantaje que se ha extendido a nivel global con el propósito de silenciar a quienes critican el genocidio en Gaza llevados a cabo bajo las órdenes de Netanyahu.

Si el Gobierno sudafricano se auxilió de sus valiosos servicios, hizo lo correcto, pues ha provocado que este criminal solo pueda viajar a Estados Unidos y unos pocos países sin ser arrestado.

Fue el único Estado que se atrevió a presentar la acusación formal contra el genocida que gobierna en Israel, logrando documentar, de manera irrefutable, la muerte de más de 50,000 personas al momento de presentar el expediente, entre las cuales desgarran el alma los más de 20,000 niños que cayeron bajo el fuego del ejército del país hebreo.

Mientras el Gobierno sudafricano emprendía sus acciones legales, la inmensa mayoría de los países volteaba la mirada, con lo cual se hicieron cómplices del genocidio, por omisión.

Quien guarda silencio ante una barbarie, se suma a ella. Con el reconocimiento a Pillay, Nelson Mandela está de regreso.

 

Nelsonencar10@gmail.com

La indignación ante las elevadas tarifas eléctricas y la poca confiabilidad del servicio no es pasajera. Es el cansancio acumulado de una nación que lleva décadas pagando demasiado por resultados insuficientes.

Desde la capitalización de finales de los años noventa, el Estado ha destinado recursos extraordinarios a sostener un sistema que todavía no alcanza la eficiencia prometida.

Según registros fiscales del Banco Central, los subsidios eléctricos acumulados entre 2021 y 2025 equivalieron aproximadamente a 6,800 millones de dólares corrientes, convirtiendo las partidas anuales a las tasas de cambio correspondientes.

Y 2026 confirma la urgencia: según reportes publicados en octubre, las transferencias a las distribuidoras alcanzaban RD$88,316.8 millones, equivalentes al 92.8 % del presupuesto ajustado para subsidios eléctricos. Si persiste el ritmo observado, los desembolsos podrían superar los RD$117,000 millones al finalizar el año.

¡Una magnitud que debería estremecer nuestra conciencia nacional!

¿Qué habría ocurrido si una parte sustancial de ese esfuerzo fiscal hubiese podido convertirse, mediante una transición planificada, en inversiones energéticas permanentes?

La prioridad pudo estar en energía solar, eólica, almacenamiento, generación distribuida y redes inteligentes. También pudieron evaluarse inversiones complementarias en generación firme de propiedad estatal, con capacidad comparable a proyectos como Punta Catalina.

Lo fundamental no es multiplicar centrales sin planificación, sino construir una matriz diversificada y competitiva. Cada inversión debe justificarse mediante costos, confiabilidad, seguridad energética, impacto ambiental y sostenibilidad fiscal.

Semejante transformación exige voluntad política, planificación rigurosa y un compromiso auténtico de liberar al pueblo dominicano de la pobreza energética.También requiere subsidios focalizados, transparentes y auditados que protejan a quienes realmente los necesitan.

¿Qué proporción de los subsidios responde a la protección social y la estabilización tarifaria, y cuánto de su magnitud está determinado por costos excesivos de abastecimiento, pérdidas y deficiencias operativas?

¿Cómo hemos sostenido durante décadas un modelo que consume recursos del presente y compromete el futuro, sin conseguir una transformación estructural suficiente?

Y la pregunta más trascendental: ¿cuánto de ese sacrificio fiscal, económico y social hemos convertido realmente en patrimonio energético, capacidad productiva y soluciones permanentes para las futuras generaciones?

Porque el verdadero costo trasciende los dólares: inversiones que no llegaron, empleos que no se crearon y servicios esenciales que pudieron recibir mayores recursos.

¡Esa es la deuda social del sistema eléctrico dominicano!

Sin embargo, al explicar el déficit suele destacarse el robo de electricidad, como si las pérdidas contables constituyeran una acusación colectiva contra los consumidores.

El fraude existe y debe perseguirse. Pero no explica por sí solo todas las diferencias energéticas y financieras.

En febrero de 2015, las facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentaron Nuevo Modelo para el Sistema Eléctrico Dominicano.

Su análisis advertía que el elevado costo de compra podía pesar incluso más que las pérdidas de distribución. Comparó un precio promedio de 13.85 centavos de dólar por kilovatio hora con un costo razonable estimado de 9.62 centavos. Sus simulaciones indicaban que reducir las pérdidas al 20 % podía resultar insuficiente mientras persistieran aquellos precios.

La solución no era solamente cobrar mejor. Era también comprar mejor.

En abril de 2025, el Instituto de Energía de la UASD estimó que, con precios ajustados a costos reales y una tasa interna de retorno del 10 %, el abastecimiento de 2023 habría podido costar US$544.93 millones menos, sin reducir adicionalmente las pérdidas.

Es una simulación, no un sobrepago auditado. Pero su magnitud exige verificación independiente.

El 9 de octubre de 2026, Diario Libre informó que un estudio presentado por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (Adelat) situaba las pérdidas dominicanas en un 30 % y recomendaba mejorar su clasificación, trazabilidad y auditorías de balances energéticos.

Estas recomendaciones coinciden en aspectos fundamentales con una exigencia que hemos sostenido durante años: una auditoría independiente e integral del sistema eléctrico.

¿Cuánta energía se inyectó, cuánto se perdió en transmisión, cuánto recibió cada distribuidora y cuánto se perdió en sus redes? Las pérdidas técnicas, los consumos no medidos y las facturas impagadas requieren verificaciones diferentes.

La política energética debe dejar de administrarse como una emergencia permanente y convertirse en una verdadera política de Estado.

La ruta comienza por auditar los balances energéticos y financieros. Continúa con la revisión competitiva de los contratos y la corrección de las pérdidas verificadas, mientras se ejecuta un plan plurianual de inversiones y protección social, con metas y responsables definidos.

Sus resultados deben publicarse anualmente: pérdidas por distribuidora, costos de compra, facturación y cobro, continuidad del servicio, subsidio por kilovatio hora y cumplimiento de inversiones.

Quien cometa fraude debe responder ante la ley. Quien administre recursos públicos, también debe rendir cuentas.

El pueblo dominicano merece electricidad confiable, tarifas sostenibles y un sistema que construya futuro, en lugar de perpetuar déficits.

Antes de exigirle otro sacrificio, hay que ofrecerle la verdad completa.

 

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