VENEZUELA.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, activó la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso que abre un proceso que podría llevar a la suspensión del país sudamericano del ente.

En un informe de 132 páginas publicado el lunes, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, un procedimiento que “deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela.

Almagro justifica su solicitud definiéndose como el «más acérrimo defensor de los derechos… Debo ser el que no tiene voz, o debo ser el que su voz no es escuchada, debo ser el discriminado… debo ser la voz de los que no tienen voz, o, de aquellos a quienes se les acalla la voz”.

Entre tanto, la misión permanente de Argentina ante la OEA, actualmente a cargo de la presidencia rotativa del Consejo Permanente, solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo a celebrarse el miércoles, 1 de junio, para “tratar la situación” que vive Venezuela.

Según el documento presentado por el Estado argentino la reunión extraordinaria tendrá también como objetivo consensuar una declaración conjunta por parte de la organización respecto al país caribeño.

NICOLAS MADURO LO RECHAZA

El gobierno venezolano «rechazó categóricamente» la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática Interamericana por lo que llamó «las graves alteraciones del orden democrático» en Venezuela.

En un comunicado, la Cancillería venezolana califica de fraudulenta la decisión y acusa a Almagro de «vulnerar el ordenamiento legal y constitucional de Venezuela» y de «violar la Carta de la OEA».

El documento dice que el Secretario Almagro «se ha extralimitado en sus funciones, está abusando de su posición y se ha parcializado con sectores golpistas, violentos y antidemocráticos que con apoyo de factores injerencistas internacionales promueven el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro».

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Luis José Marcano, también condenó a Almagro en la televisión estatal llamándolo «títere bastardo», y dijo que su país está bajo ataque de las potencias económicas porque tienen las reservas petroleras más grandes del mundo.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció que demandará a la directiva de la opositora Asamblea Nacional «por usurpar funciones constitucionales del presidente de la república», y aseguró que la Asamblea ha llamado a la intervención extranjera.

La oposición venezolana pidió recientemente al Secretario General de la OEA ejercer su derecho a llamar a una votación para determinar si el gobierno de Nicolás Maduro ha violado los principios democráticos.

Almagro invocó la Carta Democrática el lunes (30 de mayo). A pedido de Argentina, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá en sesión de emergencia el miércoles (1 de junio) para tratar la situación venezolana.

En Washington, el vocero del Departamento de Estado volvió a instar al diálogo en Venezuela y aplaudió un esfuerzo de expresidentes latinoamericanos para buscar una solución a la crisis en la nación sudamericana.

OF-AM

Más de 2 millones de personas están sujetas a alguna forma de esclavitud en las Américas, de acuerdo a un reporte divulgado por el Índice de Esclavitud Mundial (Global Slavery Index).

El reporte, que reconoce más de 45 millones de esclavos en todo el mundo, establece que los trabajos forzados es un tema prevalente entre los indígenas de Perú, Bolivia y Colombia, pero que también es frecuente en Norte y Centroamérica, así como en la región caribeña.

“La esclavitud moderna en las Américas afecta a hombres, mujeres y niños, y se manifiesta como labores forzadas, explotación sexual, y en menor grado, en la mendicidad forzada”, dice el resumen ejecutivo del informe.

El reporte también se enfoca en la explotación en algunas áreas rurales de Brasil, a lo largo del río Amazonas, donde se ha observado trabajos forzados en la industria maderera y ladrillera, y en las minas de oro industriales en Perú y Ecuador.

“Solo en 2015, 936 trabajadores fueron rescatados de condiciones de esclavitud en Brasil”, dice el reporte.

“La pobreza es un factor motivante considerable que obliga a las poblaciones vulnerables y la mano de obra poco calificada a migrar a lugares, donde a su arribo, se vuelven vulnerables al abuso y la explotación”, agrega el informe.

“Estas prácticas son evidentes por todas las Américas y los países más ricos, como Estados Unidos y Canadá, no son inmunes a tales explotaciones, particularmente en el sector agrícola”, dice.

A nivel mundial los países con mayor esclavitud son India, Uzbekistán y Corea del Norte.

of-am

WASHINGTON.- Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Europa ante «el riesgo de potenciales ataques terroristas» contra «eventos importantes y lugares turísticos» en los países europeos.

La advertencia del Departamento de Estado explica que «el gran número de turistas que visitan Europa en los meses de verano será uno de los principales objetivos de los terroristas…en lugares públicos, en especial los grandes eventos».

El aviso menciona la Eurocopa que se realizará en Francia del 10 de junio al 10 de julio y el Tour de Francia del 2 al 24 de julio. Otro evento que se destaca en la alerta de viajes es el Día Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia, del 26 al 31 de julio.

El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses informarse sobre la actualidad europea, seguir las instrucciones de las autoridades locales y estar preparados para mayores controles de seguridad.

SANTO DOMINGO.- Franklin Almeyda, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó públicamente este martes al empresario Juan B. Vicini, porque -según dijo- se involucró de manera abierta en la campaña electoral para imponer el triunfo de David Collado, candidato a síndico del Distrito Nacional de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Moderno (PRM).

“Como es posible que ese empresario se metiera tan hondo en el tema de la alcaldía del Distrito Nacional”, se preguntó el ex ministro de Interior y Policía.

Afirmó que Vicini, quien es la cabeza de un poderoso grupo empresarial, aportó dinero y otros recursos para apoyar al referido candidato.

Criticó la forma como empresarios pretenden incursionar en la vida partidaria.

“El sector productivo al mercado. Los partidos a dirigir el Estado”, enfatizó para agregar a seguidas: “La política es para los partidos políticos. El mercado no es para los políticos, es para los empresarios”.

Durante una comparecencia al programa de televisión Uno más Uno, Almeyda resaltó la diferencia en el aporte del sector privado a las instituciones partidarias  para que se impulse la actividad empresarial. “Ambas cosas son aceptables;  no  lo es  que un político se meta a empresario y un empresario a político”, comentó.

Sobre las sugerencias de reformas al sistema electoral de República Dominicana, planteadas  por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que en el Congreso Nacional  reposan dos proyectos  que pueden impulsarlas: el de Ley de los Partidos y Agrupaciones Políticas y el de Reforma a la Ley Electoral.

Dijo que  sobre ambos proyectos, en los cuales se ha avanzado en su discusión, haya nuevos consensos para su aprobación.

Po otro lado, calificó de”inaudito” los   reclamos que hacen ex candidatos  del Santo Domingo Este.

“Es una cosa inaudita, después que usted perdió, perdió”.  dijo.

Recomendó a los reclamantes que encaucen sus solicitudes por las vía legal correspondiente, tal y como lo establece la Ley sobre la material.

wj/am-sp

SANTO DOMINGO.- Cuatro candidatos al Senado en las pasadas elecciones solicitaron este martes a la Junta Central Electoral que anule los resultados de ese proceso en el Distrito Nacional, ya que el mismo fue «irregular y fraudulento, en violación a la ley electoral y a la Constitución».

Alberto Atallah, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Aura Celeste Fernández, de Alianza País; Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y Carlos de Peña, de la Alianza por la Democracia (APD), argumentaron en un documento que lo mejor es convocar a nuevas elecciones, «debido a las graves e insalvables irregularidades y hechos fraudulentos que invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta Electoral del Distrito Nacional relativos a las actas C y C1».

Manifestaron su «firme e irrenunciable decisión de agotar todas y cada una de las instancias legales correspondientes para establecer el carácter irregular y fraudulento del proceso electoral llevado a cabo en el Distrito Nacional en el nivel congresional y que puedan ser conocidas ante el país y el mundo las graves violaciones, tanto a la Ley Electoral como a los principios elementales del debido proceso y el derecho de defensa, garantizados por la Constitución de la República Dominicana».

A continuación, el documento íntegro:

«Los suscritos, DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ, LIC. ALBERTO ATALLAH, DR. CARLOS DE PEÑA y LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN, quienes participaron el pasado 15 de mayo como Candidata y Candidatos a la Senaduría del Distrito Nacional por los partidos Alianza País, Partido Revolucionario Moderno, Alianza por la Democracia y Fuerza Nacional Progresista, informan a la opinión pública que en el día de ayer procedieron a solicitar por ante la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN) la nulidad de las elecciones celebradas en el nivel congresual en el Distrito Nacional y, en consecuencia, la celebración de nuevas elecciones, debido a las graves e insalvables irregularidades y hechos fraudulentos que invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta Electoral del Distrito Nacional, relativos a las Actas C y C1.

Manifestamos nuestra firme e irrenunciable decisión de agotar todas y cada una de las instancias legales correspondientes para establecer el carácter irregular y fraudulento del proceso electoral llevado a cabo en el Distrito Nacional en el nivel congresional y que puedan ser conocidas ante el país y el mundo las graves violaciones, tanto a la Ley Electoral como a los principios elementales del debido proceso y el derecho de defensa, garantizados por la Constitución de la República Dominicana.

Nadie puede entender que nuestra acción conjunta se trata de simples alegatos o «pataleos» post electorales. De lo que se trata es del respeto a la ley y a las reglas esenciales establecidas por ésta en el proceso de escrutinio electoral. La Junta Electoral del Distrito Nacional, después de una semana de dar resultados al público con entera normalidad, anunció al país y a los partidos que sustentaban nuestras candidaturas senatoriales, que un tercio (674 colegios) de toda la votación del 15 de mayo nunca fue contabilizada como dice la ley por los colegios electorales en el nivel del voto preferencial (Acta C1), imprescindible para ofrecer el cómputo senatorial y otorgar los escaños que representarán el Distrito Nacional en la Cámara de Diputados.

La Junta Electoral del Distrito Nacional, violentando todas las más elementales reglas electorales previstas por la ley, asumió una semana después del 15 de mayo, mediante resolución del domingo 22 de mayo de 2016, el rol de los colegios electorales al contar por primera vez los votos preferenciales (el 32.88% de todos los colegios), en un procedimiento totalmente fraudulento en el que las valijas llegaron violadas y abiertas y de las que se extraían con total impunidad boletas C totalmente nuevas, sin doblar, marcadas a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La arbitrariedad fraudulenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional llegó al grado de no permitir a ninguno de nuestros representantes convocados para observar el escrutinio primario de 674 colegios electorales hacer ningún reparo o impugnación, lo que violentó de manera descarada el debido proceso de ley y el derecho de defensa protegido por la Constitución. Si no se contabilizaron los votos en los colegios electorales y se hizo directamente en la Junta Electoral del Distrito Nacional, independientemente de que ésta no podía hacerlo conforme a la ley, de proceder a ello, estaba obligada a conceder el derecho a nuestros delegados de impugnar y hacer los reparos que entendieran de lugar.

Lo que defendemos hoy es la democracia de la República Dominicana; el respeto a la ley y a su Constitución. Convalidar con nuestro silencio e inacción la cadena de fraudes y graves irregularidades cometidos en el proceso recién transcurrido, nos haría cómplices de una ignominia histórica que ha conllevado un grave retroceso en las conquistas democráticas y electorales que había logrado el pueblo dominicano. Santo Domingo, Distrito Nacional. 31 de Mayo de 2016. (Firmados) DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ , LIC. ALBERTO ATALLAH, DR. CARLOS DE PEÑA y LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN.»

Santo Domingo, D.N.

31 de mayo 2016″.

jt/am

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