El atropello de un ciudadano por parte de la administración pública constituye una muestra de la distancia que lo separa del Estado Social y Democrático de Derecho  que se encuentra inerte en la Constitución de la República.

Sin embargo, cuando los ciudadanos sufren el referido maltrato, en la mayoría de los casos, observan un comportamiento masoquista que no les permite reclamar la protección efectiva de sus derechos y el respeto de su dignidad, consagrados en el artículo 8 de la Carta Sustantiva.

Como si se tratara de un favor que le hace el servidor público, el ciudadano, sin importar el maltrato que haya recibido, tiende a marcharse satisfecho cuando ve solucionado el caso por el que se vio en la necesidad de acudir por ante la correspondiente oficina pública. Esta cultura de intimidación tiene su origen en la administración pública de los regímenes autoritarios.

La administración pública ha sido definida por el Diccionario de Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino, en un sentido amplio, como “el conjunto de las actividades directamente preordenadas para la concreta persecución de las tareas y de los fines que se consideran de interés público o común en una colectividad o en un ordenamiento estatal”.

Contrario a este concepto, muchas instituciones, debido a la falta de institucionalidad de la administración pública, toman decisiones arbitrarias contra los ciudadanos, en ocasiones tan graves que llegan a trastornarles el desarrollo normal de sus vidas.

A pesar de que el artículo 139 de la Carta Magna dispone que los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública, así como que la ciudadanía puede requerir dicho control, no se ha fomentado una cultura de reclamo a los funcionarios y las instituciones públicas que violan los derechos de los ciudadanos, como ocurre en el derecho anglosajón en el que, como señala Jorge R. Vanossi, es preocupación dominante la individualización de los funcionarios responsables y permitir que los individuos puedan obligar a un funcionario determinado a hacer lo que es inherente a su obligación legal (mandamus) o a abstenerse de realizar lo que la ley le prohíbe expresamente (injuction).

En ese mismo sentido, la Constitución de Italia consagra en su artículo 28 lo siguiente: “Los funcionarios y los empleados del Estado y de las entidades públicas son directamente responsables, de acuerdo con las leyes penales, civiles y administrativas, de los actos realizados en violación del derecho. En tales casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a las entidades públicas”.

Desde la promulgación de la Ley No. 41-08 de Función Pública, el 16 de enero del 2008, en la República Dominicana, de conformidad con su artículo 90, el Estado y el servidor público o miembros del órgano colegiado actuante son solidariamente responsables y deben responder patrimonialmente por los daños y perjuicios causados por la acción u omisión en contra del ciudadano. Esta acción se interpone por ante el Tribunal Contencioso Tibutario y Administrativo.

Por lo tanto, todo ciudadano que sea perjudicado arbitrariamente por un funcionario o empleado público debe reclamar sus derechos por ante la justicia, para borrar la cultura masoquista del usuario del servicio público y contribuir, de esta manera, con la mejoría de la administración pública.

 ej.olivares@hotmail.com

El presupuesto de la República Dominicana sangra, languidece y se estremece como cualquier afluente torpedeado por la deforestación, que se alborota cuando recibe los nutrientes del agua de lluvia y se enfurece, pero cuando llega el verano es invadido por la tristeza, porque se esfuma su escorrentía.

“Los cambios en las instituciones son los que mejor explican el desarrollo económico de los países” – acota el premio Nobel de Economía Douglas North – acentuando su reflexión en el manejo de los fondos públicos por parte de los gobernantes, a través de los compromisos que contraen con los partidos opositores.

Estas decisiones administrativas gravitan en el individualismo político y sin soslayar un solo instante, siempre tiene su base de crecimiento en los beneficios de quienes ostentan los cargos que son distribuidos cada cuatro años y que en definitiva no aportan en lo absoluto al desarrollo del estado.

Es vergonzante la distribución de cargos fantasmagóricos creados por el gobierno recientemente, a través del Decreto 246-16, donde sin Ton ni Son, nombra unos 44 funcionarios botellas, sólo para cumplir los acuerdos políticos contraídos con Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicana (PRD), quien vendió esa organización al partido gobernante para poner en juego la estabilidad económica del país.

Funcionarios botellas, animados y comprometidos para cobrar un salario sin desarrollar ninguna labor que pueda contribuir al desarrollo y a la estabilidad de la administración pública, mientras las farmacias de los hospitales carecen de medicamentos, los maestros, profesores, médicos, enfermeras, policías y otros empleados de la administración pública protestan frecuentemente por el bajo salario.

El Poder Ejecutivo nombró a Lidio Cadet, presidente de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, funciones fuera de contexto, porque si existe en el mapa- mundo un país carente de “ética e íntegro” es la República Dominicana, debido a la irresponsabilidad de quienes dirigen las instituciones públicas.

¿De cuál política de desarrollo habla el presidente Danilo Medina, cuando el gobierno no tiene definido un programa dirigido a fortalecer las instituciones y reducir la pobreza a nivel macro?.

Se crearon cargos como “enlaces entre los poderes ejecutivo y legislativos, vice ministros, vice cónsules”, etc., etc., posiciones que no contrastan con las leyes dominicanas y mucho menos con lo que establece la carta constitutiva, como muestra de que el presupuesto de la nación es un festín en el que únicamente el ejecutivo tiene derecho a usar para satisfacer acuerdos políticos.

En términos filosóficos, “la ética estudia la bondad o la maldad de los comportamientos y tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada, mientras que la integridad sigue los parámetros de la justicia, la integridad y la paz.

Las grandes virtudes de los políticos  no deben estar fundamentadas en los compromisos de aposentos con sus adversarios. El corazón de la República Dominicana está dejando de latir y; de continuar en cuidados intensivos, será transferido a la tumba y descansaremos en paz, pero no en la gloria, sino en el abismo.