El jueves 3 de este mes de junio del 2016 se dirigió al pueblo dominicano el Dr. Roberto Rosario y lo hizo en su calidad de presidente de la Junta Central Electoral, el Organismo o Institución del Estado, si así se le puede identificar, por las responsables y delicadas funciones que tiene a su cargo en el aparato burocrático del Estado, que está representado por tres Poderes, que están señalados constitucionalmente como Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

El Dr. Rosario es un abogado, joven aún, con una larga experiencia como profesional, porque ha ejercido en el campo del Derecho tal vez por más de 20 años. Roberto Rosario además de excelente profesional del Derecho, de incuestionable conducta de seriedad en los cargos que ha desempeñado en diferentes dependencias estatales, es a nuestro criterio, un hombre valiente, honesto y capaz. No tiene razón ninguna para mentirle a nuestro pueblo, desde la elevada e importante posición que ocupa en la vida nacional.

Roberto Rosario afirmó, con lenguaje claro, directo y sencillo que las elecciones que se realizaron el 15 del mes de mayo de este año fueron “limpias y transparentes”, agregando en el informe que rindió a la nación que “la insistente posición y petición de los partidos, alteraron el proceso y complicaron el conteo rápido y eficiente de los votos que  ejerció, la ciudadanía ejemplarmente”.

Roberto reconoció que se “presentaron fallas de diversas índoles y situaciones difíciles, pero afirmó que éstas no afectaron los resultados finales de las elecciones”. Más adelante reiteró que “partidos de la oposición  orquestaron un plan para desacreditar el pasado proceso electoral”. En estas breves palabras de su intervención, es cuando como dicen en los campos dominicanos “a la puerca le retuerce el rabo” y permite recordar también otro refrán muy usado que dice  “a buen entendedor con pocas palabras basta”.

Todos los incidentes que se presentaron en el escenario político nacional, desde antes del día 15 de mayo, forman parte de un plan concebido por el llamado PRM, Partido Revolucionario Moderno, de primera intención, cuando las encuestas que se realizaron de manera permanente por más de seis meses, dejaron establecido con absoluta firmeza que el Partido de la Liberación Dominicana, con la candidatura a la presidencia de Danilo Medina, en campaña de reelección, era invencible y que tras de él eran invencibles todas las candidaturas del PLD en el Poder Legislativo y en los Ayuntamientos de nuestro país.

Cuantos disparates, improvisación, torpeza, atrevimientos, que son para los políticos profesionales como el autor de esta columna, una experiencia inolvidable, porque el futuro y el destino de este país, nos preocupa e intranquiliza.

Principiantes, en lenguaje del beisbol, amateurs, culturalmente analfabetos, sin ninguna capacidad, salvo con honrosas excepciones, para exponer con bases jurídicas y lógica coordinación de las ideas, todos los incidentes que se han presentado por espacio de más de quince días. Qué vergüenza nos da este espectáculo risible y bochornoso en el que a última hora vinieron a participar personas femeninas y masculinas, a las que el autor de esta columna les tiene aprecio. Experiencia inolvidable que quedará en el recuerdo de nuestra memoria como un capitulo  que no dice ni aporta nada en la personalidad incuestionable de este pueblo “Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe”.

SANTO DOMINGO (EFE).- Un abogado falleció hoy, miércoles, cuando se preparaba para ingresar a una audiencia en la Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Se trata de Porfirio Hernández, de 61 años, quien, al parecer, sufrió un infarto fulminante.

Colegas del abogado llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, quienes se presentaron al lugar y trataron de auxiliarle, pero éste falleció.

SANTO DOMINGO.- Los dominicanos estamos camino a derrotar muchas de las inseguridades propias de una sociedad por mucho tiempo y todavía marcada por la exclusión y limitado desarrollo económico e institucional, consideró el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena.

Indicó que el gobierno trabaja a partir de una visión amplia y completa de la seguridad de los ciudadanos, aplicando políticas públicas que procuran seguridades para las familias dominicanas.

Puntualizó en que es parte primordial de la seguridad de la familia dominicana que las madres y los padres cuenten con la garantía de tener a sus hijos en la escuela recibiendo una educación de calidad, mientras son beneficiarios de un desayuno, un almuerzo y una merienda escolar, lo que contribuye a fortalecer parte de esa seguridad de la economía familiar.

De igual modo, que los más pobres del país tengan un acceso al crédito, con una democratización de ese crédito que ha permitido la inserción en el mercado laboral de miles de personas que han creado fuentes de ingreso a y generado empleos.

Al ser entrevistado por Ramón Puello Báez, Geraldino González y Ana Mercy Otáñez, en el programa Tele 15 por Digital 15, Rodríguez Marchena afirmó que otro punto de altísima importancia lo constituye el acceso a la salud al 100% de los pobres al Seguro Nacional de Salud (SENASA), el re acondicionamiento de los hospitales y reducción del gasto de bolsillo en medicinas.

Expuso que la visión de una seguridad ciudadana no está perfilada en este Gobierno con la cultura y los métodos del prejuicio, como lo fundamentó en Giuliani en políticas represivas que estigmatizaban a hispanos y negros.

Explicó que hay acciones palpables como un endurecimiento en lo que tiene que ver con el porte y tenencia de armas de fuego; la colocación de más de 1,300 cámaras de video, que han sido un gran soporte para detectar hechos delictivos y contribuir con la captura de los responsables de las acciones criminals.

Hemos hecho mucho y estamos haciendo, y de lo que estamos convencidos es de que debemos seguir haciendo para fortalecer estas acciones, con el objetivo de preservar sobre todas las cosas, la seguridad de la gente”, dijo. Expresó también que no tiene precedentes el impacto que ha significado el proyecto de La Nueva Barquita, un compromiso para dignificar la vida de las personas residentes en zonas vulnerables como lo ha hecho el presidente Danilo Medina.

Resaltó la sabiduría, serenidad y sensibilidad del director del proyecto, José Miguel González Cuadra y de su equipo de trabajo.

Al referirse al Plan Piloto de mudanza del proyecto de 1,700 familias beneficiarias, de las cuales ya se han mudado 20, indicó que a las autoridades les interesa realizar un trabajo óptimo, para lo cual se toman su tiempo.

“¿Usted sabe el impacto que tiene en personas que llevan 30 y 40 años viviendo allí, en condiciones de indigencia humana, lo que significa que al llegar a un nuevo apartamento y abrir la llave del agua reciben ese líquido vital, o cuando tienen que ir al sanitario lo hacen en un inodoro adecuado?, es lo que constituye la satisfacción nuestra, el bienestar humano, la incorporación a niveles de dignidad humana”, expresó.

Dijo que el plan de mudanza da prioridad a las familias que viven en niveles de mayor vulnerabilidad, más próximas al río y a quienes padecen alguna condición de discapacidad.

Sobre la disposición en la que se establece el congelamiento de la nómina y el cese, en julio, del personal contratado, precisó que son disposiciones propias de la transición de un periodo a otro, pero la ciudadanía debe tener pendiente que en un Gobierno de Danilo Medina nunca se llevará intranquilidad ni estrés a la población.

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SANTO DOMINGO (EFE).- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, colocar en agenda y aprobar el tratado de extradición firmado entre los gobiernos de la República Dominicana y los Estados Unidos.

Durante una visita a Martínez, Domínguez Brito resaltó la importancia de este instrumento jurídico, que permitirá mayor efectividad en la persecución penal de aquellos ciudadanos que cometiendo delitos tratan de evadir la pena, escapando de las jurisdicciones donde ocurren los mismos.

Este tratado de extradición, que sustituiría el suscrito en el año 1909, establece la obligación de ambos estados de extraditar a sus nacionales a los fines de su enjuiciamiento, imposición o cumplimiento de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad.

El nuevo acuerdo ampliaría los tipos penales que dan lugar a la extradición, independientemente del lugar donde ocurrieron los hechos que constituyen el delito.

Además establece la excepción para la extracción de aquellos casos de delitos políticos.

Domínguez Birto dijo que el tratado establece «de manera clara y precisa todo lo referente a los trámites y los documentos requeridos».

Por su lado, Martínez dijo entender «la prioridad que tiene que sea colocado en agenda la revisión del Tratado de Extradición firmado por los Estados Unidos y República Dominicana, y así lo haremos, confiados en que tras el conocimiento del mismo, pueda ser aprobado para su inmediata ejecución por ambas naciones».

Afirmó que colocarán en agenda el conocimiento del Tratado de Extradición, así como el proyecto sobre la Ley de Armas, «y otras importantes normativas pendientes de aprobación tendentes a fortalecer no solo la lucha contra el delito y la criminalidad, sino también que desde la Cámara de Diputados estamos prestos a aprobar todo cuanto tiene que ver con el fortalecimiento de un Estado de Derecho».