Cuando hace dos semanas visité, luego de mucho tiempo sin hacerlo, el municipio de Jarabacoa, percibí -al hacer contacto con muchos ciudadanos- la satisfacción que reina en la comunidad por el hecho palpable de que se han reanudado los trabajos de construcción del acueducto.

Acompañado del incansable presidente del Consejo de Apoyo a Jarabacoa, José A. Tejeda -uno de los principales gestores de esa obra- llegué hasta el paraje La Majagüita y observé dos maquinarias retroexcavadoras de buen tamaño (de aquellas que la gente común llama “come solas”) rompiendo un área pedregosa donde se hará un pequeño embalse que servirá de toma de agua.

Allí, exactamente a 12 kilómetros del poblado de Jarabacoa, se tomará el líquido del río Yaque del Norte, que pasa abundante, y se enviará por tubería tanto a la ciudad cabecera como a los distritos municipales de Manabao y Buena Vista.

A todas luces un trabajo de esfuerzo pleno al frente del cual se encuentra un profesional de primer orden, experimentado y con evidente madurez -Rafael Roberto Medos- a quien vemos afanoso por cumplir con su compromiso con la comunidad y sobre todo con el Presidente Luis Abinader.

“El acueducto ha entrado en una etapa muy importante y se encamina a su terminación definitiva. El presidente Abinader se ha identificado con esta obra, al punto de que cada vez que va al Palacio Nacional una persona de Jarabacoa, le pregunta: cómo está el acueducto”, nos dijo Medos, de la compañía  Inmobiliaria y Constructora Procisa.

La obra concebida hace mucho tiempo y con dificultades en distintas administraciones gubernamentales,  recientemente ha sido reimpulsada por el mandatario asignándole recursos frescos y dando instrucciones para que concluya cuanto antes.

De apellido raro en el país (pero él un puro dominicano) Medos explicó que el proyecto comprende obra de toma, planta de tratamiento potabilizadora, tubo de conducción desde el tanque principal hasta la entrada de Jarabacoa y red de distribución.

“Hace varias semanas comenzamos a construir la obra de toma y estamos trabajando en ella en forma intensa. La planta de tratamiento está ejecutada en un 85 por ciento”, apuntó.

Obra cuidadosa

Al insistir en que se trata de una obra bastante delicada, explicó que “tiene 5.5 kilómetros de tubería y conlleva ocho cruces por debajo del rio Yaque. Hace poco terminamos la repavimentación de 3.6 kilómetros de carretera donde hemos colocado tubería acercándonos al poblado de Jarabacoa”.

“Si los recursos no fallan, para finales del año 2026 tendremos el acueducto ejecutado”, dijo tajantemente el contratista, quien garantizó que hay agua disponible para satisfacer las necesidades de la abultada población del municipio, que hoy ronda los 69 mil habitantes y se infla con turistas rodantes los fines de semana.

Observó que, de acuerdo al rediseño del proyecto, “vamos a derivar del rio Yaque un metro cubico por segundo, es decir, mil litros por segundo, lo cual es más que suficiente, pues poblaciones como San Cristóbal, tres veces más grandes que Jarabacoa, se están abasteciendo con un metro cúbico”.

josepimentelmuñoz@hotmail.com

POR PEDRO RICHARDSON

En este país estamos acostumbrados a ver los grandes cambios en cemento y asfalto. Medimos el desarrollo por carreteras, puentes y metros. Pero hay una transformación que avanza sin tanta bulla, sin tanto titular, y que quizás es la más profunda de todas: la que está ocurriendo en los campos de la República Dominicana.

Desde que el presidente Luis Abinader llegó al gobierno, el campo comenzó a recibir lo que nunca antes: atención real, inversión seria y financiamiento con sentido. Y el protagonista principal de esa transformación ha sido el Banco Agrícola.

En solo cuatro años, el Banco Agrícola ha prestado más de 71 mil millones de pesos a productores de todo el país. Eso no es poca cosa. Es tres veces más de lo que se prestó en los tres años y medio anteriores (menos de 20 mil millones). Además, pasamos de dar 75 mil créditos a entregar más de 160 mil préstamos a pequeños y medianos productores, muchos de ellos por primera vez en su vida bancarizados.

Este no es un dato frío. Es una señal clara de que el campo volvió a importar. Y lo más importante: que el gobierno lo está demostrando con recursos, no con discursos.

Como director ejecutivo de FEDODIM, tengo la dicha de recorrer cada semana los distritos municipales del país. Y lo que uno ve allá abajo es gente trabajando, sembrando, criando, produciendo. Lo que faltaba era apoyo.

Y eso es exactamente lo que ha hecho el gobierno de Abinader: llevar el crédito agrícola a las comunidades más remotas, donde viven miles de dominicanos que también son parte del desarrollo, aunque muchas veces se les olvide.

Para ponerlo claro: más del 60% del territorio nacional está compuesto por distritos municipales. Es decir, es en el campo donde vive el pueblo que más necesita el apoyo del Estado. Y ahí ha estado el Banco Agrícola, financiando cebolleros en Palenque, bananeros en Valverde, ganaderos en San Juan, caficultores en Ocoa, agricultores en El Seibo, y cientos de asociaciones comunitarias en toda la geografía rural.

Visión clara

No ha sido un favor, ha sido una política pública de Estado bien dirigida. Una visión clara de que sin campo no hay país, y sin crédito no hay campo. Esa línea directa entre gobierno central, banca estatal y comunidades rurales es lo que permite hoy hablar de resultados.

No se trata solo de dinero prestado. Se trata de lo que eso genera: más comida producida aquí, menos necesidad de importar, más empleos rurales, más estabilidad en las comunidades, menos migración del campo a la ciudad.

Luis Abinader ha hecho algo que muchos prometieron pero pocos cumplieron: convertir al campo en prioridad nacional. Y eso, desde FEDODIM, lo valoramos profundamente.

Porque los distritos municipales también son República Dominicana. Porque en cada colmado, cada parcela y cada camino vecinal, hay dominicanos que necesitan las mismas oportunidades que cualquier empresario del centro del país.

El crédito agrícola no resuelve todo, pero abre la puerta del desarrollo. Y hoy esa puerta está abierta como nunca antes. Ojalá este modelo se mantenga, se profundice y se institucionalice. Porque cuando el campo crece, el país entero se fortalece.
jpm-am

En dos campañas presidenciales consecutivas —2016 y 2020— el presidente Luis Abinader asumió el compromiso claro y firme de saldar la deuda viejas que el Estado dominicano mantiene con contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC).

No fue una promesa menor, sino una expresión de justicia histórica, basada en el reconocimiento de que muchos profesionales del área de la construcción trabajaron y entregaron sus obras, pero nunca recibieron el pago correspondiente.

Cinco años después, esa promesa sigue sin cumplirse, pues la deuda continúa viva, y lo más preocupante es que la inacción del aparato estatal ha convertido esa mora en una forma de agresión institucional contra quienes cumplieron con su deber.

La razón esgrimida por los funcionarios de las instituciones deudoras para no pagar resulta, a estas alturas, insostenible debido a que se fundamenta en una supuesta desaparición de documentos requeridos por el Ministerio de Hacienda.

Si bien la pérdida de expedientes oficiales es en sí misma un hecho grave, lo es aún más la falta total de medidas correctivas ya que ninguna entidad ha establecido un mecanismo transparente para reconstruir o sustituir dichos documentos.

Ningún funcionario ha sido sancionado y se ha solicitado que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realice una investigación que también abarcaría temas de obstrucción deliberada en el proceso de tramitación de pago.

El panorama que se advierte en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED)-respecto a 52 expedientes de contratistas del CIC- revela algo más profundo que una simple negligencia administrativa, pues es evidente cierta forma de obstrucción deliberada en la tramitación de los pagos.

Porque mientras el presidente ha mostrado su intención de saldar la deuda y ordenar la casa, algunos de sus funcionarios han preferido ocultarse tras la burocracia, dejando sin respuesta una situación que afecta vidas humanas, daña la credibilidad del gobierno y proyecta un país débil ante los ojos del mundo.

Lo que está en juego aquí no es solo un monto económico, sino también la continuidad del Estado y la confianza de decenas de profesionales que, con esfuerzo y recursos propios, cumplieron su contrato con la nación.

Y es también la percepción que se construye internacionalmente sobre nuestra seguridad jurídica, porque cuando el Estado no cumple, el daño trasciende lo financiero debido a que se daña la confianza, se ahuyentan las inversiones y se mina la reputación institucional.

La persistencia en la inacción de los funcionarios proyecta la imagen peligrosa de un presidente con voluntad, pero rodeado de una estructura que sabotea sus intenciones, donde la irresponsabilidad se disfraza de tecnicismo, y donde los compromisos nacionales se diluyen en el mar del papeleo perdido.

Si  persiste la desidia el presidente Abinader debe remover a los funcionarios responsables, pero lo que no puede seguir ocurriendo es esta indiferencia prolongada, que convierte en letra muerta las promesas de campaña y en traición silenciosa la gestión pública.