Numerosas sentencias del Poder judicial reconocen las conversaciones de WhatsApp como medio de pruebas. Sin embargo, no son medios de pruebas sino fuentes de pruebas.

La diferencia es importante manejarla, pues una fuente de pruebas se refiere a algo que ya existe fuera del proceso. En cambio, el medio de prueba se da en el proceso interno.

El medio de prueba es el procedimiento o método para incorporar la prueba en el marco del debido proceso, se trata de la vía para poder introducir válidamente la prueba en el proceso penal para que luego esté habilitada de poder generarle convicción al juzgador en la etapa de juzgamiento.

De acuerdo a la doctrina mayoritaria, resulta necesario distinguir entre fuente y medio de prueba. En este sentido, la fuente de la prueba se manifiesta a través de los medios.

Este último se entiende como la actividad del juez o las partes, orientada a lograr en el juzgado el conocimiento de los hechos en el proceso a través de la percepción y deducción.

Es decir a través de estos medios el juez conoce la fuente de la prueba y de éste deduce el hecho que se va a probar, por lo que la fuente se nos muestra como hechos percibidos por el juez y que requieren de una operación deductiva, en tanto que los medios no se conciben como hechos, sino como actividad o en su defecto como el instrumento, cosa o circunstancia en los que el juez encuentra el fundamento de su convicción.

Así, en un juicio donde una de las partes promueve uno o varios testigos para demostrar la existencia de la posesión, el testimonio de estos sería el medio, en tanto que la fuente serían los hechos descritos o narrados.

De tal manera que, en atención al ejemplo de la posesión, siendo esta un hecho que produce consecuencias jurídicas a favor de la persona que la ha ejercitado, y tomando en cuenta que quien alega en un proceso un hecho del cual quiere deducir consecuencias jurídicas a su favor, debe probarlo, recae en el poseedor de dicha carga.

La IA al respeto nos dice que las fuentes de prueba son los elementos o realidades existentes en el mundo exterior que contienen información sobre un hecho (como un testigo, un documento o un objeto), mientras que los medios de prueba son los vehículos o procedimientos legales que se utilizan para incorporar esa información al proceso judicial (como el testimonio del testigo, la presentación del documento o una inspección judicial).

En resumen, la fuente es «con qué» se prueba, y el medio es «cómo» se prueba. En el caso delas conversaciones por WhatsApp son fuentes de pruebas y el medio será la trascripción de esas conversaciones en un documento digital obtenido conforme a la autenticidad establecidas en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Sentencias

Las sentencias número 69 de fecha 30 de octubre de 2019, BJ. 1307 de la SCJ; Sentencia No. 557-2019 a 30 de octubre de 2019 de la SCJ; sentencia SCJ-SS-25-0189 de fecha 28 de febrero de 2025; sentencia 829/2020 del 24 de julio 2020 de la SCJ; sentencia núm. 0961/2021 de la SCJ y sentencia número 20 de fecha 28 de abril de 2021 de la SCJ, todas estas sentencias más o menos se resumen de la manera siguientes: “que esta Suprema Corte de Justicia, entiende que es preciso indicar que, si bien es cierto, dado el avance de la tecnología informática que ha creado nuevos métodos en el suministro y preservación de la información, el legislador, mediante la Ley núm. 120-02 (SIC), de 4 de septiembre del 2002, le reconoce valor probatorio a los documentos digitales y mensaje de datos, los cuales son admitidos como medios de prueba, con la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada, no menos cierto es que la prueba digital constituye una prueba compleja que, ante el cuestionamiento de la credibilidad del contenido de la información consignada en la pieza digital de la cual se pudieran derivar derechos u obligaciones, como ocurre en la especie, pone a cargo de la parte proponente de dicha prueba, el deber de colocar a los jueces de fondo en las condiciones de comprobar la veracidad del contenido del documento electrónico aportado, pudiendo para esto recurrir a la más amplia libertad de pruebas, incluida la solicitud formal de una pericia electrónica o cualquier otra comprobación que permita constatar, entre otros aspectos, que el documento ha sido conservado de manera integral, que no ha sido adulterado e identificar la titularidad del receptor y el emisor del documento electrónico”.

Estas sentencias en cierto modo contradicen el artículo 9 de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, el cual se refiere a la admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos digitales y mensajes de datos, indicando lo siguiente: “Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil”. Estas sentencias contravienen a la ley, ya que esta no dice que esas pruebas necesitan un reforzamiento ni comprobación de otras. Le da un valor pleno a dicho medio de prueba. El articulo 9 y 10 de la ley 126-06 le otorgan una fuerza probatoria por si sola y sin reforzamiento.

Aunque la posición de por si no es tan irrazonables toda vez, que la valoración de las pruebas debe hacerse bajo el manto de la sana crítica, esto es valorar individual cada una de los medios de pruebas y luego de reconocido ese valor, este debe ser apreciado en concordancia con los demás elementos de pruebas y una vez admitidos forman un todo, ver sentencia No. 0169/2020 de la Primera Sala SCJ 26-2-2020. En el mismo sentido, art. 172 del Código Procesal Penal.

La regla universal sobre las pruebas y que RD no es ajena, es que todo hecho se puede probar por cualquier medio probatorio siempre que dichas pruebas sea el resultado de haberla obtenido de manera licita, art. 170 del Código Procesal Penal.

El interés de este escrito es despertar más bien un debate e inquietudes sobre este tema.

jpm-am

La tormenta Melissa mostró una vez más la  cruda realidad del sistema de drenaje y alcantarillado en el  Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Puso en evidencia que es una de esas crisis silenciosas que afecta diariamente la vida de miles de ciudadanos, mientras  las alcaldías del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo disponen de presupuestos anuales limitados  cuyos fondos resultan claramente insuficientes para abordar un problema estructural tan profundo.

Desde los tiempos de la presidencia de Rafael Leónidas Trujillo se construyó el núcleo del alcantarillado capitalino, pero el crecimiento urbano, la falta de mantenimiento y el cambio climático han desdibujado esa obra pionera.

Según registros históricos, en 1946 entró en operación el sistema sanitario de la capital, siendo una etapa clave en la infraestructura tubería de agua y residuales.

Actualmente, apenas cerca del 30 % de la red vial del Distrito Nacional tiene drenaje pluvial adecuado. El proyecto más reciente de intervención prevé la inversión de RD$ 230 millones para 361 pozos filtrantes y varias líneas de colectores, pero esos recursos son ínfimos frente a la magnitud del déficit: la metrópoli sigue inundándose en cada lluvia fuerte.

Este agujero institucional y económico plantea una hipótesis simple pero brutal: las alcaldías locales no pueden por sí solas resolver una problemática de infraestructura heredada y ampliada por décadas.

Gobierno central

El drenaje pluvial y el saneamiento pluvial no pueden depender únicamente de presupuestos municipales de solo miles de millones. Se requiere una intervención del gobierno central, dirigida por política nacional de agua, alcantarillado y drenaje, con presupuesto estatal, supervisión técnica y asignaciones de capital excepcionales.

El ritmo acelerado de urbanización y el rezago institucional configuran una tormenta perfecta. Solo mediante un pacto entre Estado, municipio y ciudadanía, y con recursos estatales dedicados, podrá salvarse la capital de ser una ciudad atrapada en su propia infraestructura.

La República Dominicana se juega mucho: una ciudad capital que sufre inundaciones, cortes de servicio o caos vial cada vez que llueve como lo vimos ahora con la tormenta Melissa, no es solo un asunto técnico —es un asunto de calidad de vida, salud pública y competitividad nacional.

Es hora de que la administración central asuma la complejidad de este reto y coloque en el centro de la agenda nacional lo que ya debería ser resuelto.

jpm-am

El filósofo y botánico de origen alemán Robert Schomburgk fue cónsul de Gran Bretaña en Santo Domingo durante ocho años (1849-1857). En ese tiempo hizo en favor de República Dominicana valiosas contribuciones diplomáticas y políticas, a solicitud de personalidades del país comprometidas con la defensa de la soberanía nacional.

También dejó un importante acervo en seguridad, geografía, botánica y minerología. Para dejar ese legado recorrió por tierra, mar y ríos gran parte de las regiones del país.

Llegó al puerto de la ciudad de Santo Domingo el 20 de enero de 1849. Su personalidad magnética creó reacciones diversas. En aquel momento el cónsul francés aquí Víctor Place se apresuró a informar a sus superiores en París que:

“…ignoraba la misión de este cónsul en un país en el que los ingleses no tenían una sola casa de comercio y que creía había venido para concertar un tratado de paz, comercio y navegación similar al franco-dominicano”. (Correspondencia del cónsul de Francia en Santo Domingo.Vol.II.P.112.Editora Montolío, 1944. Recopilador Emilio Rodríguez Demorizi).

Si sus actuaciones en la República Dominicana, entonces recién nacida, se analizan con una mirada en mayúscula y sin mezquindad, la conclusión obligatoria es que su presencia fue positiva. Tal vez por ello la calle del lado este de la Cancillería dominicana lleva su nombre.

La verdad histórica es que Schomburgk firmó con autoridades dominicanas el Tratado dominico-inglés en septiembre de 1850, que fue beneficioso para el país, especialmente si se toman en cuenta los conflictos internos de aquella época. Sólo unos pocos desfiguradores de la verdad no le reconocen ningún mérito.

Un acucioso historiador, luego de un análisis a fondo, calificó de modo objetivo ese documento histórico: “Este instrumento internacional fue de importancia incalculable en el desarrollo del Estado Dominicano, pues fue el primero en que se reconoció la independencia dominicana”. (Divulgaciones históricas. Editora Taller, 1989.P.91. César Herrera Cabral).

Schombourgk ante la ambición estadounidense 

Al poner de relieve la ambición a toda costa de los EE.UU. en el área del Caribe insular hispano, y como material para la Historia, escribió lo que sigue: “El gabinete de Washington confirió poderes al general tejano William L. Cazneau, encargándole que había de conseguir del gobierno dominicano el arrendamiento de la bahía de Samaná, cuya importancia geográfica es generalmente conocida, para establecer en ella un depósito de carbón de piedra destinado al servicio de una línea de vapores…”

Como algunos hechos de nuestro pasado no pueden analizarse partiendo de la realidad del presente hay que señalar que Schomburgk fue uno de los más tenaces opositores a que el país perdiera su soberanía y por eso ayudó mucho para que abortara el proyecto que el presidente estadounidense Franklin Pierce (1853-1857) tenía como una de sus piezas claves para apoderarse de la República Dominicana, basándose en el tristemente célebre “destino manifiesto”, una de las primeras piezas del engranaje imperialista de los EE.UU.

El 5 de octubre de 1854 dos delegados de los grupos conservadores que dominaban el país firmaron con el referido William Cazneau un acuerdo llamado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo ese pomposo título se escondía un enorme daño para la soberanía nacional.

Un mes después se publicó en Inglaterra un reportaje que decía lo siguiente: “…el general Cazneau, comisionado de Estados Unidos…en la República Dominicana ha logrado asegurar para los Estados Unidos el derecho de establecer depósitos militares y navales en la costa norte…Tales depósitos se consideran esenciales y necesarios para intentar adquirir a Cuba y Puerto Rico por la fuerza de las armas…si eso se lograra, no hay dudas de que el territorio dominicano será también colonizado y anexado por la Unión como un estado esclavistas”.(The Times, Londres, 7-nov. 1854. Reproducido en CLÍO No.193, 2017.Pp169-170).

Schomburgk logró, ante el aludido pacto lesivo para la soberanía dominicana, que su gobierno enviara a los puertos del país barcos de guerra, en zafarrancho de combate, como un toque de atención para frenar la codicia de USA. Además, hizo que se esparciera por todo el país que se pretendía establecer aquí la esclavitud que aún prevalecía en gran parte del sur de la referida nación.

Dicho contrato requería ser validado por el Congreso Nacional, de conformidad con el artículo 68, numeral 11 de la Constitución promulgada el 25 de febrero de 1854, que atribuía a ese poder del Estado Dominicano lo siguiente: “Prestar o negar su consentimiento a los tratados de paz, alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio, y cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo: ninguno tendrá efecto sino en virtud de su aprobación”.

Perspicaces dominicanos pidieron ayuda a Schomburgk para que, con sus múltiples conocimientos de la política internacional, le hiciera al contrato de marras las correcciones correspondientes, a fin de que los EE.UU. no pudieran aceptarlas. Así ocurrió.

La suya en ese tema fue una eficaz labor, pues desde los despachos gubernamentales de Washington se negaron aceptar dichas enmiendas y el proditorio acuerdo en cuestión quedó sin poder ejecutarse.

jpm-am