SANTO DOMINGO.- El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió el desempeño del Ministerio Público en el caso contra la corrupción administrativa denominado Antipulpo.

Asimismo, calificó como «un logro significativo» para la lucha contra la impunidad las 29 condenas obtenidas en el caso. Advirtió, sin embargo, que apelarán las sentencias por considerarlas insuficientes ante la gravedad de los hechos probados.

«Estamos hablando de que este proceso produce al menos 29 condenas. Yo como fiscal, siempre he sido franco, quería un poco más. Sí, quería un poco más, pero eso no significa que no hayamos obtenido mucho. Hemos obtenido mucho», declaró Camacho durante una entrevista en el canal Acento TV.

CULPABILIDAD DE IMPUTADOS QUEDÓ «FUERA DE TODA DUDA»

El procurador adjunto enfatizó que la culpabilidad de la red quedó fuera de toda duda, asegurando que el Ministerio Público cumplió con su deber de probar cada una de las imputaciones.

«Nosotros probamos que se cometieron actos de corrupción. Eso no está en discusión», afirmó. «Probamos el soborno, la estafa contra el Estado, la falsificación de documentos y el lavado de activos. Todos los hechos que llevamos ante el tribunal», agregó.

Valoró que la justicia retuviera la responsabilidad penal del núcleo central del entramado, incluyendo a su cabecilla, Juan Alexis Medina Sánchez, quien, según la acusación, se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República para desfalcar al Estado a través de contratos con entidades como el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional.Salud

A pesar del éxito en probar los hechos, el magistrado diferenció la responsabilidad del Ministerio Público de la del Poder Judicial. «Nosotros no podemos decidir qué penas se les imponen a las personas. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial», señaló.

RECURSO DE APELACION

En ese sentido, anunció que, una vez se produzca la lectura íntegra de la sentencia el próximo 25 de septiembre, presentarán un recurso de apelación.

«Esperamos que el sistema de justicia sea coherente con los hechos que han sido probados, con las pruebas que han sido aportadas y con el daño que este proceso ha causado. Y el daño que este proceso ha causado lo único que permite, en derecho, es un aumento de la pena», declaró.

Camacho criticó lo que considera una tendencia histórica en el país. «Los tribunales han sido tímidos al momento de imponer sanción a los casos de corrupción», sentenció.

Insistió en que el objetivo del Ministerio Público no es que los jueces vulneren el debido proceso, sino que, una vez probada la culpabilidad, «la sanción tiene que ser ejemplar».

«SANCION EJEMPLAR»

Dijo que «el mensaje debe ser claro para los funcionarios: Ustedes tienen que comportarse correctamente, tienen que cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar».

Atribuyó el éxito del caso a la nueva metodología de persecución implementada desde 2020 bajo el liderazgo de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, que consiste en «ir por las estructuras completas», lo que resulta en casos más grandes y complejos, pero también más sólidos, sin dejar «un espacio por donde escaparse».

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, opina que el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros acusados de sustraer del erario miles de millones de pesos, continúan recurriendo a tácticas dilatorias con el fin de retrasar el avance del juicio en el que son procesados. 

“En el día de hoy, como siempre, el Ministerio Público estaba listo para la presentación de la acusación y el conocimiento de este proceso. Han sido las defensas quienes han demandado la suspensión de la audiencia, alegando desconocer el auto de apertura a juicio ordenado por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que incorpora nuevamente al imputado Juan Azael Martínez al proceso”, dijo Ortiz.

La representante del Ministerio Público declaró que dicho auto de apertura se fundamenta en los mismos hechos y en las mismas pruebas contenidas en la acusación inicial.

PIDE RECHAZAR LA SUSPENSIÓN

“El Ministerio Público ha solicitado al tribunal rechazar la suspensión y ha motivado a las juezas para que den inicio a este proceso. No ha sido por responsabilidad del Ministerio Público que el juicio no se haya iniciado. Más que un alegado derecho de defensa, lo que existe es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso”, manifestó.

Ortiz dice que es la cuarta ocasión en que la audiencia es aplazada por incidentes planteados exclusivamente por las defensas. “Reiteramos: estuvimos listos, estamos listos y estaremos listos para el 22 de septiembre, fecha en que confiamos en que se dé inicio a este juicio”, puntualizó.

Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente.

OTROS IMPLICADOS

En el caso, además de Jean Alain Rodríguez y Alfredo Alexander Solano Augusto, también están implicados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).

Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.

SP-AM