Washington, 17 ene.- La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó al presidente Donald Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, previsto para el 29 de enero, hasta que finalice el cierre parcial de la Administración.

«Tristemente, dados los problemas de seguridad y a menos que se reabra el gobierno esta semana, sugiero que trabajemos conjuntamente para determinar otra fecha adecuada después de que el gobierno haya reabierto para este discurso o que considere presentarlo por escrito al Congreso el 29 de enero», indicó Pelosi en una misiva enviada al mandatario.

La presidenta de la Cámara señaló que como consecuencia del cierre parcial de la Administración el Servicio Secreto, encargado de coordinar, planear e implementar estos la seguridad de estos actos, lleva 26 días sin recibir financiación.

En respuesta, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, afirmó en Twitter que su departamento y el Servicio Secreto están «totalmente preparados» para garantizar la seguridad durante el discurso del Estado de la Unión a pesar del cierre parcial administrativo.

«Le agradecemos al Servicio Secreto por su concentración y dedicación en su misión y por todo lo que hacen cada día para proteger nuestra patria», subrayó Nielsen.

Trump pronunció en enero de 2018 su primer discurso sobre el Estado de la Unión, una tradición en la que el presidente evalúa cada año ante el Congreso la situación del país y expone sus prioridades de Gobierno.

Desde el pasado 22 de diciembre, el gobierno federal sufre una suspensión parcial debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción de la barrera fronteriza en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.

Como consecuencia, se prolonga así el cierre del 25 % de la Administración, situación que afecta a unos 800.000 empleados que han dejado de percibir su salario y ha trastocado el funcionamiento de distintos espacios turísticos o las actividades de agencias a las que no se les han asignado nuevos recursos.

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De acuerdo al rotativo capitalino, Trump presentará este jueves la nueva estrategia del Pentágono, un plan que significará la primera actualización de la doctrina de defensa de misiles en EE.UU. en nueve años.

El Post citó el avance de Corea del Norte e Irán en la producción de misiles balísticos y la innovación de Rusia y China en ese campo, incluyendo la fabricación de misiles de corto alcance y vehículos aéreos hipersónicos, como los puntos que motivaron al Ejecutivo de Trump a actualizar su estrategia de defensa.

La respuesta del Gobierno estadounidense ante estas amenazas será pedir «nuevas inversiones urgentes», según el periódico, en tecnologías de defensa de misiles en todos los ámbitos, para así crear una enorme red de sensores sobre la Tierra capaz de rastrear misiles mientras se lanzan.

La revisión también subraya que un mayor desarrollo de este tipo de láseres de alta energía podría dar a Estados Unidos una forma rentable de destruir misiles poco después de su lanzamiento.

«Estamos ampliando el alcance de lo que estamos preparados para defendernos», apuntó un alto funcionario de la administración estadounidense en una llamada con periodistas, según el Post.

Pese a que se suponía que este plan de defensa se iba a publicar hace un año, la Casa Blanca y el Pentágono decidieron repensar la estrategia para abordar amenazas más allá de Corea del Norte y de Irán.

Las negociaciones en curso sobre el desarme nuclear de Pyongyang también provocaron el retraso en el anuncio de la táctica del Departamento de Defensa estadounidense, de acuerdo a la información del principal diario de Washington.

En los últimos meses, el Pentágono ha efectuado con éxito dos pruebas de su sistema antimisiles, lo que supone un respiro para las Fuerzas Armadas estadounidenses después de que a lo largo del año 2018 se registraran dos fracasos en ejercicios de interceptación de misiles balísticos.

El último de estos reveses se produjo a mediados de junio, cuando un misil inteligente lanzado desde el destructor USS John Paul fue incapaz de alcanzar su objetivo, un proyectil de alcance medio lanzado desde Hawai.

Este ensayo se produjo en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, tras varios meses de pruebas con misiles de medio alcance por parte de Corea del Norte.

La situación ha cambiado sustancialmente desde entonces, después del encuentro protagonizado por los líderes de ambos países en Singapur, pocos días antes de ese último ensayo fallido, que ha llevado al Pentágono incluso a cancelar algunas maniobras militares como gesto de buena voluntad hacia Corea del Norte.

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Para este operativo, que realizaron el 13 de febrero del 2014, el primer objetivo fue Mayo Zambada y para ello conformaron un equipo especial únicamente con marines mexicanos, cuerpo especializado en operativos, porque, según el agente Víctor J. Vázquez, no podían confiar en la Policía federal «por su nivel de corrupción».

«Fue la primera operación de este tipo para capturar a estos líderes del cartel», dijo el agente durante el interrogatorio de la fiscal Andrea Goldbarg, de origen argentino.

Vázquez, que estuvo presente en el arresto de «el Chapo» en 2014 en un edificio de apartamentos en Mazatlán, explicó que en el operativo, planificado entre la DEA en EE.UU. en conjunto con su oficina en México, sólo participaron un centenar de marines.

Afirmó que el secreto se mantuvo entre el grupo debido al poder del cartel en el estado de Sinaloa, por lo que no podían confiar en nadie. «Por la corrupción queríamos mantenerlo entre nosotros», argumentó.

Vázquez, que nació en Durango, México, trabajó entre el 2008 y el 2014 como vínculo entre la DEA y las autoridades mexicanas, con quienes trabajaban casos en conjunto compartiendo información de inteligencia y operativos.

El agente explicó que a su llegada a México tenía dos asignaciones principales: el cartel de la Familia Michoacana, que también opera en EE.UU., e investigar a Carrillo Quintero, Mayo Zambada y Guzmán Loera, a los que identificó como los líderes del cartel de Sinaloa.

«El propósito era capturarlos y traerlos para enfrentar cargos» en EE.UU. por narcotráfico, indicó.

«¿Fue exitoso?», le preguntó la fiscal. «Sí, pudimos capturar a Joaquín Guzmán Loera», en 2014, afirmó Vázquez, que ahora supervisa agentes en Lima, Perú. Guzmán Loera escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel en el 2015.

Vázquez indicó además desde la silla de los testigos que pidió a su supervisor utilizar a los marines mexicanos en los operativos de captura de los capos «por su reputación» y que este cuerpo especializado estuvo de acuerdo desde el principio.

El agente especificó que desde el 19 de enero llegaron a La Paz, en Baja California, donde comenzó el entrenamiento y la preparación de la DEA y los marines para el operativo para la captura del Mayo Zambada, quien se suponía estaba en un rancho, al este de la ciudad de Culiacán.

El operativo, para el que se desplazaron en helicópteros y camionetas, se realizó pero no hallaron a Zambada, quien en cuatro décadas de vida delictiva nunca ha sido capturado.

No obstante fueron arrestados dos socios y tras dos días de operativo en Culiacán salieron de la ciudad por seguridad, y que era territorio del cartel de Sinaloa.

Antes del testimonio de Vázquez, finalizó su testimonio Alex Cifuentes, uno de los empleados de «el Chapo», que contó que como parte de su acuerdo de colaboración, su familia, dedicada al narcotráfico en Colombia, pagaba una mensualidad al general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía Nacional, a cambio de protección.

Naranjo, que ha negado la acusación, fue negociador del Gobierno en las negociaciones de paz con las FARC y vicepresidente del país entre 30 de marzo de 2017 y el 7 de agosto de 2018.

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