La fiscal Rosalba Ramos explicó este jueves en rueda de prensa que el órgano acusador logró recabar diversas pruebas que sustentan el expediente, que busca probar la incriminación de los imputados en este caso para que sean enviados a juicio y lograr una sanción ejemplar correspondiente a los delitos cometidos.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Manuel Antonio Rivas Medina, Faustino Rosario Díaz, Eddy Rafael Santana Zorrilla, Argenis Contreras González (prófugo), José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande; Víctor Elisander Ravelo Campos, alias El Herrero; Jorge Luis Abreu Fabián, alias DJ y El Taxita; Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

En este caso se pone de manifiesto la comisión de graves delitos, tales como soborno, crímenes de corrupción por mezclarse con asuntos incompatibles con la función pública, prevaricación, asociación de malhechores, desfalco, delitos de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad, fraude, duplicidad de pagos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incremento patrimonial en perjuicio del Estado dominicano.

Además, varios de los acusados incurrieron en asesinato y ocultamiento del cadáver de Yuniol Ramírez, delitos que están previstos y sancionados en el Código Penal Dominicano.

Según un comunicado de prensa, el documento de acusación establece que en fecha 11 de octubre de 2017 el imputado Argenis Contreras González, que se encuentra prófugo, se presentó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde impartía docencia la víctima.

Allí, le pidió al catedrático que abordara la camioneta en la que se desplazaba, dentro de la cual le disparó en la cabeza, causándole la muerte.

En el caso de Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, no se estableció su vinculación con el asesinato, pero sí se determinó su implicación y se presentó acusación por varios delitos.

En concreto, asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos y en procesos de urgencia (violentando procesos de licitación), así como asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.

A Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, se les imputan los crímenes de asociación de malhechores, de corrupción por fraude en procesos de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial.

En el caso de Eddy Rafael Santana Zorrilla, se le imputan los cargos de soborno, violentando disposiciones de la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión en detrimento del Estado dominicano, mientras que a Argenis Contreras González se le imputa asociación de malhechores, asesinato, ocultamiento de cadáver de la víctima, y soborno.

José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, está acusado de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento del cadáver de la víctima, mientras que a Víctor Elizander Ravelo Campos, El Herrero, se le acusa de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento del cadáver de Ramírez.

En el caso de Jorge Luis Abreu Fabián, alias El Taxista, está implicado en los delitos de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento del cuerpo del abogado, al igual que Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suarez Jáquez.

El abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez investigaba un presunto caso de corrupción en la OMSA, y su cadáver apareció en la comunidad de Hato Nuevo, en el sector Manoguayabo de Santo Domingo Oeste, un día después de haber sido reportado como desaparecido.

Las autoridades determinaron en su momento que el asesinato de Ramírez obedeció a un entramado de chantaje y corrupción en la OMSA.

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Según señaló el letrado en un comunicado de prensa, «los integrantes de dicho consejo «son irrecusables, al igual que los jueces del Tribunal Constitucional.»

«Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tampoco tienen sustitutos y no podrían ser reemplazados porque es la Constitución la que señala, en su artículo 178, quiénes lo integran», expresó.

Además, el artículo 11 de la Ley Orgánica del CNM «exige la totalidad de su matrícula para sesionar válidamente en su primera convocatoria», lo que, a su entender, «constituye una prohibición implícita a la recusabilidad de sus miembros.»

«La irrecusabilidad se fundamenta en la necesidad imperiosa e ineludible de preservar el quórum funcional que le permita a un determinado órgano ejercer sus atribuciones», indicó.

Cury dijo que el TC y el CNM «son órganos únicos en su género, y dada la esencialidad de sus funciones en la organización del Estado y la preservación del sistema democrático, y en vista de que sus integrantes son insustituibles, traducen la recusación en inadmisible».

Aclaró también que la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, en la cual se ampara la recusación de la magistrada, no predomina sobre la Ley del CNM por aplicación del principio de especialidad normativa.

La recusación es «un instituto con vocación entorpecedora e incluso frustratoria de las funciones constitucionales de ese órgano», y «la mera posibilidad de que tres de sus miembros pudiesen ser recusados dejaría al CNM sin quórum para sesionar y deliberar», razón por la que Cury cree que «la instancia elevada por la jueza carece de sustantividad jurídica y debe denegarse su trámite.»

El procurador general ha recibido fuertes críticas por su actuación en la evaluación a la jueza Germán Brito, que se molestó con sus alegatos y defendió su idoneidad como magistrada para, posteriormente, solicitar al CNM la recusación de Rodríguez.

En su turno de preguntas del pasado lunes, durante la evaluación a la magistrada, que fue transmitida por televisión, Rodríguez leyó dos cartas que, según dijo, le fueron enviadas de manera anónima, y en las que se cuestiona la legitimidad de un patrimonio de la jueza y se habla de supuestos encuentros con uno de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht en el país.

El reglamento del CNM establece, sin embargo, que las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen.

Asimismo, en una tercera carta el procurador refiere que el juez José Gregorio Bautista Vargas le aseguró que Germán Brito le pidió en dos ocasiones que «si se podía hacer algo» en cuanto al caso del condenado por narcotráfico y lavado de activos Winston Rizik Rodríguez, conocido como «El Gallero». 

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