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Por Rolando Bautista
El caótico proceso electoral recién pasado requiere de una investigación integral por parte de los nuevos jueces del alto organismo electoral dominicano.
El caos en el montaje y votación fue el producto de la acción consciente de funcionarios electorales de distintos niveles.
Actuaron como activistas políticos tanto sus promotores revestidos de funcionarios como los beneficiarios políticos del desorden.
Deben las actuales autoridades tomar las medidas para que no vuelva a repetirse el proceder de sus antecesores, quienes por encima de la posición de 9 partidos impusieron a Rafael González, militante del PLD, al frente de la Oclee.
Por su afiliación partidista lo pusieron a montar, dirigir y organizar las elecciones en New York aun sabiendo de sus carencias gerenciales y de su parcial proceder desde esta función publica.
El desastre creado obligó a la vieja JCE enviar al Director General del Voto en el Exterior, ingeniero Gilberto Cruz Herasme, a asumir de manera directa el montaje del proceso aun contra reloj.
Esto se agravó dado que Cruz Herasme procedió, de hecho, a eliminar los órganos institucionales y de ley como son la OCLEE y la OPREE.
La vieja política de repartirse como pastel los puestos en la OCLEE y la OPREE, aplicada por los partidos que hegemonizaron el sistema en el pasado torneo electoral, tiene que ser erradicada por las nuevas autoridades.
La democracia y el voto como una de sus expresiones no deben de continuar secuestradas ni sometidas a la capacidad de manipulación de los partidos políticos.
Lamentamos que la comisión designada para investigar el cumulo de irregularidades y el presunto mal uso de docenas de miles de dólares, durante su visita no le diera participación a todos los actores que estuvimos en la primera línea del proceso electoral previo como el día mismo de la votación y conteo de los votos.
En su proceso de investigación sobre el uso de los fondos asignados para la votación en el exterior, exhortamos a la JCE pedir la colaboración del ex cónsul Carlos Castillo dada la importante función desempeñada y su calidad jurídica en tanto principal representante del Estado nacional.
