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OPINION: Los de origen haitiano, los sin actas y los inmigrantes
Son tres poblaciones
diferentes, que la ultraderecha nacionalista, una parte del gobierno y del
Partido Oficial han querido confundir.
Primero, están los
dominicanos de origen haitian nacidos, criados, socializados y portadores de
documentos durante 81 años. De manera ilegal y violatorio a sus derechos, la
Junta Central Electoral (JCE) empezó a quitarles sus documentos el 29 de marzo
del 2007, sobre la base del apellido, su condición social y racial.
A esas personas la
Sentencia 168-13 les quitó la nacionalidad en forma retroactiva. Constituyendo
el mayor proceso de desnacionalización de una población desde la acción
contra los judíos alemanes por los nazis. Para este grupo es una parte de la
Ley 169-14. En efecto, como la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013
interpretó que se había otorgado la nacionalidad “a personas que no la
merecían” se promulga dicha Ley, la cual argumenta que se había cometido un
error sistemático en todo el país, por todos los oficiales civiles y durante 81
años, y como el Estado no puede valerse de su error para perjudicar a un
tercero, entonces hay que devolverles sus documentos inmediatamente. La
realidad es que la JCE está boicoteando
la aplicación de esa Ley.
Segundo, están las
personas que no tienen ningún documento pero que nacieron en territorio
dominicano. Para estos es la otra parte de la Ley 169-14. Según ENDESA en 2013,
el 4.2% de los dominicanos (400 mil personas) no tenían actas de nacimiento.
Esto es pobreza, ya que el 79% de los que no tienen documentos están ubicados
en el 40% más pobre de la población. La práctica ha sido que si se es negro,
pobre, con un apellido “afrancesado” y
por algún lado se tiene un pariente haitiano aunque sea el abuelo o el
bisabuelo lo registran en el libro de extranjería y se la “ponen en china”.
Esto se presta a abusos y violaciones derechos.
Tercero, las
personas de nacionalidad haitianas que emigran a RD, las cuales deben ser regularizadas
según mandaba la Ley de Migración de 2005 y que nunca el Gobierno quiso
implementarlo hasta ahora. Hay consenso en la necesidad de regularizar esa
migración respetando sus derechos y hay que exigirle al Gobierno Haitiano que
le entregue documentos a su población. Sin embargo, poco se regula o controla.
El primer grupo es
la mayor fuente violación de derechos y de acusación a RD. Para los otros dos
grupos hay experiencia internacional para resolverlos.