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Las cúpulas de los tres partidos hegemónicos de la República Dominicana, en una cosa si se han puesto de acuerdo: intentar desde el Congreso Nacional a través de las legiones de borregos que allí tienen, desconocer la sentencia normativa TC/0788/2024, que ordena regular, no eliminar, las candidaturas independientes en nuestro país.
El PRM, LFP y el PLD, ninguno quiere candidaturas independientes, y para ello, han estado presionando a la Junta Central Electoral para que no se atreva a reconocer ningún partido, ninguna agrupación provincial ni ningún movimiento local (municipal), que procure presentar candidatos independientes.
Casi nadie está logrando en la JCE el reconocimiento de un partido, una agrupación o un movimiento político, así el solicitante cumpla con todos los requisitos legales. Ya me pasó en el 2023.
Quieren obligar a los ciudadanos y ciudadanas independientes que quieran participar en política, a tener que hacerlo por obligación a través de una de las empresas políticas que hay en el sistema de partidos!
En otras palabras, no quieren las candidaturas independientes, pero tampoco quieren que éstas se presenten a través de organizaciones políticas independientes (partidos, agrupaciones y movimientos políticos), sino a través de los partidos tradicionales y/o las rémoras o partidos bisagras.
¿Qué sentido tiene para un o una candidata independiente, inscribir su candidatura en un partido político, si casi la mitad del electorado (como el 46% que no votó en las pasadas elecciones), no quiere precisamente ir a votar porque no desea hacerlo por ningún partido político?
La oposición en su afán de seguir dividida, no se percata que ello (aunque está destinado al fracaso en el tribunal de cierre), lo que hipotéticamente provocaría sería una mayor abstención electoral, y al único que que ésto beneficiaría, es al que está en el gobierno, pues al elevarse el ausentismo electoral sobre el 50%, sólo necesitaría para volver a ganar, una mayoría de la minoría que vote.
Nótese quienes son los que están promoviendo semejante desacato al Tribunal Constitucional desde el Congreso Nacional, al guardián de la constitucionalidad, al máximo y último intérprete de la constitucionalidad, y al que es el tribunal de cierre, pues sus decisiones son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.