Narcisazo y Juan Almonte: Un dolor en la conciencia nacional

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El autor reside en Nueva Jersey

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POR SAMUEL SANCHEZ E.   

El profesor Narciso González -Narcisazo- desapareció el 26 de mayo 1994 luego de pronunciar un discurso en el aula magna de la UASD contra el fraude electoral perpetrado por Joaquín Balaguer en los comicios del 16 de Mayo del mismo año.  

 En su discurso, González planteó las “10 razones por las cuales Balaguer es lo más perverso que ha surgido en el continente americano”. En este discurso Balaguer es catalogado de: asesino, pandillero, inmoral, pervertidor, servil, tramposo, dañino, miserable y desfalcador. Cada uno de estos calificativos, están seguidos de una amplia definición y ejemplos de por qué las consideraba correctas.  

 Al concluir el evento, el profesor se dirigió al entonces hipódromo perla antillana del Ensanche la Fé, luego al cine y ahí desapareció.  

 El caso fue llevado al Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional y fueron señalados como responsables directos e indirectos Constantino Matos Villanueva (general retirado ex-secretario de las Fuerzas Armadas dominicanas), el general Juan Bautista Rojas Tabar, El general retirado Rafael Guerrero Peralta, el teniente Olimpo Acosta Cuevas, el general Leonardo Reyes Bencome, el coronel Manuel Pérez Vólquez, Manuel Guaroa Liranzo, Claudio de los Santos y Manuel Vanegas Rivas.  

 Las “investigaciones” de este caso, no han dado resultados y recientemente la rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doctora Emma Polanco, demandó reabrir el caso de la desaparición del Dr. Narciso González.   

 La desaparición del Contador Juan Almonte Herrera ocurrió mucho más reciente, el 28 de septiembre 2009, en pleno gobierno del Dr Leonel Fernández.  

 Según reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el señor Almonte “salió de su residencia (…) hacia su trabajo (…) y fué interceptado por cuatro agentes vestido de civil pertenecientes a la Policía Nacional al Departamento de Inteligencia Delictiva -DINTEL.  

 Este informe señala que: “… de acuerdo a información obtenida de testigos presenciales, la presunta víctima (Juan Almonte Herrera) murió el 3 de octubre de 2009 debido a las torturas a las que fue sometido por el jefe de la policia en un interrogatorio (a la sazón Rafael Guillermo Guzmán Fermín). Los testimonios señalan que el jefe de la policia le “propinó un batazo en la cabeza que le hizo expulsar la masa encefálica por las narices” y que luego otros oficiales intentaron llevar a la presunta víctima y a un desconocido al hospital Plaza de la Salud, pero que ambos fallecieron en el camino.”  

 El reporte también señala que los agentes incineraron los cuerpos en la comunidad Batey de Yagua. 

 La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la define asi: ”se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo o la asquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de información sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”  

 Cuando alguien es raptado, torturado y desaparecido, por los cuerpos represivos del Estado y las estructuras de poder se encargan de ocultar expresamente esta acción, estamos sencillamente ante un crimen de estado; ello implica que ese crimen de lesa humanidad no prescribe y que los gobiernos de turno no pueden evadir la responsabilidad de investigar los hechos hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. 

 La Sociedad dominicana registra desapariciones forzadas desde las dictaduras trujillista y balaguerista y de ésta última hombres de la estatura del inmenso Henry Serraga Santos, entre cientos más.  

 Es una obligación demandar que los responsables de estos y otros casos, sean llevados ante la ley, de suerte que las familias puedan cerrar un ciclo; pero sobre todo que estas prácticas no se repitan, pues para crímenes de esta magnitud, no debe haber impunidad.   

smlsanchez@hotmail.com

JPM

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