Santo Domingo, 28 mar (EFE).- El Ministerio Público desmintió este viernes las recientes afirmaciones de la abogada del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien solicitó la anulación de la acusación contra su cliente, alegando que fue presentada fuera del plazo establecido.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró en un documento que el Ministerio Público presentó la acusación de manera oportuna y calificó la solicitud de la defensa como un intento para «evadir el proceso».
Rechazó las declaraciones de la abogada Laura Acosta, a quien acusó de realizar «pataleos» con el objetivo de impedir el avance del juicio contra el exfuncionario y compartes, señalados como parte del presunto entramado corrupto desmantelado en la operación Calamar, que habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
«Si realmente se hubiera depositado fuera del plazo, el Cuarto Juzgado de Instrucción (del Distrito Nacional) no estaría apoderado del caso, pues la Coordinación de los Juzgados de Instrucción es la encargada de apoderar conforme el cumplimiento de los mismos, explicó la procuradora.
Ortiz subrayó que el proceso no ha avanzado debido a los obstáculos presentados por las defensas.
«El Ministerio Público ha estado listo desde el primer día para iniciar la audiencia preliminar. Sin embargo, en la audiencia pasada, la defensa de Gonzalo Castillo, que rehuye al conocimiento de esta acusación, presentó un incidente infundado para buscar la nulidad de la acusación», consideró Ortiz.
A su juicio, este incidente demuestra el «miedo» que tienen a que el proceso inicie, pues no tendrán con qué responder a las pruebas «contundentes» que el Ministerio Público supuestamente tiene contra los acusados».
En el expediente de la operación Calamar, el órgano persecutor acusa a personas y empresas de sustraer al Estado más de 19,000 millones de pesos, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos para financiar la campaña política del año 2020.
Entre los acusados en el presunto entramado de corrupción figuran, además de Castillo los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
También han sido imputados Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Claudio Silver Peña, exdirector de Registro Inmobilario. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, departamentos del Ministerio de Hacienda.

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