MEXICO: Vinculan a proceso judicial por corrupción a exjefe de Pemex

Como dato de prueba la FGR entregó una nota criminal presentada el 5 de marzo de 2019 por la representante legal de Pemex, Martha Edith Márquez Acosta, en la cual la empresa denunció la compra, en el año 2012, de dicha planta, para lo cual se requerían 400 millones de dólares.

Sin embargo, el primero de diciembre de 2013 se aumentó el avalúo a 475 millones de dólares, ante lo cual se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (Indaabi) que estimara el precio real de la planta, pero luego se decidió que este avalúo lo hiciera una firma comercial.

Finalmente la transacción se concretó por 264 millones de dólares por los activos y 11 millones por los inmuebles de la planta. Sin embargo, luego esta última cifra se incrementó a 380 millones de dólares.

Las declaraciones acusatorias se produjeron en la audiencia inicial que se realizaba este martes por videoconferencia desde un juzgado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a cargo del juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza y desde el hospital Ángeles Sur, donde se encuentra internado Lozoya.

De acuerdo con el alegato de la FGR, el Indaabin confirmó que la planta tenía 14 años inactiva, mientras que PMI de Norteamérica, filial de Pemex, determinó que el 82 por ciento de la maquinaria de agronitrogenados necesitaba cambiarse por obsoleta.

La FGR también presentó como indicio de prueba la denuncia que el 2 de mayo de 2019 presentó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos AHMSA.

Representantes del Ministerio presentaron pruebas documentales que ligan a Lozoya y a su hermana Gilda como beneficiaros de estas cuentas, por lo menos desde el año de 2012.

La autoridad también aportó ante el juez de control dictámenes de Pemex y de otras instancias de gobierno que advirtieron que la compra a AHMSA de una planta de fertilizantes agronitrogenados causó un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado, y que sus efectos aún se resienten.

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