Legisladores del PRM favorecen mantener derechos de los trabajadores

El legislador Ronald Sánchez aseguró que «no podemos permitir que el trabajador de República Dominicana sea nuevamente atropellado», al tiempo de asegurar que el retiro de los trabajadores del diálogo es justificado, aunque inoportuno.

De su lado, el diputado Jean Luis Rodríguez se mostró también a favor de las conquistas logradas por los trabajadores, pero abogó por un «entendimiento» entre ambos sectores, al favorecer un aumento salarial para los empleados y también considerar los planteamientos de los empresarios, «que son los que generan fuentes de empleos en el país».

El sector sindical anunció este jueves que se retira del diálogo sobre la modificación del Código del Trabajo, ya que la decisión de eliminar la cesantía laboral de la ley para transferirla a un instituto de riesgos laborales se ha realizado al margen de sus opiniones.

Uno de los postulados que ha generado conflictos entre los sectores es que de aprobarse el proyecto de ley de reforma al Código, la cesantía sería calculada en base al sueldo mínimo vigente y no al promedio salarial devengado por el trabajador durante su último año o fracción de año.

Condicionaron la aceptación de esta propuesta a que se comprometan a pagar como salario mínimo el costo de la canasta familiar, que es de 30.000 pesos, según el Banco Central.

Por esta razón las centrales sindicales convocaron a una gran marcha para el 10 de abril a las diez de la mañana, partiendo del parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional.

El sector estuvo representado por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), presidida por Jacobo Ramos; Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), dirigida por Gabriel del Río, y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), encabezada por Rafael (Pepe) Abreu.

De su lado, la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almánzar, lamentó la decisión de los gremios, ya que dijo que si no se dan los diálogos nunca se sabrá cuál es la posición real de cada parte.

Reiteró que no se está hablando de afectar los derechos adquiridos de los trabajadores ni de reducir los salarios, tampoco de eliminar la cesantía.

Enfatizó que la intención es que el Código de Trabajo esté en consonancia con lo que establece la Ley de Seguridad Social, de que debe haber un pago tope a la hora de cancelar a un empleado, para evitar que se afecte la economía de las empresas.EFE