Las mujeres necesitan protección, no más leyes

Por ALFONSO BENOIT 

Nuestras mujeres siguen sufriendo una violencia que, lejos de ceder, se repite en demasiados hogares. Algunas soportan amenazas y agresiones durante meses; otras, cuando sienten que su vida corre peligro, reúnen el valor de acudir a las autoridades en busca de protección. Y es entonces cuando lo que debería ser un trámite ágil se convierte, con demasiada frecuencia, en una segunda forma de violencia: la indiferencia, las demoras y la falta de atención agravan la angustia de quien llega pidiendo auxilio. Esa mujer no solicita un favor. Reclama protección porque teme por su vida.

Muchas, después de acudir a la justicia, terminan muriendo a manos de sus agresores. En algunos casos las advertencias no faltaron: habían denunciado amenazas, señalado a quienes las maltrataban y expresado el temor de que algo peor pudiera ocurrirles. Lo que faltó fue una respuesta capaz de impedirlo. La negligencia, la falta de seguimiento y la lentitud de las autoridades pueden dejar a una víctima sola frente a quien está decidido a hacerle daño. Cuando el agresor cumple sus amenazas después de que ella pidió ayuda, lamentar la tragedia no basta: hay que preguntarse por qué la justicia no actuó a tiempo para proteger esa vida.

Por eso, en lugar de seguir promulgando leyes, deberíamos concentrarnos en que se apliquen las que ya tenemos. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento. Los casos que han generado preocupación en la Unidad de Violencia de Género de la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa I de Santo Domingo Este, y los señalamientos de presunta negligencia en la unidad de la avenida Rómulo Betancourt, en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, obligan a cuestionar la calidad de la atención que reciben las víctimas. Esta última debería ser un referente de eficiencia, responsabilidad y protección para las demás unidades del país, y no objeto de cuestionamientos sobre su funcionamiento.

El asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, ocurrido en mayo de 2026, es uno de esos casos que deberían sacudir la conciencia de quienes tienen la responsabilidad de protegernos. Esmeralda acudió a la Unidad de Violencia de Género de la calle Puerto Rico para denunciar las amenazas de su expareja y, poco después de salir, su agresor la mató a tiros. Más tarde, las autoridades afirmaron que le habían ofrecido trasladarla a una casa de acogida, pero esa explicación no responde a la pregunta esencial: ¿qué protección efectiva recibió Esmeralda antes de ser asesinada? Quien acude a la justicia porque teme por su vida necesita protección inmediata, no explicaciones después de su muerte.

Los fiscales de las unidades de violencia de género, llamados a encarnar la protección de las víctimas, actúan en muchos casos como si estuvieran por encima de la ley y terminan convirtiéndose en segundos verdugos de quienes acuden a ellos. Mientras no veamos fiscales destituidos y sometidos a la justicia cuando su actuación lo amerite, seguiremos arrastrando esta cadena de negligencias y presuntas irregularidades: sin consecuencias no hay cambio, y sin cambio el riesgo para las víctimas seguirá siendo el mismo. Cuando el agresor es adinerado, además, se complica obtener la orden de arresto; y aun cuando se logra, con frecuencia anda a sus anchas y apresarlo resulta casi imposible. Esa impunidad mina la confianza de la víctima y transmite un mensaje devastador: que la justicia no es igual para todos. Si eso no cambia, la violencia seguirá teniendo cómplices dentro del sistema.

Ahora llega al Congreso un nuevo proyecto de ley para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia. Cabe preguntarse, sin rodeos: si las leyes vigentes se aplicaran de verdad, ¿para qué crear otra? Ninguna norma nueva sustituye la voluntad de hacer cumplir las existentes. Y cuando el dinero o las influencias tuercen la decisión de un fiscal, no estamos ante una falla de las leyes, sino ante corrupción. Mientras no haya consecuencias reales para quienes venden o abandonan su deber, seguir promulgando leyes será un ejercicio inútil, incapaz de garantizar que una mujer regrese con vida a su hogar.