La transparencia del gobierno de Luis Abinader

Esta administración, igual que la anterior, se niega a publicar las nóminas de las instituciones en orden alfabético, la cantidad total de empleados y el monto de gasto de forma que el ciudadano pueda detectar duplicidades, nepotismo y variaciones excesivas de nóminas

Un año tiene el actual gobierno y todavía hay cientos de vehículos pagados por el Estado que según auditorías de la CC fueron registrados como comprados por instituciones públicas que están desaparecidos o en manos privadas o de los pasados funcionarios.

No hay una sola institución pública que cumpla la ley de transparencia porque todavía niegan documentos públicos y ninguna de ellas hace pública las prestaciones laborales ni las sanciones administrativas. Y muchas ocultan las resoluciones.

Aunque están revelando los pagos realizados de empresas privadas que hacen contratos con el Estado, cuando se trata de funcionarios del actual gobierno que tenían empresas y contratos públicos se niegan a publicarlos y hasta son declarados confidenciales.

El Estado mantiene el Contrato con la farmacia GBC, la cual sacó del mercado a muchas farmacias en las ventas de medicinas de enfermedades catastróficas y a pesar de ser impugnado no será rescindido pues se trata de un emporio con poderes de violar la ley.

Hasta ha declarado reservado el nombre de los periodistas que tienen policías y militares como escolta de seguridad, cuyos salarios son pagados con recursos públicos y deben estar no al servicio de particulares sino para la protección del colectivo ciudadano.

Con el cambio seguimos entregando recursos públicos a los partidos para impedir el dinero del narcotráfico y la corrupción, pero siguen usando dinero sucio como lo evidencia la operación Falcón. Sin embargo, ni la JCE ni la CC ni el Congreso fiscalizan esos recursos.

El propio mandatario debería pedirle a la Cámara de Cuentas que investigue su fortuna por más de $3 mil millones en paraísos fiscales y en RD no solo para despejar las dudas éticas sino también para desligarse del dinero de congresistas arrestados por narcotráfico.

El gobierno prometió en campaña que escogería una Cámara de Cuentas que divulgara todas las auditorías sin excepciones y a la fecha no han publicado una sola de las más de cien auditorías que arrojaron delitos penales que fueron enviadas a la PGR por la CC.

Años vienen y años van y se sigue entregando recursos a entidades no reguladas como las gobernaciones, las iglesias, los patronatos, y a instituciones internacionales sin que estas sean auditadas por lo que administran estos recursos a discreción o desde sus bolsillos.

Más de 15 años tiene el famoso barrilito y demás privilegios irritantes del legislativo sangrando el presupuesto y a pesar de las promesas de eliminarlo no se ha cumplido. El  pueblo no es tonto y sabra pasar facturas a legisladores y funcionarios traga cheques.

No hay ningún gobierno libre de corrupción. Aún sin hacerse auditoría es público que el PRM tiene el robo de la Lotería, la venta de PCR en Baní, el mismo tráfico de contenedores en Aduanas, sobrevaluación de la Victoria y Macarrulla y el despojo de Tony Peña y los artistas.

Todavía tenemos funcionarios pensionados con el 80% y 100% de sus salarios y a los pendejos los pensionan con el 28%. Miles tienen pensiones y salario en el Estado y hay empleados con dos y tres trabajos públicos dejando claro los privilegios de este gobierno.

Hay muchas instituciones como los partidos, las ONG, las fundaciones, las gobernaciones, la Refinería y el Hospital Plaza de la Salud que a pesar de recibir recursos públicos, no cumplen la ley de transparencia pues no tienen OAI y violan el derecho de información.

Muy pocas instituciones de la Seguridad Social Públicas tienen contratos por la Ley 340-06 con proveedores de servicios porque siguen en el viejo sistema de contratar a clínicas, farmacias y laboratorios mediante igualas médicas o de grado a grado.

El Estado sigue negando el documento de endoso que firma el Congresista al vender su vehículo exonerado por Hacienda al empresario comprador para que este último pueda retirarlo de los puertos y venderlo a terceros violando la ley de exoneraciones

No es ético que si Gregory Llibre y José Guzmán renunciaron de sus cargos en el Estado por estar vinculados a Odebrecht, Samuel Pereyra, Tony Peña Guaba y Lisandro Macarrulla, vinculados en casoS de corrupción y soborno, sigan en sus cargos obstruyendo la justicia.

El actual gobierno validó la cancelación de miles de botellas con el objeto de ahorrar recursos al Estado, pero hizo bulto cuando Josefa Castillo y Ángel de la Cruz Hernández duplicaron las nóminas de sus instituciones para favorecer a sus compañeros del partido.

Pero además, el PRM duró más de 12 años criticando al gobierno del PLD por el nepotismo de los funcionarios al nombrar familias enteras en el gobierno, pero hoy en el poder hacen lo mismo de nombrar parientes con los cuales olvidaron que el Estado no es un botín.

Lo peor de estas autoridades pasa en el Consulado de NY donde había una nómina de 136 empleados publicadas por la Cancillería y con las 7 oficinas sumaban 200 servidores. Para dar la percepción de reducción de botellas el Mirex publica una nómina con solo 7 empleados y el Consulado tiene oculta otra de 146 empleados.

Por más que el discurso oficial reclame que estamos avanzando en materia de transparencia y ética. El mal desempeño, la mentira, la improvisación, la politiquería, la tapadera y el impedir la auditoría social para favorecer las empresas hace más difícil que podamos fortalecer los valores de la honestidad y la pulcritud.