Es claro que una propuesta de reforma fiscal, en un país cuyo gobierno aumenta alegremente la nómina pública por meros compromisos políticos; que se caracteriza por ser altamente gastador; con un importante endeudamiento; y con déficits fiscales ininterrumpidamente desde el 2007 (17 años consecutivos), siempre será impopular, especialmente si la propuesta concentra cerca del 70% de la proyección de los ingresos en impuestos al consumo.
No está en discusión que una propuesta de reforma fiscal con las características anteriores producirá una espera impopularidad inmediata, en especial cuando ésta lo que procura es elevar las tasas impositivas actuales (subir aún más los impuestos), ampliar la base de los impuestos ya existentes, o que crear para nuevos gravámenes.
Eficientizar gasto
Como la reforma debe versar sobre el gasto del gobierno y la política tributaria, es entendible que un gobierno derrochador reciba un rechazo colectivo y una presión de los grandes contribuyentes, si primero no da muestra de estar dispuesto a mejorar y eficientizar su propio gasto.
Para legitimar una reforma fiscal, el gobierno tiene que dar muestra que hará un intento serio de elevar su eficiencia en su recaudación, pues la evasión en República Dominicana es una de las más alta de toda la región, superando el 43% solo del pago del ITBIS (IVA), y cerca del 60% del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Todo luce indicar que la DGII no tiene los mecanismos para hacer que el 57% de los que tienen que pagar ITBIS sigan sin hacerlo, y que cientos de miles de trabajadores independientes que generan decenas de miles de pesos todos los meses, como no son fiscalizados, sencillamente tampoco pagan un sólo peso de ISR.
Lo ideal
La reforma fiscal ideal es la siguiente: Que el gobierno mejore reduciendo todos sus gastos innecesarios (nómina pública). Y que la DGII sea más eficiente y reduzca significativamente la evasión.
Con esa combinación se ahorra y recauda más que lo que pretende la actual reforma fiscal.
jpm-am


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