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Santo Domingo, 5 may (EFE).- El suspendido Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Constanza, Juan Antonio Lazala, aseguró hoy que su destitución fue «abusiva, ilegal, desproporcionada, inconstitucional, no apegada al debido proceso y basada en el populismo judicial» y opinó que «la justicia no es más que un subcomité político de los partidos mayoritarios».
De acuerdo con Lazala, fue juzgado vulnerando su derecho de defensa y consideró que el proceso disciplinario en su contra «constituye un acto de sadismo jurídico», que fue suspendido «fundado en el rumor público y estando en licencia médica».
Además informó que interpuso un recurso de reconsideración ante el Consejo del Poder Judicial, para que la decisión sea revisada y revocada.
En una rueda de prensa en la explanada de la Suprema Corte de Corte, acompañado de Neftalí de Jesús González, Odilis del R. Holguín y Yasmín Paola González Sierra y Alexandre Alcántara Almonte, miembros de su defensa técnica, Lazala agregó que en la mayoría de los procesos disciplinarios, el Consejo del Poder Judicial actúa como juez y parte, emite opiniones a priori y parcializadas antes de proceder como terceros imparciales a conocer y fallar de procesos disciplinarios en contra de jueces.
En este sentido, sostuvo que Mariano Germán Mejía, «juez de sobradas virtudes, capacidades y conocimientos jurídicos en su condición de civilista que adornan su personalidad», pero «lamentablemente carece de condiciones emocionales para presidir la Suprema Corte de Justicia».
«La Justicia no es más que un subcomité político de los partidos mayoritarios, fruto del pacto que selló la involutiva reforma constitucional del 26 de enero del 2010», opinó.
El suspendido juez de la Instrucción dijo que carecen de méritos las denuncias en su contra hechas por Lariza Raquel Aybar y sus temerarios abogados Agustín Abréu Galván y Sumaya Acevedo Sánchez, y señaló que esto «no es más que una afrenta y atentado contra el derecho al trabajo de todo juez».
Indicó que no recibió dinero alguno de ningún proceso y negó que en su Declaración Jurada de Bienes del 2011 no declarara que era propietario de tres vehículos, que tomara préstamos que desbordan su capacidad de endeudamiento y que actuara de manera fraudulenta en un proceso penal abreviado.
Además informó que interpuso un recurso de reconsideración en contra de la decisión emanada del Consejo del Poder Judicial saliente, para tratar de obtener la devolución de la misma, y una instancia de solicitud de pago de cinco salarios retenidos ilegalmente.
«Hemos sido doblemente sancionado tanto en cuanto a la retención de salario como a la destitución en violación a este precepto legal (artículo 62 de la Ley 327-98 y los artículos 68, 69 y otros de la Constitución de la República)», expresó. EFE
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