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Santo Domingo, 13 mar (Prensa Latina).- La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos suscribieron un acuerdo de cooperación para investigar las causas de la abstención en el país, trascendió hoy.
El convenio fue rubricado por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por el director ejecutivo del referido Instituto, José Thompson Jiménez.
Ambas entidades trabajarán en una investigación cualitativa en distintas zonas del país y en comunidades dominicanas en el exterior para ganar en comprensión sobre este fenómeno, explorando factores socioculturales, económicos y políticos que podrían influir en la participación de los ciudadanos.
INFORMACIÓN PARA DISEÑAR ESTRATEGIAS
El estudio, que se desarrollará durante un año a partir de abril próximo, busca generar información útil para el diseño de estrategias que fomenten una mayor asistencia a las urnas en futuros procesos electorales.
El documento explica que la investigación se fundamenta en la baja concurrencia registrada en los comicios generales de 2024, que rondó el 46 por ciento.
Mediante el análisis cualitativo se pretende profundizar en las percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral, los obstáculos estructurales que impiden el ejercicio del voto y las narrativas individuales que justifican esta decisión.
El trabajo de campo que será realizado por un experto internacional, un grupo académico y analistas de la materia contribuirá a la toma de decisiones de la JCE, promoviendo el voto como un derecho y deber ciudadano.
ABSTENCIONISMO DE MÁS DEL 53%
El triunfo del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones municipales celebradas en República Dominicana en febrero de 2024 fue un tanto opacado por el abstencionismo, que superó el 53 por ciento de los votantes convocados.
Pocos meses después, el voto dominicano en Estados Unidos superó el 80 por ciento de abstención en las elecciones presidenciales y congresuales para elegir a las nuevas autoridades de este país caribeño hasta 2028, de acuerdo con la JCE.
lam/mpv